En México, el TLCAN ha beneficiado desproporcionadamente a los estados del norte del país (y en menor medida, a los del centro): cerca del 60% de las exportaciones mexicanas se generaron en estados del norte del país mientras que menos del 8% se generaron en estados del sur. Mientras los estados del norte han tenido un crecimiento económico promedio de 3.5% desde 1993, los estados del sur no han crecido. Más aún, no solo se observa un efecto regional, sino que también se observa una concentración de las exportaciones en ciertos sectores industriales: 63% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos provienen del sector automotriz y de la producción de maquinaria. A la par, sectores y grupos sociales altamente vulnerables, realidad particularmente aguda en el sector agrario, no tuvieron ni el apoyo ni protección necesaria para hacer frente a una nueva realidad que rápidamente se volvió apabullante: en 2016, México fue el tercer mercado de exportación para productos agrícolas originarios de Estados Unidos.    

Por su parte, Estados Unidos, en su transición de una economía manufacturera hacia una de servicios, ha vivido una hemorragia de empleos en el sector manufacturero. Esta transición ha llevado al poder una administración republicana encabezada por Donald Trump, quien ha tomado una postura proteccionista y ha señalado dos prioridades en su agenda comercial con México: primero, acotar la pérdida de empleos en el sector manufacturero; segundo, reducir el déficit comercial que Estados Unidos sostiene con México. Las propuestas planteadas por esta administración incluyen una renegociación de los términos del TLCAN, la imposición de un impuesto de ajuste fronterizo (Border Adjustment Tax), la imposición de aranceles a productos mexicanos y la salida de Estados Unidos del TLCAN. Cada una de estas propuestas ha generado una profunda preocupación, particularmente en aquellos sectores que han apostado por establecer cadenas productivas cuya viabilidad depende del libre flujo de bienes entre ambos países. ¿Cuáles serían las implicaciones de cada medida y qué posibilidades tiene la administración Trump de poder implementarlas?

Una de las medidas que más fuerza ha tomado recientemente es la de un impuesto de ajuste fronterizo (BAT). En esencia, el BAT no permitiría deducir el costo de las importaciones pero sí deducir el costo de las exportaciones y de las ganancias generadas por las exportaciones. Este impuesto representaría un arancel de facto a todas las importaciones estadounidenses y un subsidio implícito a sus exportaciones. Los promotores del BAT promueven la aplicación del impuesto a través de los siguientes argumentos: primero, que la medida tendría efectos neutros en materia de comercio exterior debido al ajuste del tipo de cambio; segundo, que otros países gravan productos estadounidenses con un impuesto al consumo, por lo que no permitir la deducción de importaciones sería una medida equivalente por parte de Estados Unidos. El argumento del ajuste del tipo de cambio pronostica que el BAT desincentivaría la salida de capitales de Estados Unidos: su aplicación implicaría un fortalecimiento del dólar que restaría competitividad a las exportaciones, neutralizando el efecto del subsidio implícito. Asimismo, el aumento en el valor del dólar significaría un incremento en el poder de compra de los consumidores estadounidenses, sobre quienes recae la incidencia del impuesto. No obstante, las implicaciones del BAT sobre el tipo de cambio son desconocidas, ya que aún no existe evidencia empírica de este tipo de medida. La apreciación del dólar podría ser gradual, no inmediata, y no proporcional a la tasa de impuesto sobre la renta. Por su parte, al igualar BAT con un impuesto al consumo, los proponentes del BAT consideran que se lograría dar el mismo trato a productos extranjeros que aquel que productos de la unión americana reciben fuera. Este argumento es falso, puesto que la aplicación de un impuesto al consumo a productos extranjeros no resulta en un trato fiscal distinto a aquel que se da a productos domésticos: ambos productos son sujetos al impuesto al consumo. El BAT estaría dando un trato preferencial a productos domésticos al permitir la deducción del costo de producción de bienes producidos en la unión americana pero no permitir la deducción del costo de adquisición de un producto extranjero.

El otro escenario plausible del proceso de recalibración de relaciones comerciales entre México y Estados Unidos es una renegociación de TLCAN. La “modernización” del tratado conllevaría la inclusión en el tratado de sectores inexistentes o no contemplados al momento de su concepción (como lo son los sectores digital y energético), así como la revisión de procesos para dirimir disputas comerciales. No obstante, los efectos más trascendentes se observarían en los cambios a las reglas de origen, aquellas que determinan las condiciones que debe cumplir un producto para poder tener acceso a los beneficios arancelarios y normativos establecidos en el tratado. Reglas de origen más estrictas provocarán que solo productos con alto porcentaje de valor generado en los países miembros del TLCAN puedan beneficiarse del trato preferente; productos con bajo porcentaje de valor generado en estos países no podrían sujetarse al tratado. Un incremento moderado sería benéfico para todas las partes, pues una mayor proporción de componentes se producirían en los países miembros del TLCAN; un incremento excesivo podría convertir al TLCAN en un tratado sin valor para varios productores en virtud de la inviabilidad de trasladar la producción de tantos componentes en la región.

El caso extremo, inconcebible hace apenas algunos meses, es la salida del tratado de alguna de las partes del TLCAN. Las alternativas para regir los intercambios comerciales serían, ya sea la negociación de un nuevo tratado bilateral o, en su defecto, que las partes se sujeten a las reglas y aranceles establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto implicaría que cada país aplicaría aranceles para la mayor parte de productos, los intercambios se sujetarían a reglas cuyo diseño no responde a las complejidades de los intercambios regionales y una serie de medidas y acuerdos ligados al TLCAN para facilitar y acelerar los intercambios desaparecerían. Indudablemente todas las partes perderían: la región perdería empleos, los precios de los productos incrementarían y la región perdería relevancia como atractivo de inversión. ¿Se acabaría el mundo si se acaba el TLCAN? No. La OMC obliga a sus miembros a acotar los aranceles que las partes pueden imponer y permite gozar de un marco institucional que da certeza jurídica a los intercambios comerciales. El impacto inicial sería fuerte, más no catastrófico. La región estaría condenada a un paulatino declive e irrelevancia en la escena global.

El impacto de varias de estas medidas podría tener un impacto significativo en México, por lo que México debe estar preparado a tomar acción: un cambio en el régimen fiscal norteamericano podría obligar al mexicano a evaluar el suyo, a la vez que la adopción de medidas proteccionistas por parte del gobierno norteamericano debe ser litigada por el gobierno mexicano ante las instancias internacionales correspondientes. Asimismo, México debe aprovechar la coyuntura para avanzar sus intereses, como lo es el caso de las industrias petrolera y de petroquímica: a raíz de la reforma del sector energético en el 2013, México podría aprovechar el marco de una renegociación del TLCAN para incluir el sector en el tratado y así empezar a revertir el significativo déficit comercial que se tiene en esta materia.