En el siglo XX la migración forzada fue parte integral del desarrollo y de la constitución de nuevos estados en Asia. (A pesar de las sutiles diferencias legales, aquí se usarán indistintamente los términos "migración forzada", "desplazamiento forzado de población" y "refugiados" para referirse tanto a las personas que han sido desplazadas por la fuerza dentro de sus países de origen [Personas Internamente Desplazadas: PID] por conflicto, persecución y proyectos de desarrollo económico a gran escala, así como a aquellas personas que han sido obligadas a cruzar una frontera internacional para escapar de alguna forma de persecución, de los efectos de guerra civil, de movimientos insurgentes y/o de catástrofes naturales.) Durante el proceso de descolonización en la región y la consecuente reorganización política, el desplazamiento forzado con intercambios masivos de población jugó un papel central en Estados como India, Pakistán y Bangladesh. La revolución comunista en China e Indochina, así como la invasión soviética a Afganistán, inmersas como estaban en el conflicto bipolar, produjeron nuevas olas de refugiados que influyeron en la configuración de fuerzas en la región. Actualmente la migración forzada es el resultado de dos fenómenos: en primer lugar, el de guerra civil y/o reacomodo político producto de los regímenes heredados del periodo anterior en países como Bhután, Myanmar, Nepal, Indonesia y Afganistán, y, en segundo lugar, de proyectos de desarrollo económico e infraestructura a gran escala que han causado desplazamientos forzados y reasentamientos involuntarios de cientos de miles de personas en India, China, Indonesia y Vietnam.

Este ensayo intenta analizar los focos de inestabilidad producidos por la migración forzada en Asia en sus dos vertientes, e integrar el estudio de ambas para atraer la atención de la comunidad internacional a un problema viejo que hoy presenta dimensiones preocupantes. La migración forzada producida por conflicto ha contribuido en forma significativa a la inseguridad nacional y regional, y ha entorpecido el establecimiento de relaciones más estrechas y la cooperación en el seno de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) y de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés). En décadas recientes las instancias involucradas en el asentamiento, protección, reasentamiento y repatriación de los refugiados producidos por conflicto han sido organizaciones gubernamentales del régimen internacional para los refugiados encabezadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales.

Sin embargo, raro es el caso en que la migración forzada causada por el desarrollo se estudia (y atiende) dentro del mismo rubro que la migración por conflicto, dada la falta del ingrediente de persecución política o violencia, que constituye el criterio fundamental mediante el cual el régimen internacional para los refugiados brinda protección y asistencia a sus víctimas. Ello implica que las víctimas de desplazamiento forzado y reasentamiento involuntario producidos por proyectos de desarrollo queden a merced de los gobiernos responsables, toda vez que las instituciones financieras internacionales y/o empresas transnacionales que financian tales proyectos difícilmente asumen la responsabilidad de lidiar con los costos sociales e impactos ecológicos una vez que el proyecto ha sido concluido.

Al 1 de enero de 2005 había 6899600 refugiados en Asia (UNHCR 2005:1-11), incluidos refugiados víctimas de persecución, y por conflicto, solicitantes de asilo y personas sin Estado. No obstante, esta estadística excluye a los desplazados por proyectos de desarrollo económico. Nada más en la década de 1990 la construcción de grandes presas hidroeléctricas en países en desarrollo en todo el mundo desplazó a alrededor de 40 millones de personas (T. Scudder, 1997). Este tipo de proyectos y sus efectos sobre el desplazamiento humano no son nuevos; sin embargo, la construcción de infraestructura hidroeléctrica en Asia en las últimas dos décadas lo ha elevado a dimensiones sin precedente (según R. Phadke, 1999, entre 1970 y 2000 sólo en China e India la cifra aumentó más de 100%). A nivel global, hay más refugiados por el desarrollo económico que por guerras y desastres naturales (M.M. Cernea, 1996). A pesar de la magnitud del problema, no es frecuente que en la literatura de la migración forzada se vincule este fenómeno al de la seguridad nacional y regional.

MIGRACIÓN FORZADA POR REACOMODO POLÍTICO

El reacomodo político en los países del sur y este de Asia con problemas de migración forzada refleja la imperfección de las instituciones políticas que emergieron de revoluciones sociales o de la descolonización, incapaces de integrar a las minorías étnicas. En las últimas dos décadas la reconfiguración de fuerzas se ha manifestado en cuatro modalidades: conflictos armados en busca del cambio de régimen -- guerrilla maoísta en Nepal, insurgencia mujaidín en Afganistán e insurgencia comunista en Myanmar -- ; establecimiento de gobiernos de extrema derecha ultranacionalista que priva a minorías étnicas de participación política y de ciudadanía -- el gobierno de Myanmar en contra de los musulmanes rohingyas, o el bhutanés en contra de los hindúes lhotshampas -- ; búsqueda de representación política y/o autonomía de algún grupo étnico -- tibetanos y los musulmanes uigures de la provincia de Xinjiang en China -- ; y el caso más extremo, el intento de secesión de alguna minoría étnica -- la provincia de Aceh en Indonesia.

