El Parlamento italiano ha aprobado una nueva ley de seguridad e inmigración que hará más fácil deportar a los inmigrantes que cometan delitos y despojar a los condenados por terrorismo de su ciudadanía italiana.

La Cámara Baja del Parlamento, la Camera dei Diputati, aprobó la nueva ley con 396 votos a favor y 99 en contra el 28 de noviembre, votación promovida por el ministro del Interior, Matteo Salvini. La ley había sido aprobada previamente por el Senado italiano el 7 de noviembre. La medida fue promulgada por el presidente Sergio Mattarella el 3 de diciembre.

Conocida como el "decreto de seguridad" o "decreto Salvini", la nueva ley incluye varias provisiones clave:

Elimina la protección humanitaria. Un objetivo principal de la nueva ley es limitar el número de inmigrantes a los que se concede el asilo en Italia. Para lograr este propósito, el Artículo 1 del decreto abole los permisos de residencia por la llamada protección humanitaria, una forma de seguridad a la que pueden acceder los que no pueden aspirar al estatus de refugiados.

Con el sistema anterior, las condiciones para poder optar a la protección humanitaria –una de las tres formas de protección concedida a los solicitantes de asilo, además del asilo político y la protección subsidiaria– eran vagas y vulnerables a excesos. Los inmigrantes que llegaban a Italia podían reclamar la protección humanitaria, que duraba dos años y les daba acceso a trabajos, prestaciones sociales y vivienda.

Con la nueva ley, el Gobierno italiano sólo concederá el asilo a los refugiados legítimos de la guerra o las víctimas de la persecución política. La nueva ley también introduce una serie de permisos especiales (por motivos de salud o desastres naturales en el país de origen) con una duración máxima de entre seis meses y un año.

Amplía el periodo de detención de los inmigrantes. El Artículo 2 de la nueva ley permite a las autoridades italianas detener a los inmigrantes retenidos en los llamados centros de repatriación (Centri di permanenza per il rimpatrio, CPR) hasta 180 días, y desde un máximo de 90. La ampliación va acorde con el periodo considerado necesario para verificar la identidad y nacionalidad de un inmigrante.

Además, el Artículo 3 estipula que los solicitantes de asilo deben ser retenidos por un periodo máximo de 30 días en los llamados puntos de acceso, centros de identificación en las fronteras externas de la UE. Si no se determina su identidad en 30 días, los solicitantes de asilo también pueden ser retenidos en los centros de repatriación durante 180 días. Dicho de otro modo, los solicitantes de asilo pueden ser retenidos 210 días para verificar su identidad.

Aumento de los fondos para la deportación. El Artículo 6 estipula la asignación de fondos adicionales para las repatriaciones: 500.000 euros en 2018, 1,5 millones de euros en 2019 y otros 1,5 millones de euros en 2020.

Facilita la revocación de la protección. El Artículo 7 amplía la lista de delitos por los que el estatus de refugiado o la protección subsidiaria se pueden retirar. Los solicitantes de asilo pueden perder ahora su protección si son condenados por delitos como las amenazas o la violencia contra un funcionario público, la agresión física, la mutilación genital femenina o una variedad de cargos por robo.

La solicitud de asilo también se puede suspender si el solicitante es un delincuente en proceso por uno de los delitos antedichos, lo que podría resultar en la denegación del asilo en el caso de una condena final. Además, los refugiados que vuelvan a su país de origen, aunque sea temporalmente, perderán su protección internacional y subsidiaria.

Establece una lista de países de origen seguros. El Artículo 7 bis estipula el establecimiento de una lista de países de origen seguros, concretamente los países que tienen sistemas políticos democráticos y donde "de forma general y constante" no existe persecución política, tortura o tratos humillantes y torturas, amenazas de violencia o conflicto armado.

Al menos 12 países de la UE ya tienen dichas listas, que se utilizan para prevenir los abusos de la UE y los sistemas de asilo nacionales.

Según el decreto, los solicitantes de asilo de los países de la lista tendrán que aportar pruebas de que corren peligro en sus países de origen. La ley también introduce nuevas categorías que hacen que una solicitud de asilo sea «manifiestamente injustificada» en el caso de personas que hayan hecho declaraciones incoherentes; que hayan dado información falsa o aportado documentos falsos; que se niegan a que se les tomen las huellas dactilares; que están sujetas a órdenes de deportación; que constituyan un peligro para el orden y la seguridad; extranjeros que hayan entrado en el territorio italiano de forma irregular y que no solicitaron inmediatamente el asilo.

Además de la lista de los países de origen seguros, el Artículo 10 instituye el principio del "vuelo interno", es decir, que "si un ciudadano extranjero puede ser repatriado a algunas áreas del país de origen donde no corre riesgo de ser perseguido, se rechaza la solicitud de protección internacional".

Reduce el sistema de refugios para solicitantes de asilo. El Artículo 12 estipula que de ahora en adelante, sólo se permitirá a los menores sin acompañante y las personas que cumplan los requisitos para la protección internacional utilizar el sistema para la recepción de solicitantes de asilo y refugiados (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR), el sistema de recepción ordinaria gestionado por los ayuntamientos italianos. Todos los demás solicitantes de asilo serán procesados a través de los Centros de Recepción Extraordinarios (Centri di Accoglienza Straordinaria, CAS) y los Centros de Recepción de Solicitantes de Asilo (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, CARA). Estos cambios van dirigidos no sólo a reafirmar el control central sobre el proceso de asilo, también para restringir el acceso a todos los servicios sociales excepto los más básicos.

