Flota en el ambiente una mezcla de miedo, incertidumbre y rabia. El régimen sandinista, que no muestra interés alguno en pasar el testigo, se empeña en dinamitar los puentes que le tienden. Y la oposición callejera, por su parte, sigue decidida a derribarlo. Entretanto, la economía, ya de por sí precaria y raquítica, y con un elevado grado de informalidad, amenaza con rodar hacia el fondo del abismo tras los tres meses de agitación social. Sectores como el hotelero y el de restauración, están caída libre.

"No tenemos más que cancelaciones, incluso de grupos para diciembre (temporada de vacaciones). A la gente le da temor venir a Nicaragua", le decía a este diario una fuente de un hotel de cadena internacional. "Han cerrado unos 800 restaurantes en el país y en el mío, las ventas han caído un 70%", agregaba el propietario de un reconocido local. "Lo malo es que no vemos la salida", añade.

Daniel Ortega, sin embargo, debe atisbar una luz al final del túnel. Su campaña de brutal represión ha dado sus frutos y ya ha retomado el control de las calles. Primero logró desmantelar a balazos las barricadas en la 'Operación Limpieza' y ahora está borrando sus huellas. En Masaya y en Managua, en lugar de vehículos con paramilitares armados hasta los dientes, se ven partidas de obreros reponiendo los adoquines que los manifestantes arrancaron para levantar los bloqueos. Y son la policía y los antimotines, casi todos cubiertos con pasamontañas y en actitud intimidante, quienes controlan las entradas a Masaya, que ha recuperado una apariencia de normalidad.

Lo que están haciendo los grupos de paramilitares, según denuncia la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), es desatar una cacería puerta a puerta de los estudiantes. De ahí que los jóvenes se hayan visto obligados a buscar refugio lejos de sus hogares.

Pero pese al temor que los cuerpos de seguridad infunden, las detenciones arbitrarias y las amenazas del gobierno de judicializar la protesta pacífica y endurecer la manera de eliminarla, el presidente sandinista no ha logrado aniquilarlas. La respuesta a sus acciones violentas fueron miles de ciudadanos de todas las edades manifestándose en su contra el fin de semana en Managua, León, Ticuantepe, Chinandega, Nueva Guinea y Camoapa.

"Están matando a los jóvenes y nosotras, las madres y las abuelas, tenemos que salir y apoyarlos", le dijo a este diario Yolanda Hurtado, maestra de primaria, que caminaba en la capital, agitando la bandera de Nicaragua. "Hay miedo, pero da más miedo que se quede este Gobierno".

"En España, el presidente se fue a su casa por una crisis y llegó otro. Aquí, en pleno siglo XXI, Daniel Ortega y Rosario Murillo matan a más de 300 personas solo para mantenerse en el poder. Es injusto lo que estamos viviendo", comentaba un empresario que pidió omitir su nombre.

"Creyó que con balas se iba a ir la gente y aquí seguimos. Yo dejé el trabajo porque la lucha no se puede posponer. Ya habrá tiempo de estudiar", indicó Brandon Payán en Managua. Estaba ahorrando para volver a la Universidad y ahora tendrá que esperar. "Miren como se repite la historia. Terminamos la marcha (del sábado) en la plaza Jean Paul Genie, que fue un joven al que los militares asesinaron sin motivo, hace 30 años". En la rotonda que remata la avenida que lleva su nombre, los estudiantes han clavado cruces en memoria de los caídos desde abril pasado.

No permitir que las manifestaciones cuenten con atención sanitaria, es otra de las medidas de Ortega para acallarlas. "Los bomberos tienen prohibido salir, la central de las ambulancias la maneja el Gobierno y no las mandan. Sabemos que es un riesgo pero nunca llegan, por eso nosotros hacemos el trabajo", le explica a EL MUNDO Harold Sosa, fundador y máximo responsable del BIR de Nicaragua. Se trata de una suerte de Defensa Civil, integrada por ex bomberos, médicos, enfermeras y otros profesionales, todos voluntarios. "Sabemos que corremos riesgos pero no hay nadie más que haga esta labor. Somos los únicos rescatistas en el mundo que andamos con chalecos anti-balas en un país sin guerra".

Sosa recuerda que el Gobierno "sacó un vídeo para desacreditarnos. Pero nosotros somos independientes, sin color político, que pagamos entre todos los gastos, y con la única misión de atender emergencias".

Las madres y hermanas de los presos políticos son otra molestia que Ortega igualmente ataca. Ni siquiera les deja permanecer en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial, más conocida como El Chipote, el centro de detención por donde pasan casi todos los detenidos. Tuvieron que irse, entre llantos y angustiadas, aconsejadas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), después de conocerse que el gobierno planeaba una marcha de sus fieles hacia el punto donde se concentraban. "Ellas se sentían más cerca de sus seres querido y eran las que les pasaban comida.Tenemos contabilizados 64 detenidos en Chipote, ocho menores de edad de entre 14 y 17 años", aseguraba un portavoz de la citada Comisión.

Los sandinistas también estuvieron presentes en las calles. El sábado se manifestaron en Managua para exigir "justicia" por los veintidós policías muertos. Los consideran "víctimas del terrorismo" de los opositores. De los estudiantes asesinados no dicen nada.

Los trágicos acontecimientos de los últimos meses están dejando un país fracturado, con familias divididas por secundar una u otra causa. Estrechar la brecha, supurar las heridas, será una de las misiones que deberá abordar quien gobierne el día que caiga el régimen, posibilidad que casi todo el mundo ve aún lejana.