El Comité de Consulta sobre la Inmigración (MAC) ha recomendado al Gobierno de Reino Unido acabar con la libertad de movimiento de los europeos tras el Brexit y restringir, al estilo canadiense, la forma en que los trabajadores de cualquier otro país acceden al mercado laboral británico, retirándoles cualquier tipo de preferencia. Así lo ha recomendado el estudio, que fue encargado cuando Amber Rudd todavía era ministra de Interior, en el caso de que finalmente se abandone la Unión Europea sin un acuerdo de salida.

El propio documento reconoce que es imposible que, dentro de un marco de abandono negociado, Bruselas vaya a dejar total libertad a Reino Unido para decidir cuál va a ser el sistema de inmigración con respecto a los ciudadanos europeos. Pero, en el caso de que ocurra, entre sus conclusiones se sugiere que "si la inmigración no va a ser parte de las negociaciones con la UE, y Reino Unido tiene la posibilidad de decidir su sistema de inmigración por sí mismo, recomendamos pasarse a un sistema en el que la inmigración esté organizada sin un acceso preferencial para los ciudadanos europeos".

Este tipo de informes constituyen parte del proceso de documentación que se está llevando a cabo para la publicación del 'libro blanco' sobre la inmigración que debería haber sido publicado ya pero que, tras varios retrasos, ahora está fijado para aparecer en algún momento del otoño, seguramente en noviembre, que es cuando se supone que se anunciará el acuerdo final de divorcio entre la UE y Reino Unido. Ese texto deberá ser refrendado luego por ambas partes en sus respectivos parlamentos, pero al menos quedarán más claras cuáles son las ideas que están sobre la mesa.

El problema es que este tipo de documentos dan alas a los partidarios del Brexit más duro, que ahora mismo tienen abierta una disputa con Theresa May para que endurezca su postura en las negociaciones. La 'premier', por su parte, ya aseguró ayer que sería un acuerdo a su manera o que no lo habría, dando a entender que no cederá ante ningún tipo de presión. En cualquier caso, el informe le recomendaba utilizar esta baza en las negociaciones "porque los grandes beneficiados de la inmigración suelen ser los propios inmigrantes", además de desmentir "los beneficios que proclaman algunos, y las grandes desventajas que señalan otros".

Otro análisis publicado por el Gobierno reconoce que los trabajadores de la Unión Europea aportan 2.600 euros más al año a las arcas del Estado que la media de ciudadanos nacidos en Reino Unido, lo que obligaría a subir los impuestos si los primeros deciden o tienen que abandonar el país. En términos totales, a lo largo de su vida un ciudadano europeo pagará 88.000 euros más de lo que consumirá de los servicios sociales y públicos.

Según Oxford Economics, el organismo encargado de llevar a cabo el informe, el valor de quienes provienen de la UE en términos de impuestos es de cinco puntos. "Cuando se trata de finanzas públicas, los europeos aportan sustancialmente más de lo que cuestan, aliviando la carga fiscal de otros contribuyentes", ha explicado Ian Mulheirn, investigador jefe del proyecto. "Es más, este aporte positivo continúa a lo largo de toda una vida, ya que la mayoría llegan con su educación completa y se marchan antes de que los costes de su retiro empiecen a pesar en las finanzas públicas. Si la nueva relación entre Reino Unido y la UE resulta en una menor inmigración, entonces tenemos que recomendar que la carga fiscal suba para otros sectores de la población".