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07/11/2018 | Claves - Las caravanas constatan el fracaso del plan de EE.UU. para Centroamérica

Emili J. Blasco

El problema no es Donald Trump, el problema es Centroamérica. Muchas informaciones sobre las caravanas de emigrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos ponen el acento en cómo Trump insulta la dignidad de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares, pero perdonan fácilmente el mal gobierno que se da en los países de origen y que motiva ese éxodo.

 

Trump falla en las formas, pero eso mismo ocurre con la propia organización de las caravanas, que si bien se comprenden por la conveniencia de seguridad de los emigrantes, suponen un «trágala» –un elemento de presión, difícilmente asumible– para Estados Unidos.

Con más de 500.000 personas que anualmente intentan cruzar su frontera sur sin tener permiso para ello (ese es el número de aprehensiones y no admisiones, que son los pocos datos precisos en este tipo de estadísticas, pues el número de quienes logran entrar de modo ilegal es, lógicamente, incierto), ¿cómo va a dar Estados Unidos la bienvenida a columnas de migrantes, que además intentan dar valor a su llegada en bloque? Otra cosa es la histeria y el uso electoral que Trump ha dado al asunto, pero la obligación de un mandatario es velar por que las fronteras sean efectivas, algo que también hizo Barack Obama.

Precisamente Obama padeció en 2014 una crisis migratoria debido al enorme aumento de menores centroamericanos no acompañados que llegaban a la frontera de Estados Unidos con México. Sin ser nuevo el problema, en 2014 se produjo una notable alza: de 20.805 menores procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador aprehendidos en la frontera el año anterior, se pasó a más del doble, 51.705. En años sucesivos la cifra descendió, pero sigue siendo igualmente alta: en el año fiscal de 2018 han sido 37.412 los menores no acompañados aprehendidos.

Esos números hablan ya del fracaso del plan que entonces puso en marcha Obama para ayudar a mejorar las condiciones de vida en los tres países del llamado Triángulo Norte, con el fin de reducir el número de migrantes que llegan a Estados Unidos. La bautizada como Alianza para la Prosperidad, que Trump ha mantenido, aunque reduciendo su presupuesto, no ha parado el flujo de migrantes centroamericanos.

En los últimos años hubo una disminución de mexicanos que intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos, pero las cifras de centroamericanos no han aflojado. En el año fiscal de 2017 hubo 162.891 aprehensiones: 65.871 de Guatemala, 49.760 de El Salvador y 47.260 de Honduras. Desde luego, se trata de muchos más emigrantes de los que ahora en caravana se encaminan hacia Río Grande.

Obama dejó presupuestada para 2017 una ayuda al desarrollo para el Triángulo Norte de 275 millones de dólares. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca aplicó una reducción general de las ayudas internacionales, que en el caso de las tres naciones centroamericanas bajaron a 195 millones de dólares. El presupuesto ha vuelto a bajar para 2019, que será de 180 millones (Guatemala 69,4 millones, Honduras 65,8 y El Salvador 45,7), si es que Trump no restringe aún más los fondos como posible castigo a los gobiernos centroamericanos por no haber impedido la formación de caravanas, según advirtió al presidente hondureño.

La Alianza para la Prosperidad se nutre de otras aportaciones. La ayuda de la Administración estadounidense va acompañada de inversiones aún mayores de los Gobiernos del Triángulo Norte, combinadas con contribuciones de la iniciativa privada (los tres países presupuestaron conjuntamente 2.900 millones en 2017 para los programas de la Alianza para la Prosperidad). Además, en cuestiones de cooperación militar y policial Estados Unidos construyó la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), puesta en marcha en su día por George W. Bush, que incluye también al resto de naciones centroamericanas.

Política patrimonialista

Todas esas ayudas, sin embargo, no han mejorado perceptiblemente la situación social y económica del Triángulo Norte. Para Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo del think tank estadounidense Diálogo Interamericano, la Alianza para la Prosperidad está fallando en que sus programas «no están conectados con la raíz de lo que causa la emigración, sino con problemas crónicos más amplios (infraestructura) y con mercados tradicionales (agricultura), con un fuerte énfasis en asuntos de seguridad no directamente relacionados con la presencia sistémica del crimen organizado».

La culpa, en cualquier caso, reside en los déficits de gobernanza de los países centroamericanos. Vía de tránsito de buena parte de la droga que llega a Estados Unidos desde Sudamérica –unas 500 toneladas de cocaína anuales, según las estimaciones– y lugar de actuación de poderosas maras o pandillas juveniles, Guatemala, Honduras y El Salvador lo tienen muy complicado para avanzar social y económicamente. No obstante, darían importantes pasos si su clase dirigente se obsesionara menos por el poder personal y fomentara una auténtica integración regional. Mientras no se combata ese fuerte sentido patrimonialista del poder, difícilmente los ciudadanos del Triángulo Norte dejarán de buscar mejores condiciones de vida en otros lugares.

ABC (España)

 



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