En 1979 el gobierno de José López Portillo apoyó –de manera inusitada para la política exterior tradicional– a la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional contra Anastasio Somoza. El gobierno mexicano rompió relaciones con el dictador nicaragüense –a quien apoyaba Estados Unidos– porque era “intolerable mantener a su representante ante un gobierno que hacía gala de la fuerza abusando del poder para imponerse y aniquilar a su propio pueblo” (memorándum del 18 de febrero de 1981).

Cuarenta años después, Ortega (de 72 años), uno de los líderes del sandinismo, se ha convertido en un tirano similar a aquel contra quien combatió. Ha gobernado el país en dos etapas: en los años posteriores a la Revolución Sandinista (1985-1990) y desde 2007 con tres mandatos consecutivos. Su esposa y compañera de lucha, Rosario Murillo, es su brazo derecho y para algunos la que realmente gobierna. Desde enero del año pasado asumió la vicepresidencia con la idea de que lo sucederá en el poder en las próximas elecciones o en caso de que muera antes.

El régimen de Ortega presume estabilidad política, bajos índices de violencia y potencial económico. Sin embargo, sus presuntos logros se deben más a la habilidad de concentrar el poder, de controlar las instituciones electorales y de restringir derechos fundamentales de la población. El gobierno del Frente Sandinista se ha caracterizado también por la corrupción –ocupa el lugar 151 de 180 en el índice de transparencia 2017–. El caso más escandaloso fue el proyecto frustrado de construir un gran canal interoceánico, que compitiera con el de Panamá, con inversionistas chinos.

El contraste entre los presuntos logros sociales y la realidad ha quedado de manifiesto con la represión de las fuerzas policiacas y parapoliciales en las protestas de los últimos tres meses, que han dejado más de 300 muertos y más de dos mil heridos (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Desde el 19 de abril de este año, cuando estudiantes universitarios iniciaron las manifestaciones contra las reformas a la seguridad social, las protestas se han extendido fuera de la capital. Se han tornado también cada vez más violentas por la brutalidad de las fuerzas de seguridad y por la detención y encarcelamiento ilegal de numerosos jóvenes. Para tratar de remediar la situación, Ortega revocó la reforma y otros recortes al gasto público. Sin embargo, el objetivo de los manifestantes ya no es evitar la precarización de los servicios de salud sino lograr la renuncia del presidente. El grito de batalla comunica la percepción popular del régimen: “Ortega y Somoza son la misma cosa”.

El presidente también ha tratado de controlar la situación solicitando la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Como ha ocurrido en otros países centroamericanos, la jerarquía católica ha tenido un papel decisivo pero ambivalente: a veces es un actor neutral, otras favorece claramente a una de las partes. La Iglesia y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada –otrora aliados del gobierno– pidieron liberar a los detenidos como condición previa para dialogar. La intervención de los obispos no ha tenido los resultados esperados. Ortega desestimó su principal propuesta –adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019– y los acusó de no ser verdaderos intermediarios sino parte de los “golpistas”. Al desacreditar a la Iglesia, el diálogo entre el gobierno y la oposición está muy cerca de llegar a un punto muerto indeseable.

El gobierno de Nicaragua se empecina en denunciar que la crisis se debe a un operativo estadounidense para desestabilizar el país. Fuera de sus aliados de la ALBA que lo siguen apoyando, Ortega ha recibido múltiples condenas internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el mal manejo de la crisis es responsabilidad del gobierno. La OEA aprobó la semana pasada una resolución, a propuesta de varios países, para condenar los actos de violencia. A Ortega se le ha exhortado a aceptar la propuesta de la conferencia episcopal de adelantar las elecciones. Como hace casi cuarenta años, México no puede permanecer indiferente; sin la intervención oportuna de la comunidad internacional, Ortega seguirá, igual que Somoza, “abusando del poder para imponerse y aniquilar a su propio pueblo”.

***lourdesaranda