El riesgo es que acaben gobernando aquellos con más dinero para repartir a los electores. En México, cada vez hay más evidencia anecdótica de multimillonarios recursos circulando en los procesos electorales.

El asunto no es nuevo. Viene de las épocas del autoritarismo donde el PRI tenía una maquinaria de clientelas, organizadas corporativamente, que salían a votar cada vez que se lo requerían para legitimar al régimen. No obstante, el PRI, con todo y ese poder, perdió en 2000 porque una mayoría de electores, cansados del régimen, votó a favor de la oposición.

A pesar de la alternancia, la batalla cultural de la compra del voto la ha venido perdiendo la democracia. En lugar de haberse desterrado esta práctica, la oposición comenzó a imitarla. Hoy, al parecer, todos los partidos, unos más otros menos, tratan de comprar el voto con despensas, cemento, láminas, tinacos, tarjetas, dinero y todo tipo de goodies apetitosos para el electorado.

Los panistas de antes decían “toma lo que te dan y vota por el PAN”. Y es que, efectivamente, los votantes podían aceptar los regalos y luego votar como se les diera la gana. Pero hoy escucho que a los electores les piden prueba de su voto con una foto del celular o que les condicionan el regalo si el partido gana la casilla. Esto se lee en la prensa y se escucha en los corrillos. La realidad es que tenemos poca evidencia empírica de investigaciones donde las autoridades han encontrado y castigado por la compra de votos. Una de dos. O no es cierto que en México se compra el voto o las autoridades no están haciendo su chamba.

Me puse a investigar qué están haciendo las autoridades este año. Encontré un acuerdo aprobado en enero con un título que refleja la calidad del mamotreto legal: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinó ejercer la facultad de atracción para establecer mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad, durante los procesos electorales locales 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz”.

Se trata de un documento de casi diez mil palabras. Después de párrafos enteros de insufrible lenguaje jurídico, encontré, por fin, la acción principal del INE para evitar la compra del voto: “Se instruye reforzar la difusión de los siguientes enunciados a los partidos políticos nacionales y locales, a los respectivos organismos públicos locales y a los consejos locales y distritales del Instituto en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de las citadas entidades federativas, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, orientados a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto”.

Acto seguido se enumeran 17 enunciados. Número uno: “El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”. Ok. Dos: “Las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue o coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto”. Nos saltamos al nueve: “Aceptar regalos no nos compromete a votar por alguna persona o partido que no queremos o a abstenernos de votar, ya que el voto es secreto. Las despensas, dinero, recompensas, materiales de construcción o cualquier otra cosa que nos ofrezcan durante las campañas, periodo de reflexión y el día de la jornada electoral, incluso la simple promesa de su entrega, a cambio de nuestro voto, no nos obliga a votar por un partido político, coalición o candidatura determinada”. Y, por cierto, “la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto”.

Gastamos miles de millones de pesos en autoridades para que redacten pomposos acuerdos cuya acción principal es difundir esto. ¡Por Dios! ¿No deberían estar investigando y castigando a los que hoy están tratando de comprar el voto?