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30/07/2018 | Opinión - El disfraz de refugiado

Rafael L. Bardají

Refugiado no lo es cualquiera. De hecho, es una categoría jurídica desarrollada en la Convención de la ONU de 1951, según la cual, refugiado es todo aquel que, por razones bien fundadas, teme por su vida debido a su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social.

 

El refugiado es, el resultado de la violencia, interna o externa, que le priva de la protección necesaria para poder vivir con tranquilidad. Ser reconocido como refugiado, a través de la petición de asilo, exige que el punto de partida sea el desplazamiento forzoso a causa de la violencia y el desorden generalizado y demostrar que el retorno al país de procedencia es imposible sin poner en riesgo su vida. Ni en la convención del 51 ni es posteriores puestas a punto se equipara al refugiado con el emigrante por razones económicas, tal como se hace continuamente en España.

Según el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, a España llegaron en el 2017, 28.349 extranjeros desplazados, prácticamente el doble que el año anterior. Una cifra similar a los que arribaron a Grecia pero una cuarta parte de los que pusieron rumbo a Italia.

Pues bien, cuando se analiza la nacionalidad de origen, sólo se puede concluir que no hay relación alguna entre la violencia en el mundo y la emigración hacia España: el 20% fueron de origen marroquí; otro tanto de argelinos; el 12% de Guinea; el 11% de Costa de Marfil; el 10% de Gambia… y de Camerún, Mali y otros países del África Subsahariana. De hecho, procedentes de Siria sólo llegaron a suelo español 2.300 personas. Esto es, más del 90% de los “refugiados” acogidos por los españoles, no provienen de desplazamientos a causa de las guerras, represión y desorden generalizado.

También es normal esperar que los grandes desplazamientos de población, como pasó en Europa en los años de las grandes guerras y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 7 millones de ciudadanos tuvieron que realojarse según las nuevas fronteras, fueran demográficamente equilibrados, esto es, que estuvieran basados en unidades familiares, con padres y madres e hijos. Pero ya vemos en los telediarios y fotos que publica la prensa, que en la gran ola emigratoria que arranca con la política de puertas abiertas impuesta por la canciller alemana Angela Merkel en 2015, no es así. Siguiendo con los mismos datos de la ONU de los desplazados que vinieron a España el año pasado sólo el 9% eran mujeres (las primeras que deberían huir de las zonas en conflicto), el 14% fueron menores de edad, la mayoría no acompañados; y el abrumador 77%, varones en edad militar. No ancianos.

Visto estos datos, la supuesta obligación moral que tenemos para con los desgraciados que huyen para salvar sus vidas acosados por las guerras, convendría aquilatarla a sus justos límites. No hay tanto refugiado como se nos quiere hacer ver. Por lo que la pregunta no debe ser ¿qué hay que pagar por salvar una vida?, sino ¿qué debemos pagar para integrar a un emigrante ilegal que viene, en muchos casos, a vivir de los servicios que le regala el estado con nuestro dinero?

Italia tenía en sus presupuestos para el 2018 una partida para hacer frente a las necesidades de 400 mil emigrantes ilegales, 5 mil millones de euros; Suecia, para la mitad pensaba gastar unos 8 mil millones. Lo que nos da una idea de lo que conlleva la política de puertas abiertas de la UE. Y e lo equivocado que están los políticos españoles del PP y de Ciudadanos cuando la única crítica que hacen a Pedro Sánchez se basa en que la acogida de refugiados debe ser una cuestión de la UE, como si nosotros no fuéramos parte y hayamos aceptado sumisamente el reparto de cuotas. Ni una palabra sobre la dudosa naturaleza de quienes llegan a nuestras costas y mucho menos una línea de protección de nuestras fronteras.

