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04/03/2018 | ¿Qué hace de Italia un país ingobernable?

Hugo Garrido

Casi 51 millones de italianos están llamados a las urnas para elegir a los miembros del próximo Parlamento, unos comicios entre la incertidumbre y la apatía. En un país en el que el voto fue obligatorio hasta 1995, la abstención podría rondar el 30 %, según los sondeos, una cifra que no deja de subir desde la década de los ochenta.

 

Salvo sorpresas -las dos últimas semanas de campaña transcurren sin encuestas por la prohibición legal de publicarlas-, la previsión de unos resultados sin mayorías claras despierta de nuevo el temor al bloqueo institucional en una sociedad que ha vivido 66 gobiernos desde la proclamación de la República, en 1946, de los cuales solo seis han superado los dos años de duración.


En ese sentido, un vistazo rápido al escenario actual de partidos no invita al optimismo, con tres bloques disputándose la mayoría de escaños. Por un lado, las dos grandes coaliciones electorales: el centro izquierda, que agrupa pequeñas fuerzas en torno al Partido Democrático (PD), y el centro derecha, una vez más liderado por Forza Italia (FI), el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi. El tercer aspirante es el Movimiento 5 Estrellas (M5S), al que los sondeos sitúan como primera fuerza tras irrumpir con fuerza hace cinco años, aupado por un discurso populista contra el sistema, como ya hicieran Berlusconi y FI a mitad de los 90.

El resto, son pequeñas formaciones o escisiones que se estrenan en las urnas, como Libres e Iguales, formada a partir de parlamentarios que abandonaron otros partidos durante la última legislatura, en la que hasta 208 diputados y 140 senadores han cambiado de bancada al menos una vez, con casos extremos como el del senador Luigi Compagna, que ha llegado a protagonizar 9 modificaciones de grupo parlamentario. Así, Forza Italia se ha quedado con solo 56 de los 98 diputados obtenidos en 2013; el M5S, con 21 diputados menos, y el Grupo Mixto ha terminado con 61 miembros.

La nueva ley electoral

Sin embargo, de poco le servirá al M5S ganar, incluso si confirma los pronósticos más optimistas que le otorgan un 30 % en intención de voto. Su negativa a formar parte de coaliciones le resta competitividad en un modelo de reparto de sillas que se regirá por la nueva ley electoral aprobada en otoño, la cuarta en los últimos 25 años, pactada entre el gobernante PD y Forza Italia ante las buenas expectativas del M5S, y que penaliza a quienes concurren en solitario.

El sistema actual repartirá 232 escaños (el 36 %) en circunscripciones uninominales (un solo diputado), en las que el acta se asignará al partido o coalición cuyos partidos sumen más votos. Los otros 386 diputados (64 %) se distribuyen por circunscripciones en las que se otorgan varios escaños repartidos de forma proporcional según los votos logrados por cada coalición o partido. Un sistema similar regirá en el Senado.






De esta manera, el porcentaje de papeletas necesarias para lograr mayoría absoluta en cada Cámara es incierto, pero es difícil que se logre con menos del 43-45 % que estiman diferentes simulaciones electorales.

El bicameralismo perfecto

¿Qué ha hecho tan complicada hasta ahora la gobernabilidad del país? La fragmentación parlamentaria, el transfuguismo, la implosión del viejo sistema de partidos o el sistema de competición por coaliciones electorales, la mayoría de ellas consecuencias de las diferentes leyes electorales y el sistema bicameral del poder legislativo.

La Constitución italiana de 1948 puso el primer gran obstáculo en el camino hacia la estabilidad, con un Parlamento dividido en dos órganos: la Cámara de Diputados y el Senado (elegido por los electores de igual o más de 25 años). A diferencia del caso español, el Senado tiene poder de veto efectivo sobre las leyes aprobadas en la Cámara y participa en el proceso de investidura del Gobierno, por lo que los aspirantes al puesto de primer ministro (jefe del Ejecutivo) necesitan la confianza de las dos instituciones. Matteo Renzi intentó rebajar la influencia del Senado dentro de la reforma constitucional rechazada en referéndum a finales de 2016 y que supuso el final de su Gobierno.

La ley de Berlusconi

Otro gran problema son los efectos de los sucesivos modelos de reparto de escaños, diferentes para la Cámara y el Senado.

