Consecuentemente, los platos de la Temis brasileña están desequilibrados. Y son frecuentes los absurdos jurídicos que provocan situaciones de inseguridad. Cuando los jueces del Constitucional pierden el pudor al no declararse prohibidos de juzgar por notoria falta de imparcialidad, la Justicia pasa a ser desacreditada: en Brasil tenemos, bajo la influencia de la tripartición de poderes desarrollada por Mostesquieu, un poder Judicial al lado de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En particular, Brasil camina a pasos agigantados hacia una situación de entropía que el añorado jurista europeo Piero Calamandrei —uno de los padres de la Constitución italiana de 1948—, calificó con la expresión latina “Habent sua sidera lites”, que significa que la Justicia no es algo que hay que tomarse en serio.

El pasado domingo, y con el tradicional receso judicial del mes de julio, un magistrado regional y federal sacudió el país, que en octubre elegirá a su jefe del ejecutivo federal, en régimen republicano presidencialista.

Como se diría popularmente, ese magistrado de guardia, que solo tiene competencias para analizar casos de urgencia e inaplazables, echó más leña a la hoguera política relacionada con el popular expresidente Lula da Silva.

Lula está condenado en dos instancias de la Justicia (una unipersonal y otra colegiada), por corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Se encuentra en prisión provisionalmente, puesto que dichas condenas todavía no han pasado en autoridad de cosa jugada: o sea, no son firmes. Se está a la espera de las resoluciones de los recursos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Por seis votos a cinco, el Supremo Tribunal —que funciona también como Corte Constitucional— estableció en 2016 una interpretación jurisprudencial por la que sería posible una ejecución provisional de una sentencia condenatoria impuesta o confirmada por un organismo judicial colegiado: y Lula fue condenado, en apelación, por la 8ª Sala del Tribunal Federal de la 4ª región, con sede en el estado de Rio Grande do Sul. Ante la citada jurisprudencia reductora del alcance del principio constitucional de la presunción de no culpabilidad (denominada presunción de inocencia a partir de la revolución francesa), el expresidente Lula se encuentra cumpliendo una pena de prisión, en proceso de ejecución provisional.

Las dos salas del Supremo Tribunal, a pesar de que la jurisprudencia del órgano colegiado aún no haya sido anulada, discrepan sobre si cabe o no ejecución provisional. Quien tiene la suerte de llevar el recurso a la Segunda Sala, puede conseguir la libertad. Y la semana pasada, en un malabarismo jurídico para esquivar la jurisprudencia del Supremo Tribunal de admisión de la condena antes de que acabe siendo firme, dicha Segunda Sala concedió, mediante un habeas corpus de oficio (sin que la defensa interviniera), un efecto suspensivo al recurso de José Dirceu, exministro jefe de la Casa Civil del por entonces presidente Lula. Lo cierto es que la situación procesal de José Dirceu es exactamente igual a la del expresidente Lula quien, no obstante, sigue en prisión provisional.

Los abogados de Lula aguardan, tras el periodo de vacaciones del Supremo Tribunal, a que los 11 jueces decidan, en sesión plenaria, si el expresidente esperará en libertad la resolución de los recursos y si es o no inelegible: las encuestas de intención de voto sitúan a Lula en cabeza de la corrida presidencial, con cerca del 30% de los votos. Para sorpresa general —puesto que no se trataba de un caso de emergencia que justificase una resolución del equipo de guardia judicial, y la cuestión central sobre la libertad y la inelegibilidad de Lula le corresponde al Supremo Tribunal—, el magistrado de guardia, Rogério Favreto, determinó cautelarmente y de inmediato, la puesta en libertad del expresidente Lula. Entendió que Lula estaba siendo perjudicado como futuro candidato, ya que sus adversarios políticos gozaban de libertad, aunque sobre ninguno de ellos recaiga una condena: el Partido de los Trabajadores todavía no ha nombrado a Lula como candidato y ello se debe el obstáculo previsto en la denominada Ley del Expediente Limpio. De acuerdo con esa ley, no están legitimados a presentarse como candidatos aquellos que estén condenados penalmente por resolución de un órgano judicial colegiado. Lula, como ya se ha dicho, se encuentra condenado por el Juzgado de lo Penal de Curitiba (juez único) y por la 8ª Sala del Tribunal Federal de la 4ª Región. La medida cautelar concedida en la guardia judicial del Tribunal fue asombrosa, puesto que la aplicación de tal medida solo se aplica ante una flagrante y visible ilegalidad o un abuso de poder. Y el asombro aumentó cuando se supo que Favreto no accedió a su cargo mediante oposiciones, sino que fue nombrado por la expresidenta del PT Dilma Rousseff (elegida por influencia de Lula y posteriormente destituida). Además, Favreto militó más de 20 años en el Partido de los Trabajadores. Y no solo eso: había asesorado a Lula en la presidencia de la República, lo que pone de manifiesto su imparcialidad para decidir.

Tras más de 16 horas de idas y venidas, se mantuvo el encarcelamiento de Lula por decisión del presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región. El presidente de la Corte solucionó un conflicto de competencia entre dos de sus miembros. O, mejor dicho, entre el magistrado Pedro Gebran Neto, miembro de la 8ª Sala del Tribunal (ponente del proceso en el que se produjo la condena de Lula y del que se emanó la orden de detención) que denegaba la liberación de Lula, y el magistrado de guardia que dictó la orden de puesta en libertad.

Resumiendo: Brasil vivió un domingo de República Bananera.

Wálter Fanganiello Maierovitch tiene 71 años, es jurista, juez de apelación jubilado del Tribunal de Justicia de São Paulo, profesor de Derecho, Cavaliere della Repubblica di Italia. Es presidente del Instituto Giovanni Falcone de Ciencias Criminales y titular vitalicio en la Academia Paulista de Letras Jurídicas y en la Academia de Historia.