Crece la insatisfacción por la forma en que la ONU maneja las demandas de sus empleados, problema que, una vez más, ha dejado en claro el caso de Ruud Lubbers. Además, se pone en duda la independencia de los procesos. El personal es sometido a fuerte presión para que no proteste por las condiciones laborales, porque podrían desprestigiar a la ONU.
Al parecer, las normas éticas que la Organización de las Naciones Unidas impone al mundo exterior no rigen para sus propios empleados. El personal de la ONU no puede entablar una demanda ante un juez nacional por un conflicto laboral. Para tal efecto, los empleados deben someter el caso a un Tribunal Administrativo especial de la ONU, (UNAT, según su sigla en inglés). Funcionarios vinculados a organismos de la ONU, como la OMS y la FAO, pueden acudir a un Tribunal Administrativo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo (ILOAT, también según su sigla en inglés).
Los empleados de la ONU gozan de inmunidad, es decir, no pueden ser procesados por tribunales nacionales porque, de lo contrario, la ONU, en su condición de organización supranacional, no podría desplegar una tarea efectiva. Si el personal de la ONU pudiera ser demandado en cada país donde está activo el organismo, los Estados podrían, siempre que les convenga, boicotear una enérgica ejecución de tratados y resoluciones. Pero, el inconveniente de esa inmunidad jurídica es que los trabajadores de la ONU tampoco pueden recurrir a un juez nacional independiente.
A raíz de esa situación se da la imposibilidad de tratar de manera independiente las demandas en el seno de la ONU. En todo caso, según escribe el juez Geoffrey Robertson, del Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Guerra en Sierra Leona, "no necesariamente se emiten veredictos favorables a la ONU, al menos ése es el caso en un 63%". A pedido de la OIT, el magistrado redactó un documento sobre el funcionamiento de la administración de justicia en el seno de la ONU, en el que consigna una opinión demoledora. "Las lagunas jurídicas en el ámbito de los derechos humanos provocan un sentimiento de iniquidad".
Como ejemplo de ese tipo de laguna legal, Robertson menciona el hecho de que rara vez, o nunca, se interroga a las personas. Los magistrados pronuncian sentencia basándose exclusivamente en documentos. Al mismo tiempo, la imposibilidad de recurrir un dictamen de los tribunales de la ONU ha llevado a Robertson a concluir que en los procesos "faltan las características esenciales de transparencia e independencia".
Joost van Wielink, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Amsterdam, y sus estudiantes comparten esa opinión. "La inmunidad de la organización no constituye ningún problema, siempre y cuando, las demandas se traten de manera transparente e independiente. En la medida de lo posible, los jueces no deben tener nexos con la ONU, e incluso sería más conveniente que incluso físicamente estuvieran en otro edificio.
El docente opina además que los Estados integrantes de la ONU también tienen la obligación de exigir un tratamiento independiente de las demandas en el seno de la organización internacional. "De hecho, es posible que incluso se pueda apelar al Tratado Europeo para los Derechos Humanos, el cual contempla que los países miembros deben garantizar una administración de justicia independiente a todos los ciudadanos en sus territorios. Al respecto, Suiza podría reclamar la aplicación del tratado, ya que muchas organizaciones de la ONU tienen su sede en Ginebra.
Tratándose de hechos delictivos, los funcionarios de la ONU pueden ser procesados por tribunales nacionales. De darse esa situación, la ONU debe ante todo levantar la inmunidad del sospechoso, aunque también puede abstenerse de hacerlo. Ése fue el caso en el que estuvo involucrado el Jefe de Protocolo de la oficina de las Naciones Unidas, el turco Mehmet Ulkumen, quien, en 1994, fue acusado de haber amenazado, agredido y violado a varias mujeres de la ONU. Ulkumen recibió sólo una pena disciplinaria y seis semanas de suspensión.
De presentarse un recurso ante Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, los empleados de la ONU podrán iniciar un proceso civil ante un juez nacional, en caso de que la administración de justicia en el seno de la ONU no haya sido independiente, opina Joost van Wielink. De todas formas, ahora lo único que resta es esperar al primero que ose ejercer ese derecho y apele a la aplicación del Tratado Europeo de Derechos Humanos.
