En América Latina hay tres fantasmas que la atraviesan de sur a norte y de oriente a occidente. En primer lugar, los populismos de izquierda y de derecha, que se hacen elegir democráticamente y gobiernan de forma autoritaria. Estos populismos ponen en riesgo logros de las democracias en América Latina, ya sean en derechos políticos, sociales o económicos. En segundo lugar, las iglesias evangélicas, esas sectas que pululan en cualquier garaje o local en los barrios populares de toda la región. En Colombia lograron elegir a seis senadores, en Brasil fueron determinantes para el triunfo de Jair Bolsonaro y en Costa Rica un fanático religioso casi logra la presidencia. 

De este fantasma tal vez se salva México. Es tal la locura que algunas de estas iglesias han creado una milicia para “propagar la fe y combatir a los enemigos de Dios”, es decir, una estructura cuasi armada que pondría en riesgo al movimiento o a los ateos. El “Ejércitos de pastores guerreros” es un buen ejemplo. El tercer fantasma, parece indetenible y es la ola de violencia que azota a casi todos los países de la región y la explosión de diferentes economías ilegales. A este tercer fantasma es al que nos vamos a dedicar en lo que sigue.

Los datos son alarmantes: en Brasil el homicidio está con una tasa de 30 por 100.000 habitantes, hay ciudades donde el aumento de la violencia ha sido bastante fuerte. En el caso de México, la guerra entre cárteles de narcotraficantes deja una tasa cercana a 24 cada 100.000 habitantes. Hay zonas del país norteamericano, donde no hay Estado y gobiernan estructuras criminales que son casi un para-Estado. Tienen reglas de comportamiento social, horarios de movilidad de los ciudadanos y cobran el famoso derecho a piso que es una extorsión por servicios privados de seguridad. El otro caso es Venezuela. Allí no hay datos oficiales claros, pero se estima que la tasa de homicidio podría estar cercana a los 75 por 100.000 habitantes. Otro caso complicado es Uruguay, aquella democracia perfecta en la región, que entre 2017 y 2018 presentó un aumento del homicidio cercano al 60%, pasando de una tasa de 8.1 en 2017 a 13% en 2018. Colombia, mostró un comportamiento bastante positivo entre 2012 y hasta 2017, pasando de una tasa de 34 por 100.000 habitantes a 24. Obviamente el proceso de paz y algunas estrategias en materia de seguridad posibilitaron esta reducción. Pero entre finales de 2017 y lo que va de 2018, la reducción se ha detenido y hay zonas que muestran un gran deterioro.

Pero, ¿cuáles son las explicaciones para esta ola de violencia? Ciertamente, cada país es un mundo aparte y que las causas son multidimensionales. Por ende sería complicado encontrar explicaciones que den cuenta de lo que sucede en el continente. Si bien esto puede ser parcialmente cierto, también está claro que hay dinámicas que atraviesan el Continente. Cada país tendrá explicaciones de acuerdo con su contexto, pero a nivel continental hay tres grandes hipótesis.

La primera explicación es la explosión de economías ilegales. El crecimiento de los cultivos de hoja de coca en la región andina tiene de trasfondo el aumento de la demanda en gran parte del mundo y sobre todo en la región: Brasil, Argentina y Estados Unidos han elevado el consumo de drogas en los últimos años. A mayor demanda, mayor oferta. Pero en la medida que los carteles mexicanos han tomado el control de la distribución de la droga en las ciudades norteamericanas, las estructuras criminales de otros países han comenzado a ampliar los mercados internos para mantener el nivel de ganancias. Lo cual lleva a que pululen pequeñas estructuras criminales en toda la región. A esto se le suma el tráfico de armas y la trata de personas, que es una gran economía en Centro América, en Colombia y en Brasil.

La segunda explicación es que a partir de la ampliación de los mercados internos de la droga, o de que muchos países son ruta para la trata de personas, o del aumento del contrabando, o la minería criminal, se ha producido en fenómeno en el cual grandes organizaciones criminales contratan a la delincuencia común o grupos juveniles violentos: los arman y los ponen a cumplir roles dentro de una cadena criminal. Luego estas estructuras pequeñas gozan de autonomía en otros mercados ilegales y tienden a expandir su influencia y, de ahí, los enfrentamiento entre jóvenes en muchos de los barrios de la región.

La última explicación es la lentitud y el pobre avance del Estado en materia de políticas públicas. Desde hace 20 años se utilizan las mismas recetas, como el populismo punitivo, estrategias de frontera y contención, las mismas políticas de prevención. Todas estas estrategias son obsoletas, pero generan votos y la sensación de que con mano dura todo estará mejor. Es necesario, por tanto, revertir la agenda de seguridad.