Iniciada tras las elecciones de 2013, la legislatura que ahora acaba fue la última celebrada bajo las reglas de la ley electoral aprobada por el Gobierno de Silvio Berlusconi y sus socios, quienes en el año 2005, con mayoría absoluta, modificaron el sistema electoral a escasos meses de los siguientes comicios, cuando sabían que no podrían repetir mandato. La maniobra de Il Cavaliere sí logró atenuar el triunfo de la coalición de centro izquierda, El Olivo, encabezada por el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, que apenas aguantó dos años en el poder por la mayoría tan exigua que cosechó en el Senado.




El mecanismo de asignación de escaños garantizaba 340 parlamentarios (la mayoría absoluta son 316) en la Cámara de Diputados a la formación que consiguiera más votos, sin importar el porcentaje alcanzado. Prodi, que rozó el 50 % de votos pero solo superó en 7 centésimas al bloque de Berlusconi, obtuvo 67 diputados más que su rival. En el Senado, la diferencia fue de tan solo dos escaños.

El desequilibrio fue mayor en 2013, cuando las listas del centro izquierda lograron los 340 diputados sin alcanzar el 30 % de los votos. Como le sucedió a Prodi en 2006, la distribución de senadores no acompañaba a la mayoría en la Cámara de Diputados.

«La falta de reforma de la ley electoral de 2005 sigue siendo imperdonable (...) Es un hecho, nada imprevisible, que esta ley ha provocado un resultado electoral de difícil gobernabilidad». Así reprendía el entonces presidente de la República de Italia Giorgio Napolitano a diputados y senadores durante el discurso tras su reelección para un segundo mandato, en abril de 2013, un hecho sin precedentes desde la restauración democrática.

Napolitano prestó un último servicio a las instituciones del país, paralizadas por la falta de candidatos de consenso para sustituirle en la jefatura del Estado y por un Gobierno en funciones, y sin aspirantes capaces de sumar los apoyos suficientes para formar Gobierno dos meses después de las elecciones. Entonces, el aspirante de la coalición de centro izquierda y secretario del Partido Democrático, Pier Luigi Bersani, fue incapaz de sumar al Movimiento 5 Estrellas para conseguir una mayoría estable en el Senado. A Bersani le sucedieron Enrico Letta, Mateo Renzi y Paolo Gentiloni, todos ellos del Partido Democrático, que sí lograron la confianza del Parlamento para encabezar sucesivos Ejecutivos.

Proporcionalidad, mejor que gobernabilidad

Desde sus orígenes, la legislación electoral de Italia apostó por favorecer la proporcionalidad entre votos y escaños en detrimento de la gobernabilidad. El resultado fue un Parlamento muy fraccionado, con presencia de hasta 16 formaciones distintas en algunas legislaturas, y en el que solo hubo una mayoría absoluta en solitario, la de la Democracia Cristiana (DC), en 1948.

La DC, ubicada en el centro del tablero ideológico, fue primera fuerza y encabezó la mayoría de gabinetes hasta su desaparición, a comienzos de los 90. El Partido Comunista, con un apoyo que oscilaba entre el 25 y el 35 % de los votos, quedó casi siempre descartado como socio, lo que limitó mucho las opciones para conformar diferentes mayorías.





El juego electoral se mantuvo sin grandes alteraciones, salvo un aumento en el número de parlamentarios hasta la cifra actual de 630 diputados y 315 senadores.

En un clima de malestar ciudadano, el sistema sufrió su primer gran cambio en 1993, en respuesta a las demandas de renovación, con la pretensión de acercar a los representantes y la ciudadanía y, sobre todo, tras el estallido de la operación judicial manos limpias, como se llamó a la intervención judicial por las que centenares de políticos y empresarios fueron procesados por su implicación en diferentes tramas de corrupción. Como consecuencia, el sistema tradicional de partidos implosionó.

Es a partir de ese momento cuando surge la dinámica de competición por bloques, con una reforma de la ley que electoral que asigna el 75 % de los escaños (475) en circunscripciones uninominales (un solo diputado, que iba al ganador) y el 25 % restante en plurinominales, de unos 5-6 escaños a repartir de forma proporcional.

La ley de 1993 produjo efectos contrapuestos. Si bien aumentó la duración media de los Gobiernos, incentivó al mismo tiempo una competición polarizada de dos coaliciones en las que los grandes partidos aceptan a casi cualquier lista que pueda aportar votos para el reparto de escaños. Al final, se ha forjado un sistema que elección a elección integra siglas que no comparten liderazgo ni programa. Una vez obtenido el botín electoral no hay alicientes para mantener la fidelidad dentro de los bloques, por lo que no es difícil ver fugas y escisiones en cuanto surgen discrepancias o tensiones, o encontrar diputados y senadores que anteponen sus intereses o los del partido a los de la coalición.

El Mundo (España)

 



 
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