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10/04/2018 | Brasil - La caída de Lula

América Economía Staff

El encarcelamiento del candidato presidencial brasileño que lidera en las encuestas, con un apoyo del 37% de las preferencias, debería marcar el fin de su carrera política. Pero no es seguro que así sea.

 

A los 72 años de edad, Luiz Inacio Lula da Silva ha sido sentenciado a 12 años de cárcel tras ser condenado por uno de los cargos de corrupción  en su contra. Pero incluso si tiene éxito en el último recurso legal que le queda -lograr que un tribunal revierta o reduzca la sentencia- enfrenta otros cinco cargos de corrupción. El sistema institucional de Brasil inhabilita como candidatos presidenciales a quienes estén cumpliendo una condena, pero hasta ahora Lula insiste en su inocencia y no ha dicho que abandona su candidatura para la elección presidencial del 7 de octubre próximo.

No deja de ser irónico que el primer ex presidente brasileño condenado y encarcelado por corrupción en la historia de Brasil sea también el más exitoso y el más popular. Durante su gobierno, entre 2003 y 2010, Brasil encabezó el super boom de las materias primas que trajo diez años de sostenido crecimiento a América Latina. Sus políticas sociales sacaron de la pobreza a decenas de millones de brasileños que por primera vez en sus vidas pudieron comprar automóvil, vivir en casa propia y hasta tener vacaciones. Su exitoso programa de subsidios directos en efectivo a las familias pobres a cambio de que enviaran a sus hijos a la escuela y a los consultorios de salud a vacunarse y someterse a exámenes médicos, mejoraron significativamente los indicadores de salud, alfabetismo y educación del país. Es cierto que la sucesora que Lula designó, Dilma Rousseff, terminó por hundir a Brasil en su peor crisis económica en 100 años. Fue Lula quien también estableció el sistema de incorruptibles jueces investigadores independientes para casos de corrupción que permitieron destapar el mayor escándalo de corrupción política en la historia de Brasil, que ha terminado poniendo en la cárcel al propio Lula.

No sólo eso. El carismático ex presidente mostró también un talento diplomático excepcional y una increíble capacidad para forjar alianzas, logrando tener simultáneamente apoyo de los pobres y de los ricos. Lula, el primer presidente brasileño nacido en la pobreza, no sólo fue amigo de los pobres sino aliado de los empresarios.

Pero una cosa es ser business friendly y otra muy distinta es aceptar sobornos a cambio de dar contratos. Durante el gobierno de Lula se inició el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. El monopolio petrolero estatal Petrobras comenzó a dar contratos de infraestructura a las grandes empresas de ingeniería brasileñas -Odebrechet, Camargo Correa, OAS y otras- a cambio de que ellas financiaran bajo cuerda las campañas políticas del Partido de los Trabajadores (PT), el partido político al que pertenece Lula. Los sobornos alcanzaron al Poder Legislativo y sus tentáculos se extendieron a varios otros países de América Latina, dado que Odebrecht, OAS y otras empresas brasileñas operan en toda la región. Odebrecht, en particular, se convirtió en la práctica en una multilatina de la corrupción, y ramificaciones de su operación en Perú y México obligaron a renunciar recientemente al presidente de Perú y han detonado procesos judiciales contra el gobierno mexicano.

Entre los precandidatos a las elecciones presidenciales de Octubre próximo, Lula más que duplica en las encuestas al que ocupa el segundo lugar. Muchas voces reclaman que quitarle el derecho a competir es un golpe contra la democracia, perpetrado por los jueces que lo han investigado y juzgado. Pensamos que, muy por el contrario, es Lula quien ha perdido el derecho a competir para presidir Brasil por tercera vez, en primer lugar porque así lo ha determinado la justicia –hasta ahora-, por haber aceptado un soborno en la forma de un departamento cedido por la constructora OAS. Pero más allá de ese hecho, pensamos que Lula ha perdido moral y políticamente ese derecho por haber abierto las compuertas para que Petrobras se transformase en la caja pagadora del PT y de otros favores políticos, y por haber así hundido a Brasil en una grave crisis institucional que aún no termina.  Lula es el más popular en las encuestas, pero también el más rechazado, lo que demuestra a qué punto divide al país.

Haya sido o no Lula el cerebro del escándalo Lava Jato -no se sabe si lo fue-, sin duda supo de su existencia e hizo vista gorda, sin medir cómo la corrupción destruiría el tejido institucional del país. La corrupción es una de los problemas más graves y más difíciles de erradicar en América Latina. Infiltra los gobiernos, los parlamentos y hasta los tribunales de muchos países, como lo demuestra en forma extrema el caso de Venezuela. La corrupción alienta proyectos de inversión que no tienen rentabilidad social, desincentiva la meritocracia y hace a la ciudadanía perder la confianza en sus instituciones.

La situación de Brasil es especialmente delicada en esta coyuntura en que el país, por fin, comienza a recuperarse de la recesión más profunda de su historia. Cualquiera sea el gobierno elegido en octubre, tendrá que hacerse cargo de una difícil situación fiscal, ajustar cinturones y enfrentar la insostenible hemorragia del sistema de pensiones del sector fiscal. Acometer esa tarea, de por sí ya difícil, se complicará mucho si la atención sigue puesta en los destinos personales o políticos de un ex presidente que es candidato a presidente y a quien los tribunales no permiten ser presidente.

Pero este duro trance para Brasil abre las puertas a una limpieza necesaria de su sistema político, en el que el poder judicial ha actuado como punta de lanza, contando con el apoyo de vastos sectores de la población, aunque en un ambiente altamente polarizado. Por ahora, permanece ese proceso de división en el país y de incertidumbre sobre lo que vendrá.

América Economía (Chile)

 



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