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10/11/2017 | El fuero constitucional

Francisco Martín Moreno

La inmunidad parlamentaria se ha convertido en un refugio de delincuentes perseguidos por la ley.

 

Cuando tuve conocimiento de la detención de Julio de Vido, exministro de Planificación acusado de diversos cargos criminales durante la Administración de Cristina Kirchner en Argentina, quedó clara la maniobra política de la expresidenta de buscar, a como diera lugar, una senaduría para gozar de fuero constitucional y escapar, de esta suerte, al lacónico golpe de un mallete asestado por la autoridad judicial. Ella no estaba dispuesta a correr la misma suerte de su antiguo colaborador.

En diversos países se considera al fuero (o inmunidad parlamentaria) como un eficiente certificado de seguridad para quienes ejerzan cargos de elección popular, entre otros más, y puedan conducirse con absoluta libertad en sus gestiones como representantes populares. Sin embargo, dicho fuero se ha convertido en varias naciones del hemisferio sur, México absolutamente incluido, en un refugio de delincuentes perseguidos por la ley, a través del cual adquieren un mecanismo de impunidad para evitar sanciones penales, por más que exista el proceso de desafuero que, entre otros recursos jurídicos dilatorios, podría dictarse burocráticamente cuando ya hubieran caducado las facultades legales para investigar hechos constitutivos de delito.

¿La señora Kirchner, acusada de encubrimiento por favorecimiento personal, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros cargos más, no podría ser detenida si ya fue electa como senadora o bien se le podría impedir su admisión en el Congreso? Los expertos en estas cuestiones sostienen que ella no podría ser privada de la libertad aun cuando un juez dictara la orden de arresto hasta en tanto los propios senadores no voten el desafuero. El Poder Judicial tiene entonces las manos amarradas y sus resoluciones se estrellarán en las puertas de los recintos legislativos.

¡Claro que el fuero debe otorgar las debidas protecciones a los legisladores y a otros funcionarios para que puedan cumplir con sus funciones y gozar, por ejemplo, el de la libre expresión de las ideas! Sin embargo, esta excepción a favor de los legisladores y de otras autoridades, misma que no puede ser solicitada ni alegada a favor de los ciudadanos de a pie en contra del principio de igualdad, no puede ser entendida como un reducto de pillos que cometieron delitos antes o durante sus gestiones legislativas para vivir impunemente al margen de la ley.

En México empieza a existir un movimiento en torno a la validez y el límite de la figura jurídica del fuero. En varias entidades ya fue eliminada y en otras simplemente acotada, en efecto, pero existen mociones entre los partidos políticos para que ni el presidente de la República, con algunas excepciones, ni los legisladores federales, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni magistrados, ni secretarios de Estado, entre otros funcionarios más, puedan gozar de dicho fuero. Esta iniciativa legal, que constituye un auténtico clamor popular, fue saboteada con razones inconfesables por el PRI, claro está, imposible que hubiera sido de otra manera, y por Morena, un partido político propiedad de López Obrador, ambos abiertos defensores de la impunidad que tiene harta a la sociedad mexicana.

Es evidente que el caso de la expresidenta Kirchner se da y se repite en buena parte de América Latina. Las naciones progresistas, deseosas de construir un genuino Estado de derecho, deben insistir en lograr la igualdad ciudadana ante la ley de modo que los delincuentes que intenten parapetarse en los Congresos, en donde se debe proponer la edificación de una patria limpia, eficiente y libre de parásitos, no se encuentre viciada por sujetos perseguidos por la justicia que poco o nada pueden aportar en la consecución de este sano y promisorio objetivo.

Para fortalecer a las instituciones democráticas resulta inaplazable acotar los alcances del fuero constitucional, de modo que se garanticen los derechos a disentir públicamente dentro del contexto de la libre expresión de las ideas, pero, claro está, sin que esta libertad se convierta en un libertinaje aprovechado por los delincuentes para escapar de los golpes sonoros de los malletes, el cincel y el martillo imprescindibles para construir países en donde todos seamos iguales ante la ley.

@fmartinmoreno

El País (Es) (España)

 



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