Una tormenta perfecta parece estarse formando en torno al Estado mexicano. En el plano interno, la crisis de inseguridad se agudiza, los escándalos de corrupción aumentan y, al mismo tiempo, se destruyen deliberadamente las instituciones de seguridad y justicia, debilitando aún más al precario Estado mexicano. En el frente externo, el presidente Donald Trump ha aumentado su apuesta contra México al amenazar con la cancelación del Tratado de Libre Comercio e insistir en la culpabilidad de nuestro país en la epidemia de muertes por sobredosis de drogas que afecta a buena parte de Estados Unidos.

La simultaneidad de una crisis política interna y de una amenaza externa no se había producido desde los tiempos del cardenismo y los años de la Segunda Guerra Mundial. Las crisis políticas y económicas internas fueron confrontadas por un régimen autoritario aún fuerte con ayuda de Gobiernos norteamericanos que temían las consecuencias internacionales de un colapso del Gobierno mexicano. Pero, en esta ocasión, el Gobierno priista tiene frente a sí a un presidente norteamericano al que no le importa nada más que su propia popularidad, y que es incapaz de prever los efectos de sus acciones.

La amenaza externa podría ser manejable si no hubiera un ambiente de creciente polarización política interna creado por el Gobierno actual al tratar de proteger sus espaldas de cualquier investigación sobre la corrupción. La reciente decisión del presidente de destituir al fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto, así como su negativa a nombrar a un fiscal anticorrupción y a un nuevo procurador general de la República son acciones que le dan la puntilla a un sistema de justicia de suyo más ficticio que real. Recuérdese que la tasa de impunidad de los delitos en México es del 98%, y que los de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y los homicidios masivos, así como la corrupción, simplemente no son castigados. Un Gobierno que se niega a construir un sistema de justicia eficaz carece de legitimidad no sólo frente a sus propios ciudadanos, sino ante el mundo, justo en un momento en el que el apoyo del exterior resulta indispensable para enfrentar las amenazas del imprevisible Gobierno norteamericano.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto quiere restaurar el proyecto original del presidente Carlos Salinas de hace 25 años: un modelo neoliberal de integración económica con Estados Unidos, pero manteniendo el control político en manos de la élite autoritaria priista. La relativa y pausada democratización del país, tolerada como mecanismo de contención de la protesta social en la fase de implantación neoliberal, se salió de control en el año 2000 y propició la alternancia en el poder presidencial. Pero el PRI logró mantener una capacidad de veto parlamentario durante los Gobiernos panistas, y, dado que el PAN compartía el proyecto neoliberal y carecía de un proyecto propio de construcción de un Estado democrático, hubo una continuidad esencial del viejo régimen, oculta discretamente por la democracia electoral.

El Gobierno de Peña Nieto se ha encargado de desmontar los escasos avances logrados en la primavera democrática de principios del siglo: la creación de organismos autónomos que deberían de garantizar una competencia electoral sin ventajas para ningún partido y la transparencia en el ejercicio del poder público. Los institutos de transparencia, en ausencia de un sistema de justicia, carecen de cualquier potencial transformador. Las instituciones electorales han sido plenamente colonizadas por el PRI, especialmente el Tribunal Federal Electoral, que validó, en forma descarada, las fraudulentas elecciones de gobernadores que acaban de tener lugar este año. En concreto, la elección del Estado de México fue un experimento a gran escala de cómo utilizar el poder público para comprar votos en masa y reconstruir el clientelismo generalizado sin recibir sanción alguna.

Es por ello que el Gobierno de Peña Nieto está terminando su mandato en medio del escándalo que significa la reconstrucción plena de los viejos vicios del régimen autoritario en materia electoral y la cancelación de facto de las reformas del sistema de justicia que la sociedad civil impulsó en los últimos años. El PRI se atreve a tanto porque en 2018 se juega no sólo su sobrevivencia como partido, sino la impunidad del presidente y de su círculo cercano ante los escándalos de corrupción que los envuelvan. El PRI regresa a sus orígenes para ganar al viejo estilo una elección que, de realizarse de acuerdo a la ley, perdería irremediablemente. Para sobrevivir, al PRI no le importa llevarse al país por delante.

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.