Una de las pocas políticas positivas que implementó el gobierno de la Revolución Ciudadana es precisamente una política migratoria abierta, mediante la cual, entre otras cosas, se permitía el ingreso a los ciudadanos sudamericanos con su cédula. Lamentablemente, la administración de Lenin Moreno ha optado por restringir el flujo migratorio de quienes más lo necesitan por razones humanitarias y están huyendo del régimen más autoritario de Sudamérica.

Obtener un pasaporte en la Venezuela de hoy es un lujo. Exigirle pasaporte a los venezolanos que pretenden ingresar a Ecuador y al Perú (que implementará la medida el 25 de agosto) equivale a cerrarle la puerta a la gran mayoría de ellos.

En julio de 2018 el Diario ABC reportó que funcionarios corruptos se aprovechan de la situación y piden hasta $1.000 por renovar un pasaporte y entregarlo en tres días. Para muchos venezolanos, la espera para obtener un pasaporte es de uno a dos años.

Para obtener la prórroga del pasaporte por dos años en lugar de uno nuevo, el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME) pide $300 dólares. Hay que sacar una cita en una página web que no abre entonces reportan que los venezolanos acuden a hackers y les pagan una suma equivalente a un salario mínimo para lograr sacar la cita. Si es que un pasaporte satisface todos los requisitos para ser prorrogado —hay varios— y si se obtiene la cita, SAIME puede tardar 3 a 4 meses en imprimir la prórroga, por la cual también cobra una tasa considerable ($280 dólares hasta el mes pasado).

Muchos migrantes venezolanos han manifestado que más temor le tienen a volver a su país que a permanecer en países donde no son bienvenidos. En una encuesta realizada a fines de 2017, la mitad de los venezolanos entre los 18 y 29 años de edad y 55% de la clase media expresaron su deseo de abandonar el país. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que para junio de 2018 había 2 millones de venezolanos viviendo en el extranjero. Cantidad que se ha triplicado desde 2015. Mi colega Alex Nowrasteh estima que 2,6 millones de venezolanos están residiendo en el extranjero y que si continúa la tendencia, podrían superar a la cantidad de refugiados sirios en tan solo dos años.

El problema de seguridad que dice querer resolver el Ministro Toscanini lo estaría agravando al esconderlo debajo de la alfombra. Nowrasteh señala que Sudamérica podría aprender algo de cómo Arabia Saudita y los estados del Golfo abordaron la crisis de los refugiados sirios: (1) permitir que los venezolanos trabajen legalmente; (2) desregular mercados laborales para crear más oportunidades de trabajo (algo que beneficia a todos, ecuatorianos y extranjeros) y (3) al fomentarse el empleo legal se reducirá el costo para los servicios sociales y las caridades, a la vez que se incrementa los sentimientos de pertenencia y satisfacción entre los migrantes, reduciéndose así su proclividad a involucrarse en actividades delictivas.

Aunque la mayoría de los venezolanos que ingresan al Ecuador no lo hacen para quedarse, solo 21% de los que ingresaron en 2017 se quedaron, esta cifra podría aumentar y debemos estar preparados.