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03/12/2017 | La lucha por la verdad en El Salvador

José M. Tojeira

La noticia de la extradición del coronel Inocente Montano y la petición de la reapertura del caso jesuitas en El Salvador contra los autores intelectuales del crimen renueva las esperanzas de justicia.

 

Cuando a las 6.30 de la mañana del 16 de noviembre de 1989 fuimos a ver los cadáveres de nuestros compañeros y de la que varios años fue cercana colaboradora y su hija, nos dimos cuenta de que se trataba de un operativo militar dirigido desde el Estado Mayor del ejército salvadoreño. Habíamos oído un intenso tiroteo de aproximadamente 20 minutos a las dos de la mañana de ese mismo día, junto con tres o cuatro explosiones muy fuertes. Pensamos que era un enfrentamiento en la calle entre el ejército y la guerrilla. Pero al ver la cantidad de casquillos de balas de diverso calibre dentro de la Universidad, junto con la funda de un 'cohete antitanque Law', disparado contra la vivienda de los jesuitas, no nos quedaron dudas.

En efecto, el lugar donde mataron a los compañeros estaba en una zona muy vigilada. Quedaba a 250 metros de la colonia protegida donde vivían la mayoría de los altos oficiales del ejército. A 400 metros de la 'inteligencia militar' y a 700 metros en línea recta del Estado Mayor del ejército. Continuamente veíamos grupos de militares en nuestra zona, vigilando el entorno de esos lugares estratégicos en una lucha con la guerrilla. Un tiroteo tan intenso y prolongado solamente ellos lo podían hacer sin que llegaran otras fuerzas del ejército a investigar qué pasaba. Además varios testigos los vieron o los oyeron. Ese mismo día 16 a las 12 del mediodía el arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera, su auxiliar, el hoy cardenal Gregorio Rosa y quien esto escribe, visitamos al entonces presidente Cristiani para decirle que el ejército había asesinado a los jesuitas y sus dos colaboradoras.

Los días posteriores fueron frenéticos. Con los medios de comunicación controlados por el estado de sitio, diversos miembros del Ejército y del Gobierno decían que la guerrilla los había asesinado. A nosotros nos quedaba únicamente la insistencia con la prensa internacional, que jugó un excelente papel de búsqueda de la verdad. La única testigo visual de los soldados en el interior de la Universidad en el momento del crimen, Lucía Cerna, tuvo que declarar en la Embajada Española por razones de seguridad y salir de El Salvador inmediatamente después. Al llegar a Miami el FBI la retuvo durante una semana para interrogarla. E incluso llamó y permitió que la interrogara un teniente coronel salvadoreño, Rivas Mejía, que la presionó y amenazó sistemáticamente, forzándola a desdecirse.

Al final, después de mes y medio de insistir en que la guerrilla había asesinado a los jesuitas, al Gobierno no le quedó más remedio que reconocer el crimen. Pero se redujeron los responsables. Un asesinato masivo que había sido planeado y ordenado desde el Estado Mayor del ejército quedó reducido a un grupo de nueve personas, entre los que figuraban un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados. El juicio tuvo sus momentos de tensión, forzando a dos fiscales éticos y profesionales a dimitir, tras amenazas de muerte y de destitución. Al final el juicio que se desarrolló entre 1989 y 1992, absolvió a los autores materiales del crimen, condenó a los intermediarios de la orden y encubrió a los miembros del Estado Mayor. La lucha por la verdad continuó, y al fin la Comisión de la Verdad, en 1993, dio los nombres de cinco altos oficiales que en el momento de los hechos tenían los cargos de Jefe del Estado Mayor del Ejército, viceministros de defensa (dos, uno encargado del ejército y otro de la Policía, entonces militarizada), el jefe de la brigada militar que controlaba la capital y el jefe de la Fuerza Aérea. Cinco días después del Informe de la Verdad la Asamblea Legislativa dio una Ley de Amnistía general que cubría absolutamente todos los delitos cometidos durante la guerra.

En 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió a El Salvador que reabriera el caso jesuitas por las graves deficiencias que había tenido el juicio que se abrió en 1989. La respuesta del Presidente Flores fue afirmar taxativamente que no abrirían el juicio de nuevo. Lo mismo dijo el Fiscal General de aquel entonces. Presentamos entonces una denuncia en la Fiscalía, acusando a los militares mencionados por la Comisión de la Verdad y a dos personas más. Al final, tras una larga espera, la Fiscalía abrió el caso pidiendo el sobreseimiento por amnistía y por prescripción del delito (10 años, en El Salvador), a pesar de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. El sistema judicial, llegando hasta la Corte Suprema, dijo que no estaban cubiertos por la amnistía, pero que la prescripción había corrido. Incluso uno de los jueces de la primera apelación aseguró, en favor de la prescripción, que "el derecho en El Salvador siempre había estado latente" y que la culpa de que no hubiera juicio era de las víctimas.

El siguiente paso fue la apertura de un proceso judicial en España. Fue un paso importante para hacer presión no sólo respecto al caso jesuitas, sino incluso respecto a la amnistía. La persistencia del caso, en sus diversas etapas, junto con otros reclamos, influyó en la decisión de los jueces para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. El peligro que puede tener el caso en España es el de no concentrarse en la autoría intelectual y, ante la dificultad de proceder más allá de Montano, querer sumar culpabilidades hacia abajo de personas que o bien han pasado ya algún tiempo en la cárcel, o bien han colaborado en el esclarecimiento del caso. En ese sentido nosotros solicitamos en mayo pasado la conmutación de la pena de 30 años aplicada al coronel Guillermo Benavides, por los casi cinco años que lleva preso (tres antes de la amnistía y cerca de dos en la actualidad). Nuestra solicitud continúa en trámite desde entonces, a pesar de que se ha sobrepasado ya los tiempos establecidos para resolver este tipo de peticiones.

Finalmente, este lunes 27 de noviembre, hemos pedido ante el juzgado correspondiente en El Salvador que se reabra el caso de la autoría intelectual que habíamos iniciado el año 2000. Desde la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía hemos venido trabajando para que se emita una ley de justicia transicional que facilite el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante nuestra guerra civil. Ante la nula respuesta del Estado decidimos solicitar la reapertura del caso. Esperamos en esta ocasión tener una respuesta más adecuada a la verdad y a la justicia que en los casos anteriores.

El País (Es) (España)

 



 
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