Los últimos días de septiembre se sintieron eternos. Con violencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le recordaba al país que la promesa del cese al fuego anunciada en los primeros días del mes solo se empezaría a cumplir a partir del 1 de octubre. Parecía que hubieran querido hacer todo el daño posible antes de que llegara esa fecha. “Creería que el ELN quiere entrar al cese con el mayor repudio y descrédito posible ante la opinión pública colombiana", dijo el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con esa guerrilla, Juan Camilo Restrepo. Desde este domingo, el ELN se somete por primera vez a un cese bilateral desde que se levantó en armas en julio de 1964. Hasta ahora, se habían decretado treguas unilaterales y de corta duración. Lo que empieza este domingo es histórico.

El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado lo que significa este paso y en la noche del viernes en una alocución presidencial detalló lo que la guerrilla debe cumplir. No podrá secuestrar, tendrá que avanzar en el programa piloto de desminado humanitario, dejar de vincular a menores a sus filas y suspender las acciones violentas hacia la infraestructura del país, sobre todo a los oleoductos, el blanco favorito del ELN, que en las últimas semanas fue responsable de una seguidilla de ataques contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas en Norte de Santander y Arauca.

El objetivo del alto el fuego, según el texto suscrito por Juan Camilo Restrepo, negociador del Ejecutivo, y Pablo Beltrán, máximo líder del ELN, consiste en “mejorar la situación humanitaria de la población”. Santos espera que este cese bilateral que termina el 9 de enero, pueda ser renovado y que sea el primer paso para lograr la paz con este grupo guerrillero, de más de 2.000 hombres armados.

Nicolás Rodríguez, alias Gabino, con las banderas de Colombia y de la guerrilla como fondo, hizo el anuncio en una zona montañosa, sentado frente a una mesa donde reposaban un fusil, una computadora portátil y un radioteléfono. “No tengo ninguna duda de su lealtad para cumplir este compromiso hasta las últimas consecuencias”, le dijo a sus tropas.

El cese supone el mayor avance en las difíciles negociaciones que se adelantan desde febrero en Quito y con las que el gobierno de Santos busca terminar de extinguir un conflicto de 53 años que deja unos 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Con las FARC desarmadas, para lograr la paz total de la que tanto ha hablado el Gobierno se necesita llegar a un acuerdo con el ELN. La prueba para medir la voluntad de las partes será este alto en las hostilidades, un desafío mayor si se tiene en cuenta que a diferencia de las FARC, la organización guevarista tiene una estructura federada que ha generado división sobre los diálogos.

Un mecanismo conformado por representantes del gobierno, del ELN, la ONU y la Iglesia católica verificará sobre el terreno el cumplimiento de la tregua bilateral. Naciones Unidas tendrá observadores en 33 lugares del país y adelantará sus actividades técnicas de verificación desde 13 municipios hacia los sectores definidos como de mayor énfasis que en la práctica han sido tradicionalmente lo más afectados por la presencia de esta guerrilla.

El gobierno deberá, por su parte, fortalecer la eficiencia de los sistemas de alertas tempranas para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones humanitarias para los reclusos militantes del ELN en las cárceles colombianas y aplicar las normas relacionadas con la despenalización de la protesta social. Si las dos partes cumplen, Colombia dará un paso definitivo hacia la paz.