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05/10/2006 | La candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad

El Universal (Ve) Staff

El Consejo de Seguridad está integrado por quince miembros: cinco permanentes: (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Federación Rusa) y diez no permanentes.

 

La elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se rige por una serie de normas contempladas en la propia Carta de las Naciones Unidas, en el Reglamento de la Asamblea, en resoluciones de esta última y en algunas normas no escritas que se han impuesto por el uso y la costumbre.

 El artículo 23.1 de la Carta de las Naciones Unidas establece que al elegir miembros no permanentes del Consejo de Seguridad la Asamblea tendrá en cuenta tres consideraciones: la contribución del país candidato al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la contribución a los demás propósitos de la organización y la preservación de  una distribución geográfica equitativa.

El Reglamento de la Asamblea General establece en su artículo 142 que cada año se efectuará la elección de 5 de los diez miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad para un término de dos años.  El artículo 143 del Reglamento reproduce textualmente las condiciones que establece el párrafo 1 del Artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas a las cuales se hizo referencia más arriba y el  artículo 144 establece la no reelección inmediata de los miembros no permanentes.

El artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas, establece, en su párrafo 2 que las decisiones de la Asamblea sobre "cuestiones importantes" se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes y señala que entre esas cuestiones importantes figura la elección de los miembros no-permanentes del Consejo de Seguridad. Esto significa que un país para ser elegido miembro no-permanente del Consejo de Seguridad debe reunir 128 votos.

El artículo 92 del Reglamento de la Asamblea General establece que todas las decisiones sobre elecciones se realizarán  mediante voto secreto y que no habrá nominaciones. Esto último no impide que los gobiernos den a conocer sus candidaturas y realicen gestiones diplomáticas para lograr el apoyo necesario para obtener apoyos.

La distribución geográfica de los puestos en el Consejo está regulada  por la Resolución 1991 A (XVIII) adoptada por la Asamblea General el 17 diciembre de 1993. Esa resolución  distribuye los 10 puestos  no permanentes a las diferentes regiones en función de la cantidad de países que integra el correspondiente grupo regional. A la región América Latina y el Caribe, a la cual pertenece Venezuela le corresponden dos puestos. Actualmente esos dos puestos están ocupados por Argentina y Perú.

Normalmente, y esto forma parte de las normas no escritas que regulan la elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cada región trata de escoger sus candidatos  mediante consenso. Esta ha sido la tradición en América Latina y solo en muy pocos casos no se pudo lograr el consenso necesario para evitar confrontaciones en la Asamblea General.

La candidatura venezolana

El Gobierno de Venezuela ha presentado su candidatura para ocupar el puesto que dejará vacante Argentina en el Consejo de Seguridad  a partir del 3l de diciembre próximo.

Para comenzar, nadie niega que Venezuela, como país soberano tiene pleno derecho a formar parte del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, es importante analizar la candidatura venezolana a la luz de las condiciones comentadas más arriba:

Si bien es cierto que las dos primeras condiciones exigidas por el Artículo 23 de la Carta -contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y contribución a los demás propósitos de la organización- implican valoraciones subjetivas por parte de los Estados Miembros de la organización,  no es menos cierto que se trata de consideraciones importantes que persiguen asegurar que el país elegido se desempeñe dentro del Consejo de manera constructiva y eficiente.

La contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional se puede manifestar de maneras muy diversas: participación en operaciones de paz, voluntad de facilitar la solución de un conflicto en el cual el  país candidato se ha visto involucrado;  pago oportuno de las contribuciones obligatorias o voluntarias a las operaciones de mantenimiento de la paz; estado de solvencia general en cuanto al pago de las contribuciones al presupuesto de la organización; la conducta general  y la posición asumida durante los debates relacionados con situaciones que involucran el mantenimiento de la paz y la seguridad. Todos estos elementos y muchos otros pueden ser tomados individual o conjuntamente para determinar si un país ha contribuido efectivamente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Los propósitos de las Naciones Unidas están expresamente definidos en el Artículo 1 de la Carta de la siguiente manera:

"Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basada en el respeto al principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal"

"Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por  motivos de raza, sexo, idiomas o religión"


Por  lo que se refiere a la condición  relacionada con la contribución a la paz y la seguridad internacional es preciso concluir que la conducta del actual gobierno venezolano no cumple ese requisito.

En apoyo a esta afirmación resulta pertinente tener en cuenta que:

1) El gobierno venezolano ha declarado públicamente su apoyo al programa iraní de enriquecimiento de uranio.
2) En la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica Venezuela votó en contra de la resolución de ese órgano disponiendo el traslado del caso de Irán precisamente al Consejo de Seguridad.
3) El gobierno venezolano ha apoyado públicamente el programa de desarrollo nuclear de Corea del Norte y su decisión de producir y ensayar misiles capaces de transportar armas nucleares.
4) El Gobierno de Venezuela tomó públicamente partido a favor del Hezbolá en la reciente crisis que enfrentó a Israel con esa organización terrorista.

Todas estas son cuestiones que se encuentran bajo la consideración del Consejo de Seguridad y la Comunidad Internacional la cual despliega esfuerzos para evitar que lleguen a convertirse en situaciones capaces de amenazar la paz y la seguridad internacionales.

No es difícil anticipar la actitud que asumiría Venezuela en el Consejo de Seguridad en esos temas en el supuesto negado de que Hugo Chávez resultara reelecto.

