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04/03/2018 | Perú - Vuelo al Ras

Revista Caretas (Pe)-Staff

El momento en el que las turbulencias y omisiones de la política ya se sienten en la economía.

 

Iniciativas fujimoristas que en tiempos de vacas gordas políticas hubieran pasado por un tubo, hoy encuentran sus límites en la protesta. Fuerza Popular ya no se encuentra su escollo solo en un benjamín que salió respondón, sino también en la calle. Y ello marca un cambio.

En el Congreso, durante la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21, y con exoneración de segunda votación, se aprobó el proyecto de ley 1215 presentado por Rosa Bartra que incluía “las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”. Permite que los estudiantes de institutos técnicos trabajen sin paga en empresas hasta por tres años. Esta suerte de prácticas es necesaria por ley para titularse, a diferencia de las universidades.  

María Isabel León, presidenta de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú), defendió la iniciativa y explicó que se trata de un máximo de 448 horas –unas 22 semanas a medio tiempo– y que el período de tres años se entiende porque puede darse una práctica breve por cada módulo de la carrera.

Para León, quien fuera jefa del plan educativo de Fuerza Popular y hoy es miembro del Consejo Nacional de Educación y vicepresidenta de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), el sistema de prácticas pre-profesionales “ha fracasado”. Según el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hay alrededor de 60 mil convenios de modalidades formativas con universitarios incluidos, y los números van a la baja. “Tenemos 400 mil estudiantes en la educación técnica”, explica.

“Somos conscientes de que las prácticas preprofesionales han generado mucho abuso por parte de la empresa que contrata mano de obra barata a través de los convenios”, reconoce. “Pero esta modalidad iba a tener un plan acotado de cumplimiento. Si no hay ninguna remuneración y el alumno ve que no se cumple su plan, simplemente deja la experiencia formativa. La regulación la ve el Estado, podría ser Sunafil”.

Pero Germán Lora, quien fue jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial del ministerio de Trabajo, señala que Bartra “está equivocada. Si lo que ha querido hacer, como lo ha venido justificando, es que exista un curso práctico en los Institutos Superiores ha debido modificar la ley de institutos y no la ley de modalidades formativas, porque está hablando de otra cosa completamente distinta”. Para él, no hay diferencias con las prácticas preprofesionales, “solo que aquí no les pagan nada”.
A juzgar por las protestas y la decisión de retroceder con el proyecto de ley, esos argumentos se impusieron.

Igual de controversial resultó la ley de “etiquetado de leche” que se cuece en el Congreso, con la consecuente polarización de la ganadería lechera y la industria de lácteos. “Si esa ley se aprueba no habrá leche evaporada porque no se podrá utilizar aditivos que estabilicen el lácteo –explica la directora del Grupo Gloria, Paola Medina– Si ellos (los miembros de la Asociación de Ganaderos y Lecheros, AGALEP) desean llamar a nuestros productos lácteos compuestos, la demanda se afectará y no tendrán a quien venderle su leche”.

Hay 450 mil ganaderos que producen casi 2 millones de toneladas de leche al año, cuyo 50% de sus ventas son para Gloria, Laive y Nestlé, dice el fundador de AGALEP, Javier Valera, ganadero de la Capital. Según el sindicato de Gloria, que salió al marchar al centro de Lima el martes 27, los ganaderos afectados en todo el país serían 24 mil.

La disputa radica en la denominación “leche”. Para Valera, la ley –que tiene como promotor al fujimorista y también ganadero Élard Melgar– “no impedirá que las compañías usen leche en polvo, sino que los productos que elaboran con este insumo serán llamados productos lácteos compuestos”.

El dictamen estipula además que el 40% de la leche adquirida por el Estado para los programas sociales –como Vaso de Leche– será comprado a los ganaderos. “Incentivará la competencia y hará que el déficit de oferta que es del orden del 30%, desparezca, y así los industriales no tendrían que importar leche en polvo”, asegura Valera.

Según cifras del MEF, el programa Vaso de Leche llega a 1,834 municipios. Ahí hay dos millones de consumidores de leche evaporada.

Para Medina, de Gloria, la “ley Melgar – AGALEP” incrementará el precio de transporte de la leche de los ganaderos “y por ende el costo del producto se elevará”.

Valera insiste en que los ganaderos pueden competir ofertando leche pasteurizada y UHT, en envase tetra pack. Pero Medina sostiene que “estos dos tipos de leche no duran el mismo tiempo que la evaporada, la primera dura máximo siete días y la segunda no se adapta a la realidad del país”.


En 2017, la Comisión Agraria del Congreso aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas a llamar “producto lácteo reconstituido” a la leche evaporada.

Al cierre de edición, la Comisión Permanente aprobó el proyecto de ley de “semáforos nutricionales” para advertir en las etiquetas de los productos sobre niveles de sodio, azúcar y grasas saturadas y trans. Era una opinión contraria a la del Ministerio de Salud, que recomendaba el método de los octógonos, y los congresistas que se opusieron, como Marisa Glave y Yonhy Lescano, salieron a denunciar el lobby fujimorista a favor de las industrias alimenticias.  


Revista Caretas (Perú)

 



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