Estas circunstancias han generado violencia, represión, persecución, huida y flujos de refugiados hacia los países vecinos. Ninguno de estos conflictos se ha resuelto en forma satisfactoria debido a problemas crónicos en los países de origen, así como a las restricciones, intolerancia y el semiencarcelamiento en el que viven los refugiados en los países huésped (G. Loescher y J. Milner, 2005). Algunas de estas situaciones han persistido durante más de 20 años, por lo que miles de refugiados continúan viviendo en campamentos en espera de condiciones propicias para su regreso, lo cual, inevitablemente, exacerba problemas propios de los países huésped. En el sur y este asiáticos, ninguno de los países receptores es signatario de los instrumentos internacionales para refugiados (Convención de 1951 y Estatuto de 1967 de la ONU) que protegen a los desplazados contra el regreso forzado (refoulement) a su país de origen o el maltrato en manos de fuerzas fronterizas y la comunidad local. Por ende, su seguridad y la posibilidad de que el ACNUR u otras organizaciones los asista dependen solamente de la buena voluntad del país receptor.

En Asia destacan cuatro casos de problemas de refugiados prolongados: el de la minoría étnica lhotshampa de Bhután en el sureste de Nepal y noreste de India; el de disidentes políticos y minorías étnicas de Myanmar en Tailandia y de los musulmanes rohingyas de la provincia de Arakan de Myanmar en Bangladesh; el de los tibetanos en India y Nepal y, finalmente, el de los afganos en Pakistán e Irán.

En diciembre de 1990, en Bhután, como estrategia de limpieza étnica motivada por el miedo al crecimiento demográfico de las minorías, el gobierno negó la ciudadanía a los residentes que no pudieran comprobar que habían llegado al país antes de 1958. Por consiguiente, alrededor de 100000 lhotshampas indios descendientes de emigrantes nepalíes fueron obligados a buscar refugio en Nepal en donde el ACNUR los acogió en seis diferentes campamentos. Dada la negativa del gobierno bhutanés de cambiar su postura, la única solución duradera ha sido la de procurar la integración de los lhotshampas a la sociedad nepalí con sus propios problemas de inestabilidad.

Con el mismo espíritu, el gobierno de Myanmar decidió negar la nacionalidad a los musulmanes rohingyas en 1978, lo que motivó la salida de alrededor de 250000 refugiados hacia Bangladesh, donde el índice de pobreza extrema es de los más altos del mundo. En 1994, con la asistencia del ACNUR, se repatrió voluntariamente a la mayoría, no obstante las condiciones desfavorables en Myanmar. Por ello, al menos 20000 refugiados decidieron quedarse en Bangladesh en condiciones difíciles pero sin la amenaza a su seguridad. En Myanmar, la inseguridad se suma a la insurgencia comunista y al carácter represivo del régimen, ocasionando la salida de disidentes y otras minorías: más de 120000 refugiados birmanos han huido hacia Tailandia de la violencia, arrestos arbitrarios y persecución, del reasentamiento y trabajo forzado y destrucción de cosechas, para asentarse en campamentos a lo largo de la frontera o en el interior del país. Adicionalmente, 500000 inmigrantes ilegales birmanos, que desde los ochenta han salido en busca de mejores condiciones de vida, viven actualmente en Tailandia, país que disputa su frontera con Myanmar, propiciando la infiltración de refugiados, inmigrantes económicos y traficantes de drogas, aumentado la tensión en la zona.

Los campamentos en las zonas fronterizas se han convertido también en santuarios militares, protegidos paradójicamente por la red de organizaciones humanitarias. La insurgencia maoísta de Nepal los ha utilizado como fuente de reclutamiento para sus actividades guerrilleras en Nepal y en el estado de Sikkim al noreste de la India. A mediados de los noventa el conflicto interno de Myanmar se extendió a los campos tailandeses cuando la contrainsurgencia los atacara con el fin de cerrar canales de abastecimiento militar, evitar su transformación en bases de operación de los insurgentes y obtener mano de obra forzada para sus operaciones militares. En el caso de los refugiados afganos, la milicia mujaidín los ha utilizado, aprovechando la ayuda humanitaria que llega a ellos, para rehabilitarse, reabastecerse y reclutar miembros. Desde 1989 Zolberg, Suhrke y Aguayo prevenían a la comunidad internacional del riesgo que representaban las comunidades de refugiados guerrilleros para la intensificación y prolongación de conflictos en Medio Oriente, América Central, Cuerno de África, Camboya y Afganistán, y para la seