El periodista nicaragüense Miguel Mora había terminado su trabajo en la televisión y conducía de vuelta a casa cuando lo detuvo la policía armada. "Me ordenaron que me quitara las gafas y me pusiera una capucha en la cabeza", recuerda Mora, director del canal informativo 100% Noticias. "Luego me agarraron por el cuello y me obligaron a meterme en una camioneta, donde un oficial me dijo: 'Eres responsable de la muerte de policías, si sigues jodiendo, te vamos a matar a ti y a toda tu familia'". Era la sexta vez que la policía lo detenía en una semana.

Mora se enfrenta a acusaciones penales por "incitación al odio", a drones que filman su casa y a hombres armados en motocicletas que siguen sus movimientos. La intimidación que sufre forma parte de un creciente ataque a la libertad de prensa en Nicaragua tras las protestas ciudadanas que paralizaron al país a principios de año, con periodistas apaleados, arrestados y robados, y la policía allanando las emisoras de radio.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la semana pasada el creciente hostigamiento. "Este Gobierno ha prohibido las protestas, ha arrestado a los líderes de la oposición y lo único que impide ahora una dictadura totalitaria es la presencia de medios de comunicación independientes", asegura Mora. "Ahora viene la etapa en la que intentan callarnos".

Las protestas de abril contra el Gobierno de Nicaragua se desataron por el deficiente operativo para sofocar los incendios de una reserva protegida y crecieron con las reformas fiscales que recortaban las prestaciones de la seguridad social. Se multiplicaron cuando la policía comenzó a disparar munición real contra los manifestantes, matando a decenas de personas.

A medida que empeoraba la situación de crisis, el canal  100% Noticias llevaba la violencia policial y paramilitar a las pantallas de todo el país mientras los periódicos exponían las tácticas letales del Estado. Una investigación usó radiografías como evidencia de que muchas muertes habían ocurrido por un solo disparo en la cabeza, el cuello o el pecho: las fuerzas de seguridad estaban tirando a matar.

El Gobierno trató de controlar la cobertura de los medios desde el comienzo de los disturbios, presionando a sus responsables para que se autocensuraran. A los periodistas del Canal 10, propiedad del magnate mexicano Remigio Ángel González, les prohibieron en un principio que informaran sobre las manifestaciones. "Era absurdo: se estaban desarrollando acontecimientos históricos y nosotros los ignorábamos", cuenta Mauricio Madrigal, editor de noticias de la cadena. Hasta que Madrigal y varios compañeros amenazaron con dimitir y se terminó la prohibición.

Tras comprobar que ese método no funcionaba, las autoridades recurrieron a tácticas más directas. El sábado, un cámara fue secuestrado por hombres armados vestidos de civil cuando salía de las oficinas centrales de 100% Noticias y encerrado en la cárcel. Desde que comenzaron los nuevos métodos, dos periodistas del canal han huido del país. En total, doce miembros del equipo de Madrigal han dejado el trabajo, temiendo por la seguridad de sus familias.

Según Gerall Chávez, un periodista de la cadena VosTV cuya casa fue asaltada en agosto, "todos los periodistas independientes han recibido amenazas de muerte". Durante la crisis, un periodista ha sido asesinado y se han documentado más de 490 violaciones contra la libertad de prensa.

El Gobierno ha recuperado las calles y ahora quiere imponer el control sobre lo que se dice. El objetivo es garantizar la impunidad de las fuerzas estatales que masacraron a cientos de manifestantes. Como dice la periodista y exguerrillera Sofía Montenegro, que en los años setenta luchó junto al presidente Daniel Ortega, "una estrategia orwelliana para falsificar la realidad de la represión".

La versión oficial se difunde a través del imperio mediático armado por Rosario Murillo, la primera dama de Nicaragua, elegida vicepresidenta en 2017. Poco después de que su marido Daniel Ortega volviera al poder en 2007, Murillo publicó la funesta  estrategia de comunicación en la que se esbozaban los planes para evitar que los medios críticos "contaminaran" la percepción pública del Gobierno.

En los diez años que siguieron, la primera dama empleó millones de dólares de los fondos de cooperación venezolanos (al parecer, destinados a la reducción de la pobreza), en la compra de medios de comunicación nicaragüenses. Los canales de televisión 4, 8, 9 y 13 son ahora propiedad de sus hijos. También bajo el control de la familia funcionan Radio Ya, Radio Nicaragua, Radio Sandino, el portal de noticias El 19 Digital y la cadena estatal de televisión Canal 6.

El aparato mediático trabaja desde abril encubriendo la reacción letal del Gobierno contra las protestas. "Presentamos una realidad alternativa en la que los manifestantes eran extremistas de derechas matando a sandinistas", dice Carlos Mikel Espinoza, que trabajaba como editor de El 19 Digital cuando estallaron las protestas. "Fue algo fascista, un intento de hacer que los simpatizantes del Gobierno y la policía sintieran odio". Espinoza dimitió y huyó a Costa Rica en junio, cuando la policía y los militantes quemaron vivos en su casa a los seis integrantes de una familia.

La estrategia de Murillo no ha funcionado. Según las encuestas, solo uno de cada cinco nicaragüenses se cree la versión oficial de que "los que participaron en bloqueos de carreteras y marchas son terroristas". Pero eso no ha impedido que los tribunales controlados por Ortega procesen a los manifestantes como si fueran los extremistas violentos de los que habla la propaganda.

"Un día tras otro, nosotros somos la resistencia ante esta realidad de fantasía", concluye Miguel Mora. "El siguiente paso lógico, y estoy seguro de que lo van a dar, es enviar a los paramilitares para que nos cierren por completo; así quedará solo su versión de los hechos, un discurso puro y sin contaminar".

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