Quienes las mataron desde un vehículo, con fusiles de asalto y pertenecientes a la pandilla Barrio 18, lanzaron varios carteles que quedaron difuminados por el suelo a modo de advertencia a los vecinos: “Para la gente del Búcaro, nuestra guerra era entre pandillas, contra los MS (Mara Salvatrucha), pero les peló el culo a la población meterse a matar a uno de los nuestros. Ahora parejo vamos a matar”. Este múltiple asesinato sigue impune sin que se haya detenido a nadie, tal como ha sucedido con la mayoría de las 1.587 muertes por causas asociadas a hechos criminales contabilizadas en los cuatro primeros meses del año en Guatemala, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las víctimas de las pandillas siempre son las mismas: jóvenes pertenecientes a maras rivales, muchos de ellos menores de edad, o los conductores de autobús, taxistas y comerciantes que se niegan a pagar la extorsión que les exigen estos grupos criminales, que llegan a controlar barrios enteros en los que ni siquiera se atreve a entrar la policía, salvo cuando el Gobierno lleva a cabo una gran operación para dar la imagen de que está luchando contra este fenómeno.

Entre 2014 y 2018, se han detenido a 881 personas, según datos de la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión. Sin embargo, poco importan estos golpes policiales, ya que las cárceles del país son las ‘oficinas’ de estos grupos, desde donde los líderes ordenan los asesinatos y coordinan las millonarias extorsiones que tienen atemorizada a la población más humilde del país. Solo la última estructura desarticulada habría obtenido bajo amenazas 189.000 quetzales (23.000 euros).

Policías y militares en las pandillas

El Gobierno no ha puesto mucha atención en poner fin a las pandillas, que se nutren de jóvenes en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales han sufrido abusos físicos o sexuales y que consideran a estos grupos la ‘familia’ que no han tenido. No solo reciben el ‘cariño’ de sus miembros, sino también recursos económicos y drogas a cambio de reclamar la extorsión a los vecinos de su barrio y de asesinar, incluso descuartizando. En distintas operaciones policiales se ha visto que también hay personal del Estado vinculado a las pandillas, tal como puso de manifiesto la detención hace unas semanas de un comisario de la Policía y un coronel del Ejército de Guatemala, pertenecientes a la Mara Salvatrucha.

Ellos no son una excepción y, por ello, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un organismo de la ONU que desde 2006 trabaja en algunos casos de alto impacto con la Fiscalía del país- se ha comprometido a prestar su apoyo para combatir a los agentes de la Policía Nacional Civil que están incrustados en las pandillas, reconociendo con ello la gravedad del problema. Precisamente la semana pasada fue detenida una joven de 23 años en el interior de una academia policial, donde se estaba formando para ser agente, pese a que pertenecía a la MS-13 y tenía una orden de detención por extorsión, trata de personas y lavado de dinero.

En marzo, el propio ministro de Interior de Guatemala, Enrique Antonio Degenhart, envió una carta al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, para pedirle su apoyo a la hora de perseguir a los agentes de policía que forman parte de las dos grandes pandillas que siembran el pánico en determinadas zonas del país, integradas por unos 22.000 miembros (17.000 de Barrio 18 y 5.000 de la Mara Salvatrucha), según un estudio realizado en 2012 por la Florida International University de Miami.

Sin embargo, el recién nombrado ministro quiere ir más allá y emular a los países vecinos, Honduras y El Salvador, declarando una guerra abierta contra las pandillas. Para ello, ha propuesto al Congreso de Guatemala que reforme el Código Penal para tipificarlas como organizaciones terroristas, ya que, a su juicio, es una “necesidad del pueblo” teniendo en cuenta que “además de violencia y homicidios, generan extorsiones que tienen a los comerciantes de rodillas”.

“Los guatemaltecos estamos sufriendo los embates criminales de estas estructuras que tienen armamento bélico pesado y que están dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos”, sostuvo Degenhart. El ministro defiende que, declarando terroristas a los pandilleros, se reducirán los índices de violencia en un país donde la tasa de homicidios se sitúa en 24,2 por cada 100.000 habitantes, según la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Ello se traduce en 5.384 muertes asociadas a hechos criminales en 2017, la mitad atribuidas por las autoridades de Guatemala a las pandillas y a los grupos vinculados al narcotráfico.

El titular de Interior ha ido más allá y ha anunciado que solicitará a EEUU incluir a las pandillas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esta petición va en sintonía con la política del presidente estadounidense, Donald Trump, quien considera prioritario eliminar a la Mara Salvatrucha, que ha causado 17 asesinatos desde enero de 2016 en la zona de Long Island, Nueva York. En julio de 2017, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, se reunió en El Salvador con sus homólogos de este país, Honduras y Guatemala para cooperar en la lucha contra la MS-13 que, según apuntó, cuenta con “más de 40.000 miembros, incluidos 10.000 en EEUU”.

“En El Salvador se han fortalecido”

Para la Directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Carmen Rosa de León, quien lleva muchos años investigando la inseguridad en Guatemala, la medida de declarar terroristas a los pandilleros es “populista”. A su juicio, el Gobierno de Guatemala pretende achacar a estos grupos toda la violencia que sufre el país, cuando la realidad es que solo “el 10%” de los 24.000 presos que hay en las cárceles pertenece a una pandilla.

Además, señala que la “política de mano dura” de El Salvador ha “complejizado” aún más el problema, dado que las pandillas, con unos 60.000 miembros, “se han fortalecido” después de que la Corte Suprema de Justicia calificara en agosto de 2015 a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como “organizaciones terroristas” tras rechazar cuatro recursos que consideraban inconstitucional esta medida. Ello supone penas de prisión que oscilan entre los 15 y los 60 años para los líderes pandilleros a quienes se considera terroristas, al igual que a los miembros de ambos grupos, los colaboradores, apologistas y financiadores.