Hace un par de años, la Universidad de Londres realizó un estudio cuyo objetivo era demostrar que la emigración hacia el Reino Unido había sido positiva en términos económicos y que, a tenor de la experiencia de los últimos 15 años, mayores cuotas migratorias eran deseables. Sin embargo, y para pesar de sus autores, sólo pudieron demostrar que únicamente los emigrantes europeos habían arrojado un balance neto a la riqueza británica (que cifraron en unos 4 mil millones de libras en 15 años), mientras que loe emigrantes del resto del mundo habían consumido más recursos de los que habían aportados. El think-tank privado Migration Watch, desarrolló un estudio similar pero con unas conclusiones más pesimistas: los europeos arrojaban un saldo neutro mientras que los del resto del mundo eran netamente deficitarios, consumían más riqueza de la que generaban.

Con los datos que contamos en España sabemos que la proporción de parados entre los emigrantes es muy superior a la de los españoles y que el conjunto de su aportación a las arcas del Estado es marginal. La vez que también conocemos el daño que hacen algunas actividades, como la distribución de productos falsificados, y la venta callejera, por citar dos casos de sobra conocidos.

No, los emigrantes no vienen a salvar nuestro caduco sistema de pensiones ni a aumentar la riqueza nacional. Punto. Puede que para algún empresario les sirva de mano de obra barata, pero supongo que ese no es el modelo laboral que propugna el actual gobierno socialista ni sus sindicatos.

Por otro lado, está el hecho de que los nuevos emigrantes tienen muy complicado integrarse en el país que los acoge. Por dos razones básicas: porque el buenismo y multicultarismo imperante no se lo exige; y porque muchos de ellos no lo quieren. Quieren vivir como en sus países, con sus tradiciones, normas e instituciones, al margen de la ley nacional, pero, eso sí, disfrutando del bienestar que les proporcionan las múltiples ayudas públicas. Cuando un presidente de gobierno se salta la Ley de Extranjería sin causas de fuerza mayor, como ha sucedido con el lamentable caso del buque Aquarius, estamos vendidos al efectismo, la propaganda y el buenismo. Es curioso que nadie de nuestras elites dirigentes se haya preguntado porqué no se puede desembarcar a esos 620 supuestos refugiados en puertos de Túnez o Marruecos, dos países por cuyas aguas va a transitar, mucho más cercanos culturalmente al pasaje y donde no correrían ningún riesgo.

Tampoco nadie se ha planteado hacer lo que ya hizo la propia UE con Turquía: pagar para que se quedara con los desplazados en su suelo y dejara de enviarlos a Grecia y resto de la UE. No digo que se replique lo que hace Hungría y otros países de CentroEuropa, que defiende activamente sus fronteras, si eso resulta tan repugnante como se suele decir. Pero se podrían construir campos de refugiados a lo largo de la costa del Norte de África, incluida la propia Libia, donde tendrían unas condiciones tan dignas como las que van a tener aquí, y se podría atender a muchos más al mismo coste que lo que vale mantener unos cuantos entre nosotros. Si se trata de resolverle el problema a todos, es la mejor opción. Lástima que no sirva para las bonitas fotos de ministras y alcaldesas ni para enjuagar las lágrimas de quienes quieren hacer el bien a costa de los demás y no de ellos mismos ni con el dinero de sus bolsillos. Todavía me queda oír decir a Irene Montero y su marido que ofrecen parte de su notable jardín para instalar una carpa para los refugiados a los que tan bien quieren que los demás españoles recibamos.

Porque eso es lo último. Es curioso que sean los mayores enemigos de la idea de España y de la identidad española, quienes corran a abrazar este buque con nombre de bebida isotónica y pidan a más buques que pongan rumbo a nuestra patria. Su sueño es que entre musulmanes y subsaharianos olvidemos lo que de verdad es ser español. Otra razón más para estar en contra de la emigración descontrolada que nos han impuesto todos los gobiernos de los últimos años.

***Publicado en La Gaceta, 14 de junio de 2018

Grupo de Estudios Estratégicos (España)

 



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