La crisis más reciente estalló a partir del envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, en la ciudad británica de Salisbury, con el agente nervioso Novichok. Una sustancia creada por la Unión Soviética y que la comunidad internacional asumía que había sido destruida hace años.

La respuesta no se hizo esperar y la primera ministra Theresa May respondió anunciando la expulsión de 23 diplomáticos rusos, junto con sanciones económicas y otras medidas que afectarán los intereses rusos en el Reino Unido.

Para May, cuya popularidad ha tendido a la baja —luego de su estrepitoso fracaso tras las elecciones que ella misma adelantó el año pasado—, adoptar una posición firme ante Moscú podría traerle algunos beneficios en términos de política interna. Sobre todo, considerando que este no es el primer episodio de estas características; basta recordar el caso del ex espía ruso Alexander Litvinenko, quien en 2006 murió tras ser envenenado con polonio en suelo británico.

Los gobiernos de Francia y Alemania no han demorado en cerrar filas tras el Reino Unido, considerando que este sería la primera vez (comprobada) que se usa un agente tóxico desde la Segunda Guerra Mundial.

Paralelamente, la relación entre Washington y Moscú nuevamente se agravó, luego que el Departamento del Tesoro congelara los activos de 19 ciudadanos rusos —algunos de ellos muy cercanos al presidente Vladimir Putin— y cinco entidades de este país, incluyendo al FSB, el servicio de inteligencia sucesor del KGB. Esto, luego que el gobierno estadounidense reconociera que había sido vulnerable a ciberataques rusos en ámbitos como electricidad, energía nuclear, agua y aviación.

De esta forma, un nuevo capítulo se suma a la llamada “trama rusa”, donde han confluido la supuesta intervención de Rusia en la elección presidencial estadounidense de 2016 —con el objetivo de perjudicar la candidatura de Hillary Clinton— y los vínculos del entonces equipo de campaña de Donald Trump y posteriores miembros de su gobierno con altas autoridades de Rusia.

Para Vladimir Putin, que con toda seguridad obtendrá este domingo un nuevo mandato presidencial, la tensión con Occidente no parece representar un problema nuevo ni inmanejable. Basta recordar que desde 2014 que el Kremlin ha enfrentado sucesivos paquetes de sanciones; primero, producto de haber anexado la península ucraniana de Crimea, tras un polémico referéndum; y luego, tras ser acusado de apoyar a los separatistas ucranianos en el este de ese país.

Putin ha gobernado Rusia desde 2000 hasta la fecha, con una pausa de cuatro años (2008-2012), durante la cual dejó la presidencia para transformarse en primer ministro. Y durante todo ese tiempo, su principal objetivo ha sido recuperar el prestigio, la influencia y el poder perdidos por Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética, en diciembre de 1991.

En ese sentido, el fortalecimiento y modernización de sus fuerzas militares, una política exterior más agresiva, y la neutralización de disidentes y desertores, son aspectos coherentes con esos objetivos.

El mundo de las relaciones internacionales, más allá de las cumbres en las que los mandatarios sonríen y estrechan sus manos, tiene un “lado B” mucho más oscuro: el de las operaciones encubiertas, que pueden ir desde el robo de información sensible, secuestros y sabotajes, hasta la eliminación de personas en cualquier lugar del mundo.

Estados Unidos, Rusia y muchas otras potencias lo han hecho —basta recordar la llamada “Guerra contra el terrorismo”, tras los atentados del 11-S—, lo hacen y lo seguirán haciendo. El punto es que Moscú, a diferencia de otros países, es mucho más incombustible en caso de que estas acciones salgan a la luz pública. Lecciones aprendidas a través de los éxitos y fracasos cosechados durante las décadas que duró la Guerra Fría. Y cuya brisa nuevamente ha vuelto a soplar desde el este.