Los crímenes sin resolver son una constante en América Latina. El indulto concedido el pasado domingo al ex presidente peruano Alberto Fujimori, que gobernó el país en los años 90, recuerda otros casos similares en el continente de amnistías, causas archivadas o, simplemente, mandatarios que mueren sin cumplir condena alguna.

Fujimori es odiado y amado casi a partes iguales en Perú. Por un lado, consiguió buenas cifras económicas y luchó con mano dura contra los terroristas de Sendero Luminoso. Sin embargo, también cometió graves violaciones de derechos humanos. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de un empresario y un periodista. Además, había otra causa pendiente sobre él por la masacre de Pativilca, en la que perdieron la vida seis personas. Todos los hechos ocurrieron durante su década de mandatario (1990-2000), en la que también hubo casos de corrupción.

El día de Nochebuena, el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió el indulto humanitario y la gracia presidencial, por lo que queda libre de todos sus crímenes y no volverá a prisión, donde estaba desde 2007. En concreto, Kuczynski declaró mientras las calles se movilizaban a favor y en contra de Fujimori: "Quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un ex presidente del Perú, que habiendo cometido excesos y errores graves fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena".

Lo ocurrido con Fujimori fue calificado por Amnistía Internacional como un "duro golpe" a la lucha contra la impunidad, informó Efe. Esto recuerda otros casos de ex mandatarios latinoamericanos que fueron perseguidos por la justicia y que finalmente no fueron condenados o se libraron de completar sus penas. Entre ellos, destaca el chileno Augusto Pinochet. Su dictadura militar se prolongó de 1973 a 1990. Las cifras de muertos o desaparecidos durante ese período todavía son recordadas en Chile, pero Pinochet murió en 2006 con varios juicios abiertos y sin ninguna condena. El único atisbo de justicia fue su arresto en Londres en 1998, acusado de crímenes de lesa humanidad, aunque finalmente fue liberado por razones humanitarias por el entonces primer ministro Tony Blair.

El guatemalteco Efraín Ríos Montt (su régimen duró de marzo de 1982 a agosto de 1983) afronta en la actualidad un juicio por genocidio por el asesinato de más de 1.700 indígenas, del que ya fue condenado a 80 años de cárcel en 2013, pero la sentencia fue anulada poco después por la Corte Constitucional del país y el juicio se reanudó el pasado mes de octubre. A pesar de que a sus más de 90 años Ríos Montt sigue ocupando titulares, está declarado incapacitado por la demencia que sufre y no irá a la cárcel.

El panameño Manuel Antonio Noriega, que no fue presidente pero sí clave en los gobiernos del país centroamericano entre 1983 y 1989, falleció con 83 años el pasado mayo. A la tumba se llevó muchos secretos y crímenes. Murió en un hospital, tras serle operado de un tumor en la cabeza, y en su país cumplía una condena de 60 años en el centro penitenciario 'El Renacer' tras ser expatriado desde Francia en 2011. En el país europeo y en EEUU también estuvo privado de libertad. Noriega acumuló delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y asesinatos de opositores.

La lista de mandatarios o altos cargos culpables de violaciones de derechos humanos es larga en el continente y más aún si se añaden delitos de corrupción. La trama Odebrecht se ha extendido por toda Latinoamérica y en Perú no sólo salpica a Kuczynski, también a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Pero no todo es impunidad. En El Salvador, el año pasado se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, por la que se perdonaban todos los delitos cometidos durante la guerra civil del país (1980-1992), y varios casos emblemáticos, como el de la matanza de El Mozote, han sido reabiertos. Además, la Audiencia Nacional española ha conseguido extraditar desde EEUU a Inocente Montano, ex viceministro de Defensa y 'pieza clave' de la matanza de los jesuitas, su empleada y su hija en 1989, para que sea juzgado en nuestro país.