Al principio de su administración, Enrique Peña Nieto se tomó la foto con 19 gobernadores, la mayoría de los cuales pertenecían al PRI; incluso elogió a la “nueva generación” de militantes priistas que lo acompañaba en su gestión. Sin embargo, su triunfalismo se desdibujó en 2016, cuando perdió siete gubernaturas y varios de los priistas salientes acabaron inmersos en señalamientos de corrupción. Este conjunto de hechos es reseñado en el libro más reciente del reportero Jenaro Villamil, Cleptocracia. El nuevo modelo de la corrupción, en el que documenta cómo el Estado fue capturado por élites que se sienten amenazadas ante un eventual desplazamiento del poder. Con autorización de la editorial Grijalbo, aquí se publican fragmentos del volumen, que ya se encuentra en circulación y que se presentará el próximo jueves 24 de mayo a las 19 horas en la Casa Lamm por Jo Tuckman y Ricardo Peralta.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su toma de protesta como
presidente de México –el 1 de diciembre de 2012–, Enrique Peña Nieto se tomó
una foto en Palacio Nacional con 19 gobernadores que lo acompañaron. La mayoría
son priistas. Y gran parte de ellos apostaron, apoyaron e invirtieron en su
campaña desde 2010. De aquellos 19 mandatarios estatales, 11 enfrentan ahora
cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos, están prófugos o han
ganado amparos para protegerse. El panorama de esa “nueva generación” de
priistas en el poder cambió radicalmente en seis años. Veamos los principales
casos:
1. El cuestionado gobierno de Rodrigo Medina Mora en
Nuevo León tuvo como consecuencia que el PRI perdiera la gubernatura en 2015;
Medina ha sido señalado por su sucesor, el “independiente” Jaime Rodríguez, El
Bronco, quien lo acusó por desvío de millones de pesos durante su
administración. Sin embargo, la Operación Tornado del gobierno neoleonés –que
investiga a 60 exfuncionarios– generó más expectativas que resultados
concretos. Medina estuvo recluido 18 horas en el penal de Topo Chico, en enero
de 2017, y salió gracias a un amparo tramitado por sus abogados. Se le acusó de
manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero su sucesor no lo pudo comprobar. Se
le siguió un proceso judicial por ejercicio indebido de funciones.
2. Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco cuya
gestión en la gubernatura provocó que en 2012 el candidato del PRI fuera
derrotado en las urnas por Arturo Núñez, del PRD. Granier fue detenido en 2013,
acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos, proceso contra el cual se
amparó. Desde junio de 2013 se encuentra preso en la Torre Médica del penal de
Tepepan (Ciudad de México).
Asimismo, tiene otra acusación pendiente por el desvío de
196 millones de pesos en el sector salud. Su hijo –Fabián Granier
Calles–también estuvo preso, pero salió libre bajo fianza.
Andrés Granier se volvió un ejemplo de excesos y
frivolidades dentro de los gobiernos tabasqueños. Desde sus 400 pares de
zapatos, sus mil camisas presumidas en un audio, hasta las fiestas en la casa
de gobierno, el mandatario priista superó por mucho la herencia de cleptocracia
de Roberto Madrazo. Extendió sus tentáculos de corrupción hasta Yucatán.
3. César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua
cuya mala administración provocó la derrota del tricolor ante la oposición en
2016. Sobre él pesan más de 11 órdenes de aprehensión y varios cargos por
peculado electoral, que suman alrededor de 250 millones de pesos; además
enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de dinero a través de banco
Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos. Actualmente
se encuentra prófugo. Se presume que está en Estados Unidos.
Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua apoyado
por su principal padrino político, el senador Emilio Gamboa Patrón. Hizo y
deshizo en su entidad durante seis años sin que nadie lo frenara. Su gasto
intensivo en comprar medios de comunicación formó parte de sus excesos. En 2012
destinó 808 millones de pesos en gastos para medios, 772 millones en 2013, 602
millones en 2014, 602 millones en 2015 y en 2016, año en que el PRI perdió la
gubernatura, destinó 328 millones de pesos a ese rubro, según los datos
oficiales de la Oficina de Comunicación Social.
4. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de
Veracruz; tampoco logró que el PRI refrendara la gubernatura en 2016. Ese año
triunfó su acérrimo adversario, el expriista Miguel Ángel Yunes. A Duarte se le
considera uno de los casos más escandalosos de corrupción en los últimos años.
Acusado por la Auditoría Superior de la Federación de
desvío por más de 36 mil millones de pesos del presupuesto público, ha sido
señalado de encabezar una red de más de 400 empresas fantasma que le sirvieron
para el lavado de dinero y presuntas operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Huyó del país en octubre de 2016, en vísperas de dejar el gobierno.
Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, cuando salía de un hotel, y en
julio del mismo año fue extraditado a México. Se le sigue un largo y complejo
proceso jurídico, del cual se excluyen los delitos de lesa humanidad cometidos
durante su gobierno y denunciados por activistas, ciudadanos, medios locales e
incluso organismos internacionales.
El desastre que dejó en Veracruz no se refiere sólo a la bancarrota
del erario. La bancarrota moral fue incluso más grave: miles de desaparecidos,
un enfrentamiento constante con los periodistas, hasta lograr el triste récord
del estado con más reporteros asesinados, secuestrados o desplazados; un
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que se convirtió en el
jefe del crimen organizado en la entidad; una colección de excesos autoritarios
y de casos tan graves como Los Porkys –que alcanzó notoriedad nacional–,
gracias al apoyo de una red empresarial corrupta.
5. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien
también ocasionó la derrota del PRI en la contienda electoral por la
gubernatura en 2016. Se le acusa de presunto “lavado de dinero” y desfalco al
erario estatal por 900 millones 99 mil pesos, derivados de la venta irregular
de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados. También tiene
investigaciones pendientes por presunto peculado electoral, que sumaría unos
200 millones. Una más: supuestamente está asociado, junto con César y Javier
Duarte, a una red de empresas fantasma para desviar recursos a las campañas.
Huyó del país, pero fue detenido en Panamá y extraditado a principios de 2018.
Borge fue protegido y apadrinado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari,
con quien presumió no sólo su amistad, sino sus excesos. Gastó del erario más
de 500 millones de pesos tan sólo en rentar aviones para sus viajes personales.
6. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que dejó el
gobierno en 2016. Primero fue acusado de encubrir al narcofiscal Édgar Veytia,
señalado por la DEA de ser el principal operador en la distribución y
producción de drogas en su propia entidad; Sandoval insistió una y otra vez que
él “ignoraba” lo que su propio exfiscal hizo.
En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó
una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de
pesos. Su red de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también
de una red de empresas fantasma.
7. Mario Anguiano, exgobernador de Colima, acusado también
de desviar 170 millones de pesos del erario; fue inhabilitado por el Congreso
del estado para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar
multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades en las cuentas
del presupuesto de 2013 a 2015.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio
de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12
meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió
cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.
8. Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, es
señalado por participar también en una presunta red de desvío de millonarios
recursos a las campañas electorales de 2016, la cual perdió su partido (PRI)
ante Francisco García Cabeza de Vaca.
Torre Cantú llegó a la gubernatura tras el asesinato de
su hermano Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, uno de los casos más graves e
impunes de atentados contra un candidato priista en Tamaulipas, entidad
dominada por los tres cruces del crimen organizado: el cártel del Golfo, el
cártel de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.
9. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, dos
exgobernadores priistas también de Tamaulipas, antecesores de Egidio Torre
Cantú, han sido detenidos y acusados de encabezar una presunta extensa red de
lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado, según cortes federales
de Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en Estados Unidos
piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila
(2011).
Los casos de Yarrington y Hernández constituyen, sin
duda, los ejemplos más acabados de narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se
extienden hasta el Estado de México (tema que líneas abajo analizaremos).
10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán,
quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de
fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la
administración de Fausto Vallejo, también expriista).
Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en
2014, quien estaba aquejado por una serie de enfermedades, pero también por la
crisis de gobernabilidad que condujo a la creación de las autodefensas,
lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el cual se enfrentó a los grupos
de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, cárteles que dominaron
las principales zonas de trasiego de la droga.
11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno
de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura
presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados Unidos por vínculos
con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el
manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda
pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos.
En enero de 2016 Moreira fue detenido en Barcelona,
España, pero unos días después fue liberado. Retornó a México como mártir. Se
confrontó públicamente con su hermano y sucesor en Coahuila –Rubén Moreira– y
aspiró a ser diputado local por el Partido Joven, una agrupación con su
impronta.
A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la
Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la
Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra
líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que
los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los
gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera
y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a
cambio de millonarios sobornos.
El informe señala que desde 2004 Los Zetas apoyaron con
10 millones de dólares la campaña de Fidel Herrera, exgobernador del PRI,
corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su protegido y sucesor
Javier Duarte; Herrera negó “categóricamente” a la prensa haber recibido
“dinero ilegal alguno” del narcotráfico.
El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con
el cártel de Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco
Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho Colorado, señalado en varios
reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres
y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT
Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.
12. La administración del exgobernador del Estado de
México Eruviel Ávila terminó en 2017, después de un desaseado proceso electoral
para que el PRI retuviera la gubernatura de esta entidad. Los escándalos
involucran a su administración con la compañía española OHL en las ampliaciones
y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto Bicentenario y el
Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de llamadas telefónicas vinculó a
dos funcionarios de su gobierno –Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones, y
a la consejera jurídica Luz María Zarza–con operaciones ilegales a favor de la
constructora.
