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28/06/2018 | Venezuela - El silencio cómplice de ecologistas globales ante el ecocidio minero

La Patilla

En 2016, el presidente Nicolás Maduro abrió una amplia franja de Venezuela a empresas mineras nacionales y extranjeras. Siguió los pasos de su predecesor Hugo Chávez , quien anunció planes para la Faja Minera del Orinoco , o el Arco Minero del Orinoco.

 

Chávez fue el “padre” de la idea, pero Maduro la implementó para compensar la disminución de los ingresos petroleros en la corporación petrolera nacional PDVSA debido a presunta corrupción y mala administración . 

La vasta área, unos 112,000 kilómetros cuadrados, cubre el 12 por ciento del territorio venezolano. Cruza ricos bosques tropicales, incluyendo la Sierra de Imataca en el este y el céntrico El Caura, así como las cuencas del río Orinoco y Caroní.

Todos estos son ecosistemas frágiles, que contienen las fuentes de agua y vida vegetal que proporcionan los mecanismos que regulan el medio ambiente y la generación de energía hidroeléctrica . Podrían verse seriamente afectados por un proyecto minero tan extenso que incluye reservas ambientales legalmente protegidas y comunidades indígenas.

Socios globales en ecocidio

En los dos años transcurridos desde que se abrió la primera mina, se perdieron 200 hectáreas de bosque entre diciembre de 2016 y abril de 2017 .

La deforestación y la contaminación por el uso de mercurio se han extendido al Parque Nacional Canaima, a pesar de que es un área protegida por la ley venezolana. Tanto las corporaciones internacionales como los militares venezolanos, responsables por ley de proteger el área, son los culpables de esta devastación ambiental, de acuerdo con los expertos en el área .

Entonces, ¿por qué ninguna de las organizaciones medioambientales globales está hablando al respecto?

Como periodista y académico canadiense-venezolano , he intentado responder a este acertijo paradójico.

La Faja Minera del Orinoco tiene grandes reservas de coltán (un mineral codiciado por la industria electrónica), bauxita, diamantes y oro. Roberto Mirabal, quien dirige el ministerio de minería, calcula su valor en alrededor de 2 billones de dólares .

Negocio sucio militar

Bajo un esquema de alianzas estratégicas, el gobierno venezolano otorgó concesiones mineras a una serie de empresas con sede en China, Rusia, Canadá, Sudáfrica, la República del Congo y Australia en 2016.

Pero las compañías extranjeras fueron expulsadas y reemplazadas por mineros no regulados, respaldados por militares en 2017.

En 2016, para dar legitimidad a la explotación de los recursos minerales por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Maduro creó CAMIMPEG, la empresa petrolera y minera de gestión militar de Venezuela .

Se alega que la FANB estuvo involucrada en el contrabando de diamantes y oro , estafó a mineros artesanales y trabajó con grupos guerrilleros, incluido el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y pandillas, mucho antes de la creación de CAMIMPEG.

Los pueblos indígenas que viven dentro de la Faja Minera del Orinoco han sido las principales víctimas de las intervenciones militares en las regiones mineras . En un extenso informe, el periodista Edgar López ha documentado los horrores asociados con la exploración del cinturón minero, calificándolo de un cóctel destructivo de ” crimen, corrupción y cianuro “.

Verdes ciegos globales

Dentro de Venezuela, la gente está hablando en contra de la actividad minera.

Los antiguos ministros y oficiales de Chávez han tratado de detener la minería allí, pero sus acciones fueron rechazadas por el máximo tribunal de Venezuela . Y varias organizaciones no gubernamentales venezolanas también han advertido contra los impactos dañinos del cinturón minero , sin resultados.

Pero poco se ha dicho sobre la actividad minera de Venezuela a nivel internacional.

Los principales grupos ecologistas, incluidos Greenpeace y World Wildlife Fund (WWF), han guardado silencio.

A partir de junio de 2018, no se menciona a Venezuela en el sitio web internacional de Greenpeace , “Orinoco mining” en el sitio web de WWF (aparte de un artículo sobre la pesca sostenible en Colombia ) o el Arco Minero .

Otras organizaciones como MiningWatch Canada no han publicado una declaración pública sobre la participación de Gold Reserve -una empresa minera de oro con sede en el estado de Washington- en el Arco , más allá de un tweet reciente y tímido después de haber sido presionado para decir algo sobre la asociación entre la minería canadiense corporación y el régimen venezolano.

Complicidad ideológica

Estos activistas verdes globales son generalmente ruidosos, ¿qué podría estar detrás de su sorprendente silencio?

Aquí hay algunas posibilidades:

En primer lugar, a pesar de tener industrias altamente contaminantes como el petróleo y la minería, Venezuela ha estado fuera del radar de las grandes ONG medioambientales porque alguna vez se consideró un país de ingresos medios. Un sesgo perceptivo podría estar guiando las actividades de defensa de tales organizaciones, que han sido muy elocuentes en algunos casos (por ejemplo, Chevron en Ecuador ).

En segundo lugar, la “revolución izquierdista” de Chávez, que favoreció a los pobres, le ha otorgado a Venezuela una imagen benevolente ( ahora ampliamente negada ), exonerándola de las sospechas de ecocidio.

En un ensayo reciente, profesor venezolana Gisela Kozak Rovero sugiere que estos ideales de izquierda también están influyendo en el mundo académico: “La apropiación del discurso de izquierda … ha permitido que la revolución bolivariana para construir alianzas con académicos en diferentes latitudes y la promoción de la militancia disfrazado de investigación …. ”

Lo mismo podría decirse de algunos progresistas verdes que han elegido la ceguera ideológica en lugar de enfrentar la verdad sobre el crimen ecológico que se está cometiendo en Venezuela.


La Patilla (Venezuela)

 



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