“Un carajo nos vamos a bancar a los patoteros” Felipe Solá
“Ni a los tiros me sacan de la CGT” Hugo Moyano

Más allá de los hechos que signaron la semana, hay una concatenación de acontecimientos que determinan que, en la Argentina, la violencia no es la excepción sino la regla. Por esa causa, y por las internas políticas en pro de “zafar” de las consecuencias y despegarse de las culpas tras una irresponsabilidad manifiesta, desde la política se decide ahora suspender un partido de fútbol. Está visto que en el país no puede garantizarse ni siquiera un espectáculo deportivo.

Aún así, Felipe Solá entre el lunes y el martes presentará a la Junta Electoral su pedido para que den vía libre a la reelección en su provincia. No hay límites, tampoco vergüenza.

Garantizar la seguridad es una de las funciones intrínsecas del Estado Nacional. Hoy, sin embargo, hasta los colegios estatales están vigilados por custodias privados. En la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, hay 362 guardias en 163 establecimientos públicos. Pero estos datos no cuentas, los datos que declama el Presidente en sus actos y en el Salón Blanco de Balcarce 50 apuntan a los índices de la economía como si la vida se cerniera al precio de la harina o la manteca. No se habla: ni de eso ni de lo otro. No se habló tras la marcha de la ciudadanía que encabezara Juan Carlos Blumberg, menos aún se ha de hablar tras la desaparición de Jorge Julio López o tras las patotas que irrumpieron en el Hospital Francés.

Hay silencio de radio respecto a las responsabilidades de la violencia del pasado martes en San Vicente. Nadie fue. La voz oficial sólo atina a deslindar responsabilidades. La interna sindical aparece, en este contexto, como causa cuando bien puede observarse como consecuencia. Consecuencia de cómo se vive y cómo se maneja la política en la Argentina.

Lo que asombra es que la batalla en el mausoleo de los restos del General Perón despertara tanto interés cuando no lo logró un episodio similar en las puertas de la Universidad. Universidad que, además, sigue sin poder elegir sus autoridades. Presenciar actos violentos en actos donde convocan los gremios debiera ser más esperable que hacerlo en claustros académicos. Pero no. Esta vez se enfrentaron peronistas con peronistas dejando al descubierto la anomia de una estructura partidaria huérfana.

Y es que nadie puede tirar la primera piedra. El jefe de Estado ejerce la violencia en cada afrenta pública que realiza, avala la convocatoria a contra marchas que promueven antinomias, guarda silencio ante hechos significativos que cercenan la convivencia ciudadana… La violencia es un modus operandi en la política y ésta se inmiscuye a todos los ámbitos de la vida. No es ajena a la suspensión del encuentro entre Boca y Racing que debía llevarse a cabo el domingo 22. Al Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, no le gustó como falló la justicia. Esto que podría ser un dato más es, sin embargo, la muestra más cabal del respeto que nuestros dirigentes le tienen a la institucionalidad. Cómo un juez falló a favor de la presencia de ciertos hinchas al estadio donde debía realizarse el evento, no se brinda seguridad. En otros términos media docena, una docena de hombres arruinan la fiesta de cientos y cientos. Y aunque el tema quedará limitado a los suplementos deportivos, es interesante observar de qué manera se manejan las cosas en la Argentina. Nadie se hace responsable de nada. Ni de las universidades, ni de los hospitales ni de las canchas.

El apoyo implícito del gobierno hacia el líder de la CGT, Hugo Moyano, se explica por sí mismo. A pesar de tantos índices económicos a su favor, el gobierno no resiste las presiones sindicales. La inflación no fue, sigue siendo una amenaza que palpita en los bolsillos. ¿Pueden exigirse más aumentos de salarios sin que aumenten los precios? ¿Y si paran los servicios? No, definitivamente, hay que mantener la calma en el sindicalismo, esa es la premisa que sustentan en la Casa Rosada. Secan la noticia. Qué los disturbios en San Vicente se limiten a Emilio Quiroz… Y Quiroz que suplante a Tuta Mohamad, total… Ya habrá quién suplante al empleado de camioneros. Esa es la lógica de la información oficial. Habría que analizar el rol de los medios en este aspecto.