“En la lógica de las pandillas, declararlas terroristas, es convertir a sus miembros en casi héroes”, advierte De León, porque “ahora tienen que pelear contra las autoridades, lo que pone en mayor riesgo a las fuerzas de seguridad que pasan a ser objeto directo del ataque de las pandillas”. Así, explica que pasan de una “pelea territorial” entre las bandas a convertirse en un “fenómeno de ataque a las instituciones, lo que les da mayor capacidad de organización”.

Por otro lado, apunta que cuando se desarticula una de las ‘clicas’ (grupos en los que se dividen las pandillas), solo el 10% de sus miembros tiene categoría de líder, mientras que el resto suelen ser menores a quienes se utiliza como sicarios, o mujeres a quienes se encarga la labor de vigilancia y de recogida del dinero exigido a través de la extorsión. “Con la nueva calificación, todos serían terroristas sin que haya clasificación por diferente grado de responsabilidad en la pandilla”, avisa.

El Congreso de Honduras también aprobó en febrero de 2017 una reforma a su Código Penal para tipificar como terroristas a las pandillas que también acechan a ese país exigiendo bajo amenaza de muerte la extorsión, lo que se tradujo en penas de prisión de hasta 50 años para sus miembros que extorsionen o la cadena perpetua para quienes cometan un asesinato contra el que no pague el también denominado ‘impuesto de guerra’. Con esta iniciativa, el Gobierno de Juan Orlando Hernández pretende disminuir la violencia, con una tasa de 42,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, hasta alcanzar la cifra de 3.791.

Guatemala es el último país de los tres que integran el Triángulo Norte de Centroamérica que aún no ha tipificado como terroristas a las pandillas, una medida que no comparte el analista de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Walter Menchú, quien recuerda que estas organizaciones “no tienen fines políticos”. A su juicio, sería una solución de “corto plazo”, cuando sostiene que lo que debería hacer el Congreso es “hablar de prevención” y aprobar iniciativas que “den oportunidades a los jóvenes” con el fin de cambiar sus condiciones de vida y evitar que vean un atractivo en las pandillas.

"La política de mano dura aumenta la violencia"

En similares términos se expresa el investigador de Diálogos GT, Carlos Mendoza, quien critica que la propuesta del ministro de Interior va en la “dirección equivocada” y la tacha de “populista punitiva”. “Cuando se asumieron las políticas de mano dura en El Salvador la violencia se incrementó porque este tipo de organizaciones criminales son muy resilientes y cuando las golpeas se fortalecen”. Además, considera que tipificar como terroristas a los pandilleros supone “violar el principio de inocencia, porque ya de entrada se está criminalizando a estos jóvenes, quienes no por estar en la pandilla necesariamente implica que estén cometiendo hechos criminales”.

“Se corre el riesgo de que el Estado dé un cheque en blanco a la policía y cometa muchos abusos de llevar a la cárcel a jóvenes, que tal vez solo son simpatizantes de las pandillas y se visten de forma similar, usan tatuajes o se comunican con señas, pero eso no les hace criminales”, advierte Mendoza, quien aboga por “atacar las condiciones socioeconómicas que propician que los jóvenes entren en las pandillas y eso tiene que ver con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en educación y empleo”.

Asimismo, incide en que “no se puede decir” que las pandillas sean el principal detonante de la violencia en Guatemala, dado que solo cometen “el 10 por ciento de los homicidios”. Así, asegura que hay mucha violencia homicida en el país que no se ha explicado y que “posiblemente tiene que ver con las relaciones interpersonales, conflictos de otro tipo, cuestiones de celos, deudas o venganzas, pero no necesariamente con crimen de pandillas por extorsiones”.

Igual opinión mantiene el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, quien cree que tipificar como terroristas a las pandillas “no es la solución al problema de fondo de la violencia” y espera que esta decisión no suponga una “limpieza social”, ya que, según recuerda, toda persona que delinque tiene que ser sometida a un proceso judicial.

Sin embargo, la línea del Ejecutivo va por otro lado. El presidente Jimmy Morales llegó a calificar de “terrorista” el asesinato a balazos de 7 personas en el principal hospital de Ciudad de Guatemala en agosto de 2017 por parte de pandilleros de la Mara Salvatrucha, con el fin de lograr que uno de sus líderes, que había sido trasladado desde la cárcel, pudiera escapar. Las pandillas también han llegado a recurrir a la colocación de paquetes explosivos en los autobuses como represalia por no haber recibido el cobro de la extorsión, tal como sucedió en 2016, causando la muerte de dos personas, y en el 2011 cuando una bomba dejada por una mujer en una mochila acabó con la vida de 7 pasajeros. Estos atentados han llegado a afectar a los intereses españoles en Guatemala, después de que en noviembre de 2017, asesinaran a tiros a cuatro vendedores de Movistar que ofrecen en la calle teléfonos y tarifas telefónicas y de Internet.

“Estado de sitio para combatir a las pandillas”

Esta serie de ataques indiscriminados han provocado, incluso, que el diputado del conservador Partido de Avanzada Nacional, Fernando Linares, presentara el pasado mes de febrero una iniciativa de ley, pendiente de ser votada en el Congreso, que contempla una reforma a la Ley de Orden Público. Su objetivo es que el Gobierno pueda decretar el Estado de Sitio cuando lo considere necesario, con el fin de combatir de manera “fuerte y sólida” a las pandillas, que “tienen de rodillas a la población”. “Ello limitaría las garantías constitucionales y se podrían hacer allanamientos si hay indicios de que hay pandilleros en una casa, lo que afectaría a sus habitantes, pero quien nada debe, nada teme”, sentencia el parlamentario.