La pregunta no es menor porque el país se ha comprometido, mediante procesos de licitación –ganados por consorcios mexicanos, extranjeros y mixtos–, a recibir inversiones por unos 150 mil millones de dólares a lo largo de los próximos años.

La pregunta tampoco es fácil de responder, pues desde el campo lopezobradorista se han escuchado, en menos de un mes, las dos posiciones, que resultan diametralmente opuestas.

El 20 de febrero, el empresario regiomontano Alfonso Romo, uno de los principales asesores del candidato presidencial, a quien se ve con mucha frecuencia pegado al tabasqueño, dijo a Bloomberg que éste había revisado los contratos de la Reforma Energética y que se veían bien hechos.

Sin embargo, hace unos días, el escritor Paco Ignacio Taibo II dijo en una reunión de Morena que “quién chingados” era Romo para andar diciendo que “las concesiones para la industria petrolera transnacional” no serían afectadas.

El domingo pasado, en el 80 aniversario de la Expropiación decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, López Obrador pareció decantarse por esa última posición –es decir, revertir la Reforma Energética–, aunque luego se quejó de que, ese mismo día, el presidente Enrique Peña Nieto haya calificado dicha idea, sin aludir directamente a ella, como un regreso al pasado.

Entonces, revertir o no revertir, he ahí el dilema.

Es válido, pues, preguntarse si los contratos ya firmados estarán seguros o no en caso de que triunfe López Obrador el 1 de julio.

Por supuesto, aquí hay un tema constitucional. Ya lo ha puesto sobre la mesa Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) –el órgano autónomo que tiene la facultad de organizar licitaciones y firmar contratos en materia energética–.

“Todo el modelo energético está en la Constitución y eso le da una solidez importante, pues una reforma constitucional es muy difícil de revertir”, ha dicho Zepeda, quien estará en su cargo hasta 2019.

Gane quien gane la Presidencia, se antoja difícil que el próximo mandatario pueda construir una mayoría calificada en ambas Cámaras para echar atrás esa u otra de las reformas.

Puede, sin duda, actuar para que su aplicación sea menos vigorosa, pero revertirlas parece, en efecto, complicado de realizar si nos atenemos a que los dos principales partidos contrincantes de Morena, PRI y PAN, han dicho que apoyan la Reforma Energética.

Pero eso no quiere decir que sea imposible. Así como Peña Nieto construyó el Pacto por México, López Obrador también podría formar un frente partidista semejante  –con Morena, sus aliados, y sectores del PRI y el PRD– para tumbar las reformas peñanietistas, pero eso no sucederá sin provocar turbulencias económicas, incluso más fuertes que las que los especialistas prevén por el solo hecho de que el tabasqueño ganara la elección.

Por otro lado, ¿puede legalmente el gobierno federal “revisar” los contratos –como AMLO también ha dicho que hará, a pesar de que Romo dijo que ya lo había hecho y estaban bien–, contratos que, como menciono arriba, son responsabilidad de la CNH, un organismo constitucional autónomo?

Le dejo ese tema a los abogados, pero lo que parece incontrovertible es el doble discurso que sale del círculo cercano a López Obrador.

¿Esos dos discursos son resultado de las tensiones naturales que se dan en un frente que ideológicamente resulta muy amplio y que el tabasqueño tendrá que ayudar a conciliar para no hacer naufragar su tercer intento por llegar a la Presidencia de la República?

¿O acaso estamos ante discursos que se pronuncian dependiendo de la audiencia? ¿Hay un discurso energético para los empresarios de Monterrey y otro para los campesinos triqui y mixtecos de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, donde López Obrador hizo el “compromiso”, el domingo, de hacer una consulta popular “para que el pueblo decida si quiere que continúe la reforma energética o que se cancele y se recuperen los bienes del pueblo y de la nación que han sido entregados a particulares”.