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02/12/2018 | Europa - El ¨11-S del textil europeo¨: el juicio que puede cambiar la industria de la ropa barata

Andreu Jerez

Berlin - En 2012, un incendio arrasó una fábrica en Pakistán que elaboraba ropa para la firma alemana KiK. Los tribunales pueden ahora sentar jurisprudencia en la UE sobre la deslocalización.

 

11 de septiembre de 2012. Un incendio arrasa la fábrica textil Ali Enterprisesen la localidad de Baldia, en el sur de Pakistán. 258 empleados mueren y 32 resultan heridos, la mayoría de ellos graves. Investigaciones posteriores apuntan que el edificio tenía serias fallas de seguridad laboral como, por ejemplo, ventanas enrejadas, inexistencia de alarma de incendios y salidas de emergencia bloqueadas, lo que provocó que decenas de trabajadores no pudieran salvarse de morir abrasados o asfixiados.

La cadena minorista de productos textiles de bajo precio KiK era el principal cliente de Ali Enterprises: la empresa alemana compró en 2011 el 70 por ciento de la producción de la fábrica paquistaní. La dependencia económica de la factoría era, por tanto, enorme, por lo que KiK tenía una evidente corresponsabilidad sobre las medidas de seguridad y las condiciones laborales de su proveedor en Baldia. El caso pronto saltó al espacio público alemán y europeo, lo que obligó a la cadena alemana 'low cost' a reaccionar.

Poco después del desastre, KiK accedió a pagar un millón de dólares como ayuda de emergencia para los familiares de los trabajadores fallecidos y para los supervivientes. En septiembre de 2016, y tras una negociación auspiciada por la Organización Mundial del Trabajo, la empresa alemana anunciaba estar dispuesta a desembolsar más de cinco millones de dólares para una hucha de pensiones destinadas a los afectados por el incendio.

Previamente, en marzo de 2015, un superviviente y tres familiares de fallecidos habían decidido interponer una demanda ante la justicia alemana por la falta de control en los estándares de seguridad así como por las precarias condiciones de trabajo. Las organizaciones no gubernamentales Centro Europeo para Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y medico internacional apoyaron la iniciativa. La justicia alemana aceptó el caso. Un tribunal de Dortmund ha abierto este jueves el juicio oral que debe establecer si hay responsabilidad legal de KiK.

Responsabilidad en la economía global

“Siempre ha sido así: el derecho evoluciona a raíz del desarrollo económico”, dice Carolijn Terwindt, consejera legal sénior de ECCHR a El Confidencial. “Si miramos cómo surgieron las hoy normales responsabilidades de los empresarios para con sus empleados, concluimos que este caso podría suponer un cambio similar a los ocurridos en el siglo XIX. Ello tiene que ver con que, en la actualidad, la economía cada vez apuesta más por la externalización y deslocalización de servicios, y ello genera el surgimiento de cada vez más preguntas sobre cómo debe evolucionar las responsabilidad de los empresarios para con sus trabajadores. ¿Cuál debería ser la responsabilidad de una empresa con sus asalariados indirectos en el mundo globalizado del siglo XXI en el que cadenas comerciales trabajan con más de 400 proveedores en sus cadenas de suministro?”, se pregunta en voz alta Terwindt.

Los perfiles de los demandantes paquistaníes que han obligado a KiK a sentarse en el banquillo demuestran que las condiciones laborales de la fábrica, que se convirtió en una trampa mortal para 258 personas, dejaban mucho que desear. Un video del ECCHR (en inglés) recopila las biografías de las víctimas.

Muhammad Hanif es el único superviviente de los cuatro demandantes. Llevaba trabajando en Ali Enterprises desde los 9 años tras verse obligado a dejar la escuela por falta de dinero. Como operador de maquinaria ganaba entre 18.000 y 20.000 rupias (entre 155 y 157 euros) mensualmente. Era el único ingreso de su hogar. Muhammad, que pudo escapar del edificio a través de unos de conductos de ventilación, arrastra secuelas físicas desde entonces: sufre problemas respiratorios y dolores de pecho crónicos. Asegura, sin embargo, que sigue trabajando en una fábrica “muy similar” a la de Ali Enterprises.