Otra consideración que los Estados Miembros de las  Naciones Unidas deben tener en cuenta es que cada día son mayores y abiertas las manifestaciones de militarismo y armamentismo del gobierno venezolano. Al acaparamiento ascendente de los cargos públicos de relevancia por militares activos o en retiro, se han sumado las recientes adquisiciones de armas ofensivas.  Las compras ya efectuadas y las proyectadas son una muestra clara de que el gobierno venezolano está instrumentando una política que contradice su retórica pacifista. La propuesta de unificar los ejércitos suramericanos se inscribe también dentro de esta política militarista y guerrerista. A lo anterior se añade la incorporación de un gran número de civiles (milicias) a actividades de carácter militar.

Esta situación que genera ya honda preocupación no solo en los venezolanos, sino también en los países vecinos en el hemisferio, no puede dejar de ser tomada en cuenta por la comunidad internacional al fijar su posición en relación con los candidatos a miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

A lo anterior hay que agregar la política de exportación de la "revolución  bolivariana" que viene desarrollando el actual régimen venezolano, lo cual ha originado numerosas denuncias por parte de funcionarios del gobierno y personalidades políticas de los países afectados. De esa política forma parte también la injerencia que ha tenido el presidente Chávez directamente en los procesos electorales de algunos países de la región,  de manera particular en Bolivia, Perú,  México y Nicaragua, lo cual ha dado lugar, como en el caso del Perú, a una suspensión virtual de las relaciones bilaterales.

En lo que respecta a la contribución a los demás propósitos de la organización al fijar su posición acerca de la candidatura venezolana los Estados Miembros tendrán en cuenta también que en este ámbito el actual gobierno de Venezuela no se ajusta a la obligación que tienen los países de  estimular "el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos".

Venezuela atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles de su historia política. Los venezolanos, fieles a su cultura democrática recurren a los medios pacíficos y legales para poner fin a la crisis que aqueja al país. Chávez, por el contrario, en su empeño por aferrarse al poder, cada día comete nuevos atropellos contra las libertades individuales e incurre en nuevas violaciones de los derechos humanos empujando al país hacia un régimen totalitario.

En Venezuela no hay Estado de Derecho y Chávez se encuentra completamente deslegitimado porque en su desempeño como Presidente ha engañado al pueblo y violado los más elementales principios y normas de la democracia. La mayoría abrumadora de venezolanos rechaza las ambiciones autoritarias de Chávez y su pretensión de imponer un proyecto político, social y económico absolutamente contrario a la idiosincrasia del pueblo y totalmente reñido con la cultura democrática del país y de perpetuarse en el poder manipulando los procesos electorales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público".  Esto significa que cuando una autoridad frustra la voluntad del pueblo inevitablemente pierde su legitimidad o lo que es lo mismo, un gobierno legítimamente electo es legítimo solo en la medida en que representa la voluntad del pueblo que lo eligió.

En momentos en que en Venezuela se desarrolla un proceso electoral en el cual Chávez aspira a la reelección, la elección de Venezuela para ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad con toda seguridad sería explotada por el régimen como una demostración del apoyo de la comunidad internacional a su proyecto político dictatorial.

De manera particular el proyecto de Chávez procura provocar  una confrontación del mundo en desarrollo con  Estados Unidos de América y, según sus propias palabras, este sería el  principal  objetivo que perseguiría desde el Consejo de Seguridad si Venezuela resultara electa.

Finalmente, por lo que respecta a la condición de la distribución geográfica equitativa la situación que se describe de seguidas tampoco favorece a la candidatura venezolana:

1) La candidatura de Guatemala fue presentada antes de la de Venezuela
2) Venezuela ha sido ya cuatro veces miembro no-permanente del Consejo de Seguridad (1962-63/1977-78/1986-87/1992/93) Guatemala, en cambio, nunca ha sido miembro de ese órgano en toda la existencia de las Naciones Unidas.
3) Desde 1998 cuando Costa Rica ocupó un puesto no-permanente (1997-98), ningún otro país de la sub-región América Central ha formado parte del Consejo.
4) Desde el año 2001 la sub-región  América del Sur ha detentado ininterrumpidamente un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad (Colombia 2001-02, Chile 2003-04, Brasil 2004-05, Argentina 2005-06, Perú 2006-07).
5) Los dos miembros latinoamericanos actualmente miembros del Consejo pertenecen a la subregión América del Sur de la región América Latina y el Caribe.  Si se desea dar plena aplicación al principio de la distribución geográfica equitativa, el puesto que dejará vacante Argentina debería ser ocupado por un país de otra subregión, como es el caso de Guatemala, país ubicado en la subregión centroamericana.

Otras consideraciones

Resulta evidente la contradicción manifiesta entre la aspiración del gobierno a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad y las expresiones afrentosas que ha tenido el Presidente hacia la Organización de las Naciones Unidas a la cual ha calificado de inútil, ineficaz e inoperante.

De la misma manera la candidatura venezolana ha quedado en entredicho luego de los ataques personales que el presidente Chávez dirigió al presidente de Estados Unidos y las acusaciones de supuestos plantes de agredir a Venezuela que formuló ante el principal foro de la comunidad internacional.

Finalmente, no se pude perder de vista que el actual mandatario venezolano ha mantenido una posición ambigua en relación con la narcoguerrilla colombiana y tampoco ha sido clara y categórica la actitud del gobierno venezolano en la lucha que libra la comunidad internacional contra el terrorismo.

Todas estas son consideraciones que inevitablemente tendrán que valorar los gobiernos al asumir una posición definitiva respecto de la candidatura venezolana al Consejo de Seguridad.

El Universal (Ve) (Venezuela)

 


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