Escribo estas líneas pocos días después de las deplorables jornadas de septiembre en el Parlamento catalán. Nadie sabe qué va a suceder, pero todo indica que el bloque independentista ha decidido emprender un camino sin retorno, y con varias posibles llegadas, en especial estas dos: la independencia, o la caída del actual Gobierno de la Generalitat, y en consecuencia, unas nuevas elecciones.

El escenario de la independencia resulta, de momento, el menos probable, lo que es una buena noticia, porque, aunque las elecciones no garantizan una pérdida de apoyo popular de los nacionalistas, es claro que la independencia es peor. En efecto, las perturbaciones económicas a que daría lugar esa separación serían notables, y las políticas mucho más. Basta con imaginar qué efectos políticos podría tener una independencia declarada de forma unilateral y a la fuerza, mediante un referéndum que no sólo no es pactado con el Estado español, sino que se pretende celebrar en contra de toda la legislación vigente en España, empezando por la propia Constitución de 1978. Aparte de las dificultades para la convivencia que tendría en la propiaCataluña, el incentivo a imitar esa secesión traumática dentro y fuera de España sería intenso y desestabilizador.

Si el resultado no es la independencia, difícilmente el Gobierno catalán pueda volver atrás, porque ha quemado sus naves. La violación de las leyes abriría un complicado escenario para las actuales autoridades independentistas, y el Gobierno de España deberá manejarse con cuidado, para no animar una espiral de victimismo, que los nacionalistas siempre están dispuestos a explotar.

Por esa razón, el Gobierno ha actuado con prudencia, recurriendo a los tribunales, pero no más allá, en una estrategia que es correcta, salvo que la otra parte termine sacando de verdad las urnas o promoviendo algaradas violentas. Si esto se produce, el escenario será diferente.

El jurista Daniel García-Pita Pemán, a quien vemos a menudo en Sotogrande, escribió en ABC que hay que desdramatizar el artículo 155 de la Constitución que, al revés de lo que muchos dicen, no significa suspender completamente la autonomía, pero sí permite, con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, que el Gobierno adopte las medidas necesarias para obligar a la autonomía a cumplir con sus obligaciones y preservar el interés general. No sería el fin del mundo, dice.

Este artículo fue publicado originalmente en El Periódico de Sotogrande (España) el 15 de septiembre de 2017.