Amnistía Internacional (AI) publicó un reporte la semana pasada sobre la situación extrema de los derechos humanos en Venezuela. Las medidas represivas del Estado Venezolano, según la organización, han ocasionado “graves violaciones a [los] derechos humanos y, en especial, ejecuciones extrajudiciales”.

Entre otras cosas, el reporte documenta las tácticas militares que aplica el régimen de Nicolás Maduro contra la población, pero es únicamente la más reciente de las numerosas investigaciones que han producido últimamente organizaciones internacionales sobre Venezuela. La represión se ha vuelto tan extensa, sistemática y alarmante que vale la pena resaltar lo que la comunidad internacional está documentando.

AI no solo denuncia que Venezuela se ha vuelto “uno de los países más violentos del mundo” en años recientes –lo que de por sí representa a un Estado que ha fracasado en proveer seguridad–, sino también que el Estado está contribuyendo a esa violencia generalizada. Denuncia la tortura cometida por el régimen. Denuncia, además, “la altísima impunidad, estimada en más del 90% de los casos de homicidios comunes”, y que el Gobierno “ha ocultado de forma sistemática los datos oficiales sobre cuántas personas mueren anualmente como producto de la violencia armada, especialmente en los casos en los que se encuentran involucrados oficiales de seguridad”.

La ONU ha producido otro reporte sobrecogedor. Solo para el 2017, informa que “entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”. En un período de menos de dos años, bajo un operativo de Estado, “las fuerzas de seguridad mataron a 505 personas [...] entre ellas 24 niños”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha elaborado un reporte todavía más completo. Argumenta que los actos del régimen de Maduro pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Según el secretario general de la OEA, hay “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para aplastar la oposición al régimen”.

La OEA, asimismo, documenta 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde el 2015 y que 12.000 venezolanos han sido detenidos arbitrariamente desde que Maduro fue elegido en el 2013. Las torturas incluyen “brutales golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que, por lo general, no reciben atención médica; tortura sexual; el someter a los detenidos a posiciones estresantes; las descargas eléctricas (incluso en los genitales); las quemaduras; el empleo de gas lacrimógeno; el dar comida podrida, o comida mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y, en algunos casos, el mantener a los detenidos sin comida ni agua”.

“El régimen –de acuerdo al mismo reporte– ha politizado el acceso a los pocos alimentos y artículos de primera necesidad disponibles, distribuyendo alimentos a sus partidarios y restringiendo su suministro a quienes no apoyan al Gobierno”.

La crisis humanitaria incluye el colapso del sistema de salud. Pero, según la ONU, el régimen ha detenido “a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria”. También documenta “la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia y los colectivos armados en el recinto de los hospitales, los que se ocupaban de impedir que periodistas y otras personas reunieran pruebas de las terribles condiciones imperantes”.

Los crímenes de Maduro son imposibles de ocultar. Hay que reconocer su gravedad para formular respuestas adecuadas.