Hay un coro mediático repitiendo aquello que, desde el Gobierno, se señala como “correcto”. Por ejemplo, sobre los hechos en San Vicente, primero se trató de ir contra el sindicalista de UOCRA (Medina) ahora, la corriente empuja al gobernador bonaerense (Felipe Solá) envalentonados por los candidatos agazapados para reemplazarlo… Así, la verdad queda de lado, y la voz del oficialismo es la única que gravita en muchas radios.

Pero la sangre, de todos modos, seca rápido. Si al menos, los acontecimientos vividos en la semana quedarán en la mera puja sindical quizás, la ciudadanía no necesitaría amedrentarse. Pero la situación que se vive en el país va más allá de un acto. Estos hechos gravitan en la sociedad porque frenan el trabajo.

Telefónica de Argentina tenía pensada una inversión de mil trescientos millones de pesos para la Argentina en el 2007. Un conflicto gremial da cuenta de la imposibilidad de realizar instalaciones para que se concrete ese plan. Las pérdidas de los conflictos sindicales no se reduce a las noticias ni queda en barras bravas que se enfrentan como hordas indígenas.

El Gobierno reclama lo que debe asegurar. La paz interior tiene letra en la Constitución Nacional…

La nueva política que tanto se proclamara desde la Casa Rosada es vieja. Huele a pasado: fuerzas de choque, furia, matones a sueldo, trompadas para ocupar espacio y “disciplinar” a adversarios. Ni siquiera son nuevas las caras que sustentan un credo de “país en serio”. El aire está viciado. La conspiración que denunciara el jefe de Estado se está ejecutando puertas adentro de su despacho. Desde allí, emana violencia. Allí entran caudillos provinciales, jefes sindicales y aspirantes a cargos que cooperan desde hace muchos años al retroceso de la Argentina. Allí están quienes deben velar por la seguridad de una sociedad que comienza, con razón, a tener miedo. Miedo que ya dijo no tener el Presidente. Los ciudadanos lo tenemos.

Lo tenemos porque desaparece un hombre después de testimoniar ante un juzgado y el Estado no puede encontrarlo. Porque las patotas están fotografiadas con el jefe de Estado. Porque nadie da respuestas a los reclamos. Porque nunca nadie fue y las víctimas desparecen de los diarios.

Hasta que la dirigencia no entienda que hay funciones indelegables y que no es dable ceder todo aquello que no resulte redituable, hasta que no se asuman responsabilidades y se deje de contemplar la “caja” sólo para subsidiar los comicios del 2007 no vamos a ningún lado.

El gobierno acaba de perder una elección aún antes de que se lleve a cabo porque, más allá de los resultados, la contienda electoral planteada en Misiones es un fracaso. No es tan trascendente, a esta altura, si gana Carlos Rovira o vence Juan Piña. La premisa que se jugó en esa elección, y que contó con el apoyo explícito de Néstor Kirchner y de sus más allegados como la ministra de Desarrollo Social, ha sido enfáticamente rechazada por todos los ciudadanos.

En la nacionalización de los comicios misioneros que buscan “legalizar” la reelección indefinida, la ciudadanía ya se ha manifestado por la negativa. Habrá que ver, en lo sucesivo como se maneja el Presidente con este dato.

Lo cierto es que las cosas no están saliendo como, al parecer, esperaban en el Gobierno Nacional aún cuando la economía les de, en los índices, el aire necesario. Mucho manoseo, excesiva repartija y ninguna operatividad: tres vicios de la actual política que no conducen al futuro soñado por la sociedad.

GABRIELA POUSA

(*) Analista Política. Lic. en Comunicación Social (Universidad del Salvador) Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE)