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25/10/2017 | El sismo de la corrupción en México

María Amparo Casar

La reconstrucción costará 48 mil millones de pesos. Seguramente los saldos del sismo seguirán creciendo. El gobierno federal ha respondido con prontitud y eficacia a las necesidades inmediatas y ha presentado un plan de reconstrucción que puede consultarse en la página de transparencia de la oficina de la Presidencia.

 

Pero lo que más ha crecido es la certeza de que parte de este desastre pudo ser evitado de no ser por los niveles de corrupción que, como los daños, aumentan todos los días. Esta certeza es mayor en la CDMX que en ningún otro lugar. Seguramente porque aquí hay más información y la sociedad ha sido más activa en la investigación independiente y en la denuncia.

No importa si fue el gobierno de Mancera, el de Ebrard o el de AMLO. No importa si hoy son los delegados del PRD o los de Morena. Juntos llevan gobernando la capital hace 20 años. A ellos, junto con el gran negocio de las sociedades inmobiliarias, les correspondió la explosión inmobiliaria sin control, sin certificación, con planificación deficiente, incumplimiento de normas y falta de verificación. Estos dos partidos, que hasta hace apenas dos años eran lo mismo y cuya puerta revolvente sigue girando, son los responsables de que un desastre natural inevitable se haya convertido en una catástrofe humana perfectamente evitable. Ahí están los permisos delegacionales, el contubernio con las asociaciones inmobiliarias, la corrupción de Seduvi y de Invea en el otorgamiento de usos de suelo y permisos de construcción, el desdén por tomar el Atlas de Riesgo como guía para la toma de decisiones de dónde y cómo edificar, la falta de supervisión en las edificaciones, las transas en los nombramiento de los Directores Responsables de Obra, que son particulares con permiso de Seduvi para auxiliar en la revisión del cumplimiento de la normatividad y advertir de posibles irregularidades, pero contratados por los propios constructores, el largamente denunciado negocio de los espectaculares ilegales.

Un perito avalado por Protección Civil (Luis Enrique Rodríguez) aseguró que ningún edificio construido después de 1990, bajo normas de reconstrucción reforzadas tras el sismo de 1985, debió sufrir daños más allá de sus acabados.

Eso sí. Escuchamos desde el primer día de parte del jefe de Gobierno, del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, del titular del Invea, que se encarga de sancionar violaciones de uso de suelo, y de casi todos los delegados y sus encargados de obra pública la frase favorita del político mexicano cuando se destapan las cloacas: Tope donde tope. “Todas las denuncias que sean presentadas por posibles irregularidades en la construcción serán revisadas, y de ser el caso, se fincarán responsabilidades administrativas y penales” (M. A. Mancera). “Se fincarán responsabilidades, incluso penales, a quienes resulten responsables” (F. de J. Gutiérrez-Seduvi).

Para la magnitud de la tragedia, son pocas las denuncias presentadas ante la Procuraduría capitalina. No tenemos los números precisos. Al 4 de octubre, se registraban 140 denuncias por delitos relacionados con el sismo. Los delitos incluyen permisos “chuecos” y apócrifos, falsedad de declaraciones, negligencia, homicidio culposo, desacato a órdenes de la autoridad, tráfico de influencias. Son, desde luego, pocas para el tamaño del desastre. Habrá que ver cuántas de ellas se procesan. Si la cifra de impunidad general (97%) prevalece, serán sólo 1.3 casos los que prosperen.

El sismo del 19 de septiembre de 1985 fue el del desconcierto, el pasmo del gobierno, la incompetencia y la opacidad porque, hasta el día de hoy, no sabemos bien a bien la cuantía de sus víctimas y daños. El del 19 de septiembre de 2017 será el sismo de la corrupción. Y si no se cuida el proceso de reconstrucción, también éste estará tocado por la impunidad. En todo el mundo, los fondos de desastres y las instituciones que los administran son de las más proclives a la corrupción. En nuestro país, el problema se agrava. Para muestra un botón: de acuerdo con el Inai (agosto de 2017), el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) obtuvieron una calificación de 0 puntos sobre 100 posibles en materia de transparencia. No reportaron ni el monto total de recursos con que operan ni distinguió las fuentes de las aportaciones (subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones) o padrón de beneficiarios. Bansefi, encargado de canalizar apoyos a los damnificados, no canta mal las rancheras. Su calificación fue de 28 sobre 100 y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), encargado del programa Escuelas al Cien, de 15.3. sobre 100

El sismo de 1985 detonó un cambio político profundo. Sin duda, éste también lo hará.

Excelsior (México)

 



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