Autoriza la revocación de la ciudadanía. El Artículo 14 estipula la revocación de la ciudadanía italiana para los que no sean italianos de nacimiento y hayan sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Los sujetos a la revocación incluyen: los extranjeros que obtuvieron la ciudadanía después de diez años de residencia en Italia; los apátridas que obtuvieron la ciudadanía después de cinco años de residencia en Italia; los hijos de extranjeros nacidos en Italia que obtuvieron la ciudadanía tras cumplir los 18 años; las esposas de los ciudadanos italianos; y los extranjeros adultos que fueron adoptados por un ciudadano italiano.

La revocación de la ciudadanía es posible en un plazo de tres años tras la condena por delitos relacionados con el terrorismo, por decreto del presidente de la república a propuesta del ministro del Interior.

El Artículo 14 también eleva el periodo de espera para obtener la ciudadanía de 24 meses a 48.

Impulsa medidas de seguridad. La nueva ley también introduce normas con el objetivo de reforzar las medidas para garantizar la seguridad pública, en particular en lo relativo a la amenaza terrorista y la lucha contra la infiltración delictiva en las licitaciones públicas.

Para intentar impedir los ataques en vehículos contra peatones en lugares muy concurridos, el Artículo 17 exige a las agencias de alquiler de coches que aumenten los controles sobre las personas que alquilan camiones y furgonetas. El Artículo 19 autoriza a la policía en los municipios con más de 100.000 a utilizar pistolas eléctricas, mientras que el Artículo 24 incluye medidas para reforzar las leyes contra la mafia y las medidas de prevención. La mafia italiana ha sido acusada de aprovecharse de la crisis migratoria.

En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Matteo Salvini, dijo que la nueva ley establecería orden en un sistema de asilo disfuncional. "Con criterio, sentido común y resultados excelentes, ponemos orden, normas, seriedad, transparencia y uniformidad en el sistema de recepción de solicitantes de asilo que se ha convertido en una mercancía, en un negocio fuera de control y pagado por los ciudadanos italianos". Añadió:

Debemos acoger a quienes huyen de la guerra, pero no hay sitio para los inmigrantes económicos. En la era de la comunicación global, se está lanzando un mensaje claro a los inmigrantes en todos los países de origen, y también a los traficantes, que entenderán que tienen que cambiar de trabajo. El que escape de la guerra es mi hermano, pero el que venga aquí a vender drogas y a generar desorden debe volver a su país.

La nueva ley ha sido rotundamente condenada por los principales medios de Italia, los partidos de izquierdas y las ONG y otras organizaciones relacionadas con la inmigración. Salvatore Geraci, de Cáritas Italia, una organización benéfica italiana, dijo que la nueva ley es "la peor de la historia italiana" y "patógena, inútil y perjudicial". Añadió: "El texto es en gran parte resultado de los prejuicios y los cálculos electorales, de enfoques simplistas a un fenómeno complejo y articulado".

Salvini replicó: "Me pregunto si estos que impugnan el decreto de seguridad lo han leído siquiera. De verdad no entiendo cuál es el problema: deporta a los delincuentes y aumenta la lucha contra la mafia, la extorsión y las drogas.

Salvini, líder de la Liga (Lega), partido contrario a la inmigración, formó una nueva coalición de gobierno con el populista Movimiento Cinco Estrellas (M5S) el 1 de junio. El programa de gobierno, esbozado en un plan de acción de 39 páginas, prometía aplicar mano dura contra la inmigración ilegal y deportar hasta 500.000 migrantes sin papeles.

Italia es una de las principales puertas de entrada a Europa para los inmigrantes que llegan por mar: 119.369 llegaron por mar en 2017, después de los 181.436 que llegaron en 2016, según la Organización Internacional para la Inmigración (OIM). Se calcula que en los últimos cinco años han llegado a Italia unos 700.000 inmigrantes, pero desde que Salvini asumió su cargo, el número de llegadas ha sufrido un acusado descenso. Durante los primeros once meses de 2018, sólo llegaron 23.000 inmigrantes, según la OIM.

Mientras, Salvini anunció que Italia no firmará el Pacto Mundial para la Inmigración de Naciones Unidas, y que los funcionarios italianos no iban a asistir a la conferencia que se celebra en Marrakech (Marruecos) los días 10 y 11 de diciembre para adoptar el acuerdo. El Pacto Global no sólo pretende establecer la inmigración como un derecho humano, también ilegalizar las críticas a la inmigración mediante leyes sobre delitos de odio.

El primer ministro Giuseppe Conte dijo en el Parlamento, el 28 de noviembre:

El Pacto Global para la Inmigración es un documento que plantea problemas y preguntas que generan fuertes reacciones en los ciudadanos. Por lo tanto, consideramos que lo correcto es llevar el debate al Parlamento y someter cualquier decisión final al resultado de ese debate, como ha hecho Suiza. Así que el Gobierno no participará en Marrakech, y se reserva la opción de adoptar ese documento, o no, cuando el Parlamento haya expresado su opinión.

Más de una decena de países han anunciado que no van a firmar el acuerdo. Entre los países occidentales están: Australia, Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Israel, Italia, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y Estados Unidos.

**Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York.