El cambio que ha experimentado la sociedad colombiana desde la firma de la paz con las FARC, en 2016, queda reflejado en un dato. A pesar de la oposición a esos acuerdos, la principal preocupación de los ciudadanos es hoy la corrupción, por encima de la seguridad. Esa inquietud ha dominado los discursos de los candidatos que el domingo se disputan la presidencia, el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. La primera gran cita del próximo mandatario, que asumirá el cargo en agosto, será una consulta anticorrupción, prevista para el 26 de ese mes.

 “Todos roban”. Esta quizá sea la queja más transversal y llana que sobrevuela las conversaciones de los colombianos. La sencillez del mensaje tiene sustento en el goteo constante de casos de corrupción que afectan a representantes públicos, nacionales y locales, y en la creciente desconfianza de la población hacia las élites tradicionales. La Contraloría, el organismo que audita las finanzas del Estado, calculó que la corrupción le cuesta al país más de 14.000 millones de dólares cada año (unos 12.000 millones de euros).

Aunque esta situación no constituye una novedad, desde que estallara el caso Odebrecht, la constructora brasileña que tejió una extensa red de sobornos en América Latina, el debate público comenzó a centrarse en la lucha contra las malas prácticas, la fiscalización de los recursos y la renovación de la clase dirigente.

Los dos candidatos, aun desde posiciones antitéticas, representan de alguna manera, para distintos electorados, esa regeneración. Duque, el favorito en estas elecciones presidenciales, nació en 1976 y, aunque cuente con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, ha desarrollado buena parte de su carrera en Washington y solo ha sido senador en la pasada legislatura. Petro, que ha sido impulsado por un calculado discurso antiestablishment, no es nuevo en política.

Fue alcalde de Bogotá, senador, miembro de la Cámara de Representantes y tiene también un pasado como militante del M-19, un grupo guerrillero desmovilizado en 1990. No obstante, siempre hizo de la lucha contra con la corrupción una bandera y un instrumento de denuncia. “El presidente que llegue va a tener que tomar medidas contra la corrupción. Va a tener que apoyar la consulta del 26 de agosto —que endurece las penas y añade condiciones de transparencia—, va a tener que aprobar algunas reformas”, opina Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “La pregunta”, prosigue, “es si va a hacer shows, es decir, denunciar corrupción sin más o va a tomar decisiones de fondo. En cualquier caso, creo que van a ser muy cuidadosos en nombrar a los cargos, porque la ciudadanía está pidiendo transparencia, meritocracia”.

Relaciones con Estados Unidos

La transición que afronta Colombia abre ahora un amplio mercado relacionado con las infraestructuras. Santos aseguró el miércoles que su Gobierno nunca recibió sobornos, aunque sí señaló al anterior Ejecutivo, encabezado por Álvaro Uribe. “Odebrecht estuvo en Colombia y sobornó a funcionarios del Gobierno anterior. En este Gobierno Odebrecht se presentó en 15 licitaciones, se ganó una que la construyó adecuadamente en Boyacá y el resto nunca ganó”, dijo.

Según Sergio Guzmán, analista de la consultora británica Control Risks, “las investigaciones saldrán bajo las próximas Administraciones y ciertamente se destaparán muchas cosas que tienen que ver con contrataciones públicas y licitaciones”. En su opinión, Duque tiene los números para presentarse como un político que lidere la regeneración. “Gran parte de los casos de corrupción que han venido sacudiendo en Colombia se han revelado con la colaboración de Estados Unidos, con la DEA (agencia antidroga) y el Departamento de Justicia. La relación con la DEA va a jugar un papel importante. Ese punto de colaboración va a ser fundamental en un Gobierno Duque. Las relaciones entre EE UU y Colombia mejorarían porque están de alguna manera alineadas”.