Abdul Aziz Khan Yousuf Zai intentó sacar a su hijo Attaullah Nabeel Yousuf Zai del la fábrica en llamas. Attaullah tenía 17 años y trabajaba como operador de máquinas desde los 14. El otro hijo de Abdul, el menor, también estaba empleado en Ali Enterprises. Salvó la vida porque el 11 de septiembre de 2012 no fue a trabajar. Attaullah ganaba 15.000 rupias (unos 130 euros) al mes. Una suma imprescindible para la economía familiar. La muerte de su hijo no sólo ha tenido efectos psicológicos en Abdul, sino también financieros, pues tiene que seguir pagando el tratamiento de su diabetes. “Queremos que KiK venga a Pakistán y vea qué difícil es nuestra situación”.

¿Quién controla las auditorías?

El 11 de septiembre de 2012, Saeeda Khatoon perdió a su único hijo. M. Ejaz Ahmed tenía 18 años y llevaba trabajando desde los 14 en el departamento de confección de la fábrica. Ganaba 12.000 rupias mensuales (alrededor de los 100 euros). Era el único ingreso de la familia. Saeeda llegó a los alrededores de la fábrica 15 minutos de que comenzase el incendio. Vio como los trabajadores pedían inútilmente auxilio desde las ventanas enrejadas del edificio, mientras otros saltaban desde el tejado para salvar la vida.

Cuando pudieron abrir las puertas de la fábrica, la madre encontró el cuerpo de su hijo abrasado en una escalera. Se había tapado la cara con un plato. El rostro fue la única parte que no quedó completamente quemada. Fue así como Saaeda pudo reconocer el cadáver. Para ella, la indemnización económica no es el principal objetivo del proceso: “Querría que ninguna familia más tuviera que sufrir una pérdida como la mía. Espero que la empresa alemana asuma su responsabilidad y que en el futuro haya leyes que establezcan esa responsabilidad empresarial”.

La posición de KiK es clara: la empresa asegura haber cumplido con sus responsabilidad corporativa tras pagar más de seis millones de dólares en forma de indemnizaciones. Un pago absolutamente voluntario porque, como denuncian las organizaciones no gubernamentales que impulsaron el proceso legal en Alemania, en Europa no hay legislación que establezca la responsabilidad de las empresas respecto a las condiciones laborales y los estándares de calidad en las fábricas de sus proveedores en países como Pakistán o Bangladesh. KiK encargó a la auditora privada italiana RINA la confección de informes sobre las condiciones de la fábrica de Badia. Pero, ¿quién controla el trabajo de esas auditorías privadas?

“Ni la Comisión Europea ni los gobiernos nacionales europeos controlan a las empresas que otorgan estos sellos de calidad. El sistema es voluntario. No hay control alguno”, apunta Carolijn Terwindt, de ECCHR. “Hay varios sistemas: uno es el SAI (Social Acountability Internacional), otro recibe el nombre de BSCI (Business Social Compliance Initiative). Nosotros consideramos que todos estos sistemas son insuficientes, como demuestran los accidentes ocurridos en los últimos años. Un control real supondría sanciones efectivas si, por ejemplo, las auditorías encargadas por las empresas no se hiciesen correctamente. Y los dos sistemas mencionados no cuentan con un sistema sancionador efectivo”.

El tribunal de Dortmund tendrá que decidir a partir de este jueves si la causa ya ha prescrito, como defiende KiK acogiéndose a la legislación paquistaní, o si hay base legal para continuar con el proceso. Para Carolijn Terwindt, el caso, de prosperar, podría suponer un precedente legal para las empresas del ramo con consecuencias vinculantes para el sector textil europeo: “La demanda busca establecer si la indemnización financiera realizada por KiK fue voluntaria, y por tanto fruto de la buena voluntad y consecuencia de la presión de la sociedad civil, o si en realidad se trataba de una obligación legal. El proceso debería suponer un precedente para casos similares en el futuro”.

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-11-29/11-s-textil-europeo-juicio-cambiar-industria-ropa-barata_1676682/

El Confidencial (España)

 



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