Es decir, ¿dónde reside el vínculo entre los derechos de propiedad y los hechos de la economía real? En las palabras de un especialista, Tom Bethel, un régimen de derechos de propiedad obliga a los actores cotidianos a tomar responsabilidad por el porvenir de sus bienes materiales. Los derechos de propiedad generan rejas, pero nos rodean con espejos, mismos que reflejan hacia los miembros de una comunidad las consecuencias de nuestros actos, nuestras decisiones.

Los derechos de propiedad implican tres cosas: uso exclusivo de bienes definidos, el derecho de transferencia de esos mismos bienes, y la protección de las cortes sobre los bienes, y las transferencias efectuadas, por medio de la figura de los contratos. Por ello, un sistema judicial creíble e independiente es, quizá, la base principal de una economía sana. El reporte del FMI, sobre la relación entre bienestar por habitante y gobernabilidad, arroja un ingrediente empírico contundente a esta tesis: a mayor Estado de Derecho, incluyendo la protección de derechos de propiedad bien definidos, mayor desarrollo económico.

El propietario de un bien individual debe asumir las consecuencias de sus actos, de su uso (o abuso) de dichos bienes. Ello significa que un sistema de derechos de propiedad bien definidos, protegidos por un sistema judicial que haga cumplir obligaciones, conlleva todo un universo de incentivos virtuosos, mismos que generan mayor nivel de desarrollo económico. Por un lado, un predio, una vivienda, un bien, una propiedad intelectual, todo esto y más, si no tiene propietario individual, y no está bien definido, no habrá incentivos para cuidar la propiedad, para hacer lo necesario que implique aumentar el valor de dicha propiedad o dicho bien. Lo que es de todos, casi siempre, resulta ser de nadie -y el efecto económico es la disminución del valor de dicha propiedad, o el mal manejo de la misma.

Asimismo, la propiedad privada de los medios de producción implica, en términos generales, un uso más productivo de los bienes -tanto en materia de inversión, como en el valor futuro que arroje el uso productivo de los activos. El derecho a la propiedad, y a los frutos de la propiedad, son determinantes para abrir nuevas oportunidades de inversión.

Por otro lado, los derechos de propiedad conllevan un incentivo multiplicador, en la medida que la atención personal sobre el bien afecta positivamente a los que se ubican alrededor de ese bien. Si el valor de un predio crece, crece también el valor de los predios en los alrededores. Hay, de alguna forma, externalidades positivas dentro de un sistema de derechos bien definidos.

Estos son los hechos. Un sistema legal que proteja los derechos de propiedad, con un sistema judicial que los haga valer, y valer a todos en igualdad de circunstancias, es la base la formación de capital, para generar valor agregado por vía de la figura de contratos, para capturar en bienestar de mayor volumen de compraventa. Un régimen incierto, tanto en los derechos de propiedad, como en la obligatoriedad de los contratos, una sociedad de favoritismo jurídico, tenderá a desfavorecer la inversión, la acumulación de capital, y el desarrollo económico.

Roberto Salinas León es catedrático y consultor mexicano y Académico asociado del Cato Institute.