Aunque mucho se está escribiendo -con justa razón- sobre la necesidad de que los países latinoamericanos sigan los pasos de China, India y otros países que se han insertado exitosamente en la economía global, también es cierto que una gran cantidad de latinoamericanos ni siquiera están integrados a la economía de sus países.

Según varios estudios, más de la mitad de los Latinoamericanos operan en la llamada economía informal, o subterránea. Un estudio reciente de 12 países de América Latina realizado por el Instituto Libertad y Democracia y el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece algunos datos alarmantes:

El 65 por ciento de las propiedades urbanas en América Latina son ''extra-legales''. Sus dueños no tienen documentos de propiedad válidos que les permitirían, por ejemplo, usar su propiedad como garantía para obtener un préstamo bancario para crear una empresa.

El 76 por ciento de las propiedades rurales en Latinoamérica son ''extra-legales''. La mayoría de ellas son viviendas construidas en terrenos del Estado, que han sido ocupados por grupos de campesinos.

El 92 por ciento de las empresas en América Latina son ''extra-legales''. Aunque muchas tienen un papel con algún tipo de registro, no tienen los documentos legales requeridos para emitir acciones, obtener créditos, o realizar trámites para importar o exportar productos.

El valor total de los activos ''extra-legales'' en América Latina suma $1.2 trillones . Este ''capital muerto'' es varias veces mayor al de las inversiones extranjeras y las reservas bancarias de la región.

Un estudio separado de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist afirma que ``por lo menos la mitad de la población latinoamericana, o sea unos 258 millones de personas, no tienen acceso a los servicios financieros formales''.

El Banco Grameen del Yunus, el flamante premio Nobel, ofrece micro-créditos a los más pobres de los pobres, para ayudarlos a comprar una vaca, unos cuantos pollos o una máquina de coser. El banco no pide garantías, sino que confía en la presión grupal: los préstamos -que promedian unos $200- son dados a grupos de cinco personas, de los cuales dos reciben el dinero, y los otros tres deben esperar a que el dinero sea devuelto al banco antes de poder exigir el desembolso de sus propios préstamos.

Aunque ya existen muchos bancos del estilo del Graneen Bank en América Latina, la mayoría de ellos en Bolivia y Nicaragua, y aunque cada vez más de los grandes bancos comerciales se están metiendo al negocio de los micro-préstamos, muchos expertos en pobreza dicen que el alcance de estos micro-créditos es limitado.

Los micro-créditos ayudan enormemente a que los más pobres entre los pobres puedan subsistir, pero no son una herramienta eficaz para lograr que la mayoría de los pobres en Latinoamérica puedan recibir préstamos de más dinero - como $5 mil o $10 mil- que les permita abrir un taller mecánico u otro negocio, contratar empleados, y convertirse en pequeños empresarios.

El economista peruano Hernando de Soto, un pionero en el estudio de la economía informal mundial quien debería haber compartido el Nobel de Yunus, y no sería de extrañar que lo gane en el futuro, ha argumentado por muchos años -más recientemente en su libro, El Misterio del Capital- que la mejor receta para reducir dramáticamente la pobreza sería darle a los personas derechos de propiedad y una identidad comercial válida, que les permitiera ingresar en la economía legal.

Eso permitiría que decenas de millones de latinoamericanos que viven en la pobreza utilicen sus casas -por más humildes que sean- como garantías para obtener préstamos bancarios que les permitan empezar pequeñas empresas, o para convencer a otros más allá de su familia inmediata de que les presten dinero para nuevos proyectos comerciales. Actualmente, sólo las élites latinoamericanas tienen acceso a la mayoría de las herramientas para crear riqueza.

''En América Latina, necesitamos derechos facilitadores'', me dijo De Soto en una entrevista reciente. ``Tenemos muchas reglas prohibitivas, que no nos permiten hacer esto o lo otro, pero no tenemos derechos facilitadores, que nos permitan hacer transacciones comerciales con desconocidos''.

Mi conclusión: el premio Nobel de Yunus es bien merecido. Pero para reducir la pobreza dramáticamente en la mayoria de los países latinoamericanos, la primera prioridad debería ser regularizar los derechos de propiedad, y hacer que las millones de personas que viven en la economía subterránea ingresen en la economía formal. Si uno quiere que el capitalismo funcione, hay que permitir que todos tengan las herramientas para ser capitalistas.