Este es el primer caso derivado de la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. El ex director del FBI fue nombrado por el Departamento de Justicia para esclarecer la presunta interferencia de Rusia en las elecciones americanas de 2016. Aunque los delitos confirmados de Manafort no están relacionados con Rusia (para eso habrá que esperar a un segundo juicio previsto para el 17 de septiembre por lobby extranjero y lavado de capitales), Mueller ha salido revalidado y con licencia para perseguir otros delitos más allá del foco inicial de su mandato. Por mucho que Donald Trump denuncie que se trata de una politizada caza de brujas.

El otro caso es el de Michael Cohen, abogado personal de Trump, que a cambio de una sentencia reducida se ha declarado culpable de ocho cargos, incluidos delitos de financiación electoral ilegal. Según su testimonio, para influenciar las elecciones de 2016, Trump le ordenó comprar el silencio de dos mujeres con las que el candidato había mantenido «affairs».

A pesar de que es la primera vez que se implica directamente a Trump en un delito federal, conviene recordar que para destituir a un presidente de EE.UU. hace falta un «impeachment» que en esencia es una decisión política del Congreso y no judicial.