Hábilmente, Ávila se ha desmarcado de la crisis de
seguridad pública en su propia entidad. Fue aspirante a la candidatura
presidencial del PRI, pues pensó que la victoria de ese partido en 2017 lo
podía ayudar en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas semanas al frente del PRI
en la Ciudad de México, para dejarle el control a los tecnócratas cercanos a
José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de Ávila se mantienen. Y es
quizá de los pocos precandidatos que estarían en condiciones de sustituir a
Meade ante cualquier circunstancia.
13. La corrupción no fue exclusiva de los gobernadores
priistas. Está el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés,
detenido en 2016 por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y
defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando ante los jueces varios casos.
El juez duodécimo de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de
México le dictó auto de libertad por el delito de lavado de dinero por 8.8
millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva por defraudación fiscal.
14. En aquella fotografía de 2012 con Peña Nieto también
aparece el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó la entidad en
medio del escándalo provocado por la inseguridad pública, la corrupción y la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre buscó al PRD en 2010 para contender por la
gubernatura tras perder la nominación priista (cargo que ocuparía por segunda
vez, pues de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador interino). Siempre tuvo
el apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México para ganar en una
entidad que el perredismo había gobernado durante más de una década, en medio
del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia generada por el
crimen organizado y los grupos disidentes, así como la fuerte presencia del
Ejército.
Éste es el panorama a casi seis años de distancia. Nunca
como en este periodo toda una generación de exgobernadores priistas había sido
acusada y señalada de tantos delitos, como peculado, lavado de dinero, desvío
de fondos públicos, quebrantos multimillonarios al erario En la mayoría de los
casos no hubo ninguna acción por parte de la Secretaría de Hacienda o la
Secretaría de Gobernación, las cuales debieron haber alertado del enorme daño
que causarían en las entidades.
En este periodo se agudizó una tendencia marcada en 2000,
con la llegada de los gobiernos de alternancia entre el PRI, PAN y, en menor
grado, PRD: a mayor incertidumbre de permanencia de los partidos en un gobierno
estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las formas de peculado y
triangulación de fondos.
Un recuento publicado por el periódico Reforma el 11 de
febrero de 2018 dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de cada 10 gobernadores ha
sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de cleptocracia
en sus estados. De 129 mandatarios en estos 17 años, 11 gobernadores imputados
son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de coalición, el de Chiapas, Pablo
Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, nueve de estos exgobernadores
del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron acusados por desfalco, desempeño
irregular en la función pública y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con Peña Nieto se dio el auge y caída del fenómeno de los
“virreyes” priistas. Es decir, lo que fue el “sindicato de gobernadores”
formado desde el zedillismo para protegerse, apoyarse y “tomar por asalto” la
Presidencia de la República en 2012, amparados por el grupo político más
fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores electorales en el país: el
Grupo Atlacomulco.
Peña Nieto cobijó, protegió y fue cómplice de la mayoría
de estos casos por una razón evidente: él también fue el resultado de un pacto
de impunidad con su antecesor, el exgobernador Arturo Montiel, cuya aspiración
a la candidatura presidencial de 2006 se estrelló con los expedientes de sus
propiedades inmobiliarias, la vinculación de sus hijos con redes de corrupción
y miles de millones de pesos desviados.
Montiel cumplió con dejar a Peña Nieto al frente del
gobierno del Estado de México y éste nunca emprendió una investigación seria en
contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no aparecer más junto con su
tutor y pariente en lejano grado.
Como un sexenio antes lo hiciera Montiel con otros
exgobernadores priistas como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez
Soto (Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez (Coahuila), Fidel Herrera
(Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León), también Peña Nieto tejió su
propia “red de apoyos” con los gobernadores priistas que llegaron junto con él.
La complicidad fue muy básica: a cambio del desvío de recursos para su campaña
presidencial en 2012, el gobierno mexiquense de Peña Nieto apoyó e “invirtió”
(por supuesto, con dinero público o triangulado) en las operaciones
político-electorales de varias entidades. Una operación que se realizó frente a
las narices del gobierno panista de Felipe Calderón, y que no se hizo nada para
frenarla, sobre todo después de las elecciones federales de 2009 y de los
comicios estatales de 2010.
Ese modelo creó a los “virreyes” o “señores feudales” de
cada entidad que alcanzaron su máximo poder e impunidad durante los sexenios
panistas, pero que se quebró en el peñismo. Sirvió para recuperar la
Presidencia de la República en 2012, pero se fue derrumbando periféricamente
por las mismas razones que derivaron en sus derrotas electorales: la
escandalosa impunidad y corrupción que le costará al país y a cada una de las
entidades más de una década para que sean resarcidas.
***Estos fragmentos del libro Cleptocracia escrito por
Jenaro Villamil se publicaron el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la
revista Proceso.