No se trata de un incidente real aunque provocado deliberadamente como el del Golfo de Tonkín, que llevó a la participación estadunidense en la Guerra de Vietnam y que la publicación de los papeles del Pentágono demostró como una maniobra orquestada por la CIA. En la película citada, el productor hollywoodense inventa digitalmente un peligro nuclear en Albania y lo lleva a los noticieros en televisión. Los elementos que rodean al supuesto atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, apuntan a que los supuestos conspiradores ni siquiera tuvieron que ordenar a Amazon los drones asesinos, es probable que el atentado sea una reescenificación de la comedia mencionada, pero a la venezolana: inexplicable cambio del sitio del desfile a la avenida más visible de Caracas, videos de drones cuyas explosiones nadie vio, vecinos que hablan de un tanque de gas que explotó, periodistas desaparecidos, ministros que se contradicen sobre el número de drones, heridos fabricados y más. Y el conveniente culpable: el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Independientemente de cuánto haya de ópera bufa o de verdad en el caso de los drones asesinos, lo relevante es que, nuevamente, pone en evidencia lo disfuncional de los principios normativos de política exterior consagrados en el artículo 89 constitucional y en mala hora desempolvados por el equipo diplomático del gobierno entrante. El pueblo venezolano vive ya en una dictadura, un régimen incompetente y cruel que somete a su población a privaciones económicas sin fin y a la violación de las más elementales libertades. El supuesto o real atentado intensificará la represión y la persecución política. Y endurecerá el control despótico sobre la vida política de los venezolanos, haciendo cada vez más riesgosa y difícil la resistencia de la oposición. Nos encaminamos a una dictadura que pueda prolongarse por décadas. Y Andrés Manuel López Obrador calla y Marcelo Ebrard felicita por Twitter a los medallistas mexicanos de los Juegos de Barranquilla.

¿Y Nicaragua? Ya son 300 muertos y más de dos mil heridos, en su mayoría jóvenes, las víctimas de la represión del gobierno de Daniel Ortega. Y Andrés Manuel López Obrador alaba a Donald Trump y calla sobre Nicaragua y Marcelo Ebrard tuitea intrascendencias.

Con la amplia mayoría conseguida en el Poder Legislativo, el próximo Presidente ha anunciado todo tipo de reformas: unas de relumbrón como la desconcentración —diferente a la descentralización como bien lo ha señalado Ángel Verdugo, analista de esta casa— de dependencias del Ejecutivo a ser espolvoreadas como con cernidor por el territorio y otras de gran trascendencia como la reforma al 108 constitucional. Pero en materia de política exterior, tanto el próximo Presidente como su propuesta para canciller, Marcelo Ebrard, han anunciado que volverán al marco conceptual de los principios consagrados en el artículo 89. Éste plantea, según la reforma de 1988, que: “…En la conducción de (la política exterior) el titular del Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales,…”. Que me expliquen cómo se pueden autodeterminar venezolanos y nicaragüenses bajo las condiciones dictatoriales y de catástrofe humanitaria en las que viven.

Desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y, posteriormente, con más intensidad y profundidad durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la diplomacia mexicana a veces a regañadientes, a veces con entusiasmo y liderazgo, se fue alejando en la práctica del principio de no intervención. Y algo de eso continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se firmaron y ratificaron Tratados internacionales en los que México de hecho renunciaba al pretexto de la llamada excepcionalidad mexicana para impedir que el mundo se asomara a nuestras elecciones, a nuestras cárceles, a la justeza de los tribunales, a nuestro trato a las minorías, etcétera. Una reforma en 2004, adiciona al artículo 89, el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

Pero es la reforma al artículo 1 de la Constitución en 2011, que establece el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos como el principio superior que debe informar las decisiones fundamentales de política pública tanto interna como externa, el que exhibe lo inadecuado y lo obsoleto de los mandatos del artículo 89 constitucional.

Primero, porque define a la política exterior como atribución exclusiva del Presidente de la República, cuando no sólo por la práctica política de inclusión y participación de la sociedad que ya se venía practicando en varias áreas, sino porque no es posible tener una política exterior eficiente en materia de medio ambiente, de derechos de las mujeres, de los indígenas, de derechos humanos, etcétera, sin la participación de la sociedad civil.

Segundo, porque las lecciones que nos deja el siglo 20, tan sucintamente propuestas por Timothy Snyder en Sobre la tiranía, y nuestra experiencia con las dictaduras en América del Sur, es que no podemos permanecer indiferentes cuando las instituciones y derechos claves para la democracia, como la separación de poderes y la libertad de expresión son secuestradas por tiranos. Cerrar los ojos, no protestar es ser cómplices. Nos vemos en 

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 **Cecilia Soto , Analista política

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