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15/07/2017 | Demagogia judicial

Gustavo Gorriti

Marcelo Odebrecht confesó que “con seguridad” también había contribuido a la campaña de Keiko Fujimori

 

En algún momento de la ultramaratónica sesión judicial que terminó con la sentencia de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, me llamó por teléfono una corresponsal basada en Buenos Aires, que habla excelente español. “Llevo escuchando más de cuatro horas por Internet la lectura de sentencia del juez Concepción Carhuancho, ¡pero no le entiendo nada!”. De eso se trata, le contesté. Aquí en el Perú, y en buena parte de Latinoamérica, cuando quieres hacer pasar cualquier sentencia por razonable y legal la ahogas en un mar de palabras huecas. Con que suenen jurídicas es suficiente, su coherencia o articulación son lo de menos. Cada cinco minutos puedes derogar 100 veces a Aristóteles. Acumula las horas y saca al final la sentencia que fuiste preparando para emitir.

El tiempo que utilizaron para hablar el fiscal Germán Juárez Atoche y el juez Richard Concepción Carhuancho no hubiera bastado para terminar Guerra y paz, pero hubiera dado para un buen comienzo. Aunque estuvo claro que todo el ejercicio de ayer y de anteayer (porque el asunto tomó dos jornadas con sobretiempos) fue un ataque enconado contra la palabra precisa del pobre Flaubert, y la claridad de concepto, el significado responsable, la consecuencia del pensamiento bien articulado. Ver ese largo ejercicio sofista, que culminó con la marcha de Humala y Heredia hacia la cárcel, me hizo temer en lo que le puede suceder a un país cuando la administración de justicia no tiene la calidad indispensable para procesar casos complejos de corrupción. Meter a expresidentes a la cárcel (y por corrupción) resuena fuerte y exporta mejor. En el Perú hay ahora dos en prisión y uno refugiado en Estados Unidos (aunque Fujimori quizá no permanezca mucho tiempo más en la cárcel), y no va a faltar el típico mentecato nacional que diga que el Perú ha logrado un récord internacional y que ya superamos incluso a Brasil en la lucha anticorrupción.

¿Fue justa la sentencia de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia? En mi concepto, no. En el de la inmensa mayoría de juristas con conocimiento del tema, tampoco. ¿Los presumo inocentes de una probable corrupción con relación al caso Odebrecht en el Perú? No. Llevo muchos meses investigando el caso en este país y otras naciones en Latinoamérica y creo que en un tiempo relativamente próximo ellos tendrán que responder a evidencias incriminatorias. Pero creo lo mismo con respecto a todos los otros expresidentes (y el dictador) que el Perú ha tenido desde 1985, con la excepción del difunto Valentín Paniagua.

Pero si han de ir a la cárcel, ello debe ser después de que la evidencia haya cuajado en un caso fuerte en un juicio en el que las pruebas que prevalezcan lleven a la condena. La prisión preventiva puede justificarse en casos claros de peligro procesal por la acción del acusado (que se fugue, que compre, intimide o elimine testigos, que altere o destruya pruebas). Aunque eso se adujo en la interminable sesión judicial, fue con contorsiones interpretativas que no tuvieron nada que ver con la realidad.

Uno de los principales cargos de la acusación fue la declaración de Marcelo Odebrecht, en Curitiba, de haber ordenado en 2011 a su superintendente en Lima, Jorge Barata, que entregara tres millones de dólares a Humala para su campaña presidencial. Odebrecht lo dijo, en efecto; pero también dijo y reiteró que, ante la renuencia de Barata de apoyar a un candidato anti-sistema y su clara preferencia por la entonces favorita, finalmente derrotada, Keiko Fujimori, instó a Barata a “darle más a Keiko”. Añadió que “con seguridad” se había contribuido a la campaña de Fujimori y “probablemente” también a la del partido aprista, de Alan García.

Sin embargo, los fiscales que fueron a Curitiba mantuvieron en secreto esa parte de la información. Cuando yo publiqué algo de ella, basado solo en entrevistas, sacaron un comunicado refiriéndose a “versiones periodísticas que faltan a la verdad”. Cuando saqué luego el facsímil de una nota que fuera capturada al propio Odebrecht, en la que escribía: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, la Fiscalía sacó otro comunicado en el que sostuvo que esa nota “no obra” en su expediente del caso. Y, como se sabe, lo que no está en el expediente no existe.

Cuando, hace dos días, conseguí y publiqué toda la transcripción oficial de la declaración de Odebrecht en Curitiba, con las varias referencias al apoyo a Keiko Fujimori, la respuesta fue un silencio total. Mientras tanto, Juárez Atoche sostenía ante el juez, y este aprobaba, que la presunta financiación de Odebrecht a su campaña en 2011 era razón suficiente para enviar a Humala y Heredia a prisión mientras no se les ocurría siquiera hacerle la mínima pregunta por el mismo concepto a Keiko Fujimori. Hay una razón evidente para esa disparidad de estándares: Ollanta Humala no tiene ninguna fuerza, ni política ni nada. Keiko Fujimori tiene una clara mayoría de obedientes congresistas con la capacidad de destituir al fiscal de la Nación en el momento que decida.

El País (Es) (España)

 



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