Córcega "hará temblar las estructuras" del Estado francés. Es la promesa de los nacionalistas corsos, que, salvo enorme sorpresa, obtendrán hoy domingo una victoria abrumadora en las elecciones regionales. Sus dirigentes anuncian que no declararán "ni la independencia ni la guerra", pero sí exigirán de inmediato un régimen autonómico, la cooficialidad de la lengua corsa, la liberación de los "presos políticos" (en su mayoría antiguos terroristas del FNLC) y un "estatuto de residente" para que los foráneos no puedan comprar casas o terrenos en la isla.

En el mitin con que se cerró la campaña antes de la segunda y definitiva votación, tras rozar la mayoría absoluta ya en la primera vuelta, los dirigentes de Pé à Corsica, coalición de autonomistas e independentistas, desafiaron al gobierno de París: "Tenemos que establecer una nueva relación de fuerza democrática con un Gobierno y un Estado que nunca nos han hablado, un Estado que desde la elección de Emmanuel Macron ha pasado del silencio a la hostilidad", dijo Gilles Simeoni, líder del nacionalismo y, con toda seguridad, presidente del próximo Consejo regional.

El nacionalismo, que siempre fue una corriente política entusiasta pero numéricamente marginal en Córcega, experimenta un rápido crecimiento desde 2014, cuando el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) anunció el abandono de la violencia y una progresiva salida de la clandestinidad. Jean Guy Talamoni, líder del partido independentista Corsica Libera y socio de coalición de Simeoni, mantuvo en su momento vínculos con el FLNC y tuvo que ocultarse cuando el movimiento terrorista, implicado en el asesinato de un prefecto, se dividió en facciones que combatían a tiros unas contra otras. Simeoni, hijo de un histórico líder nacionalista, basó en cambio su carrera política en el rechazo a la violencia.

Colapso de los partidos tradicionales

La desaparición del FLNC ayudó a normalizar el ideario nacionalista. Pero hubo otro factor que contribuyó de forma decisiva a cambiar el mapa político de la isla: el colapso de los partidos tradicionales, basados en la obediencia clánica, el clientelismo y la corrupción. Jean Marie Arrighi y Olivier Jehasse, autores del libro 'Histoire de la Corse et des corses', señalan que ya hacia 1990 el electorado empezó a sacudirse el yugo de los caciques y que la lucha contra el fraude (los muertos votaban eternamente) se hizo sistemática.

La justicia asestó, a lo largo de 2016, el golpe de gracia a los viejos partidos, vinculados a los gaullistas y a los radicales de izquierda de la Francia continental y aferrados al centralismo, que consideraban garantía de progreso. Paul Giacobbi, diputado de la Alta Córcega, fue procesado por malversación de fondos; Gilles Brun, presidente del consejo de municipios de Calvi-Balagne, fue condenado a tres años de cárcel por malversación; Pierre Simeon de Buchberg, alcalde de Prunelli, fue procesado por prevaricación y malversación; el senador Joseph Castelli fue procesado por corrupción, blanqueo y fraude fiscal; el otro senador de la isla, Jean-Jacques Panunzi, fue investigado (el sumario sigue abierto) por irregularidades en la adjudicación de contratas públicas... La lista es larguísima. En un solo año, como consecuencia de una "operación de limpieza" impulsada por el socialista Manuel Valls en su época como ministro del Interior, la clase política tradicional fue desmantelada por los jueces.

La economía constituye otra de las claves. Córcega es la región más pobre de Francia (uno de cada cinco habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza), tiene los salarios más bajos del país, goza de un nivel de desempleo (7%) falsamente reducido porque más de un tercio de los puestos de trabajo son públicos y en gran medida clientelares, tiene el nivel académico más bajo de Francia (casi el 25% de los habitantes carecen de titulación básica) y desde la crisis de 2008 ha experimentado una caída en la construcción vinculada al turismo.

La coalición nacionalista Pé à Corsica mantiene la vieja lucha del FLNC contra la venta de casas a personas no residentes en la isla. El FLNC incendiaba las casas de los foráneos. Pé à Corsica propugna un "estatuto de residente" que dificulte las operaciones inmobiliarias a los no residentes, y fortalecer el sector hotelero. La aversión a la "venta de la isla por pedazos" ha perjudicado a corto plazo los ingresos por turismo, pero por otra parte ha ayudado a preservar el litoral: la ausencia de cemento en playas y costas es uno de los mayores atractivos turísticos de Córcega.

Los independentistas de la coalición se ha comprometido a no plantear la ruptura con Francia durante los próximos diez años. A cambio exigen, junto a los moderados de Simeoni, que París acepte un Estatuto de autonomía y que éste se negocie, se redacte y se apruebe antes de 2020. El problema radica en que tanto la autonomía (los nacionalistas proponen imitar la que ya tiene la vecina isla italiana de Cerdeña) como los principales proyectos de Pé à Corsica chocan con la Constitución francesa. La cooficialidad de las lenguas francesa y corsa es anticonstitucional, porque la única lengua legalmente reconocida, y obligatoria, es el francés. El "estatuto de residente" tampoco encaja en la Constitución, porque discrimina al resto de los franceses. Y el Gobierno de París ni reconoce la existencia de presos políticos ni, por consiguiente, se plantea siquiera la opción de poner en libertad a los miembros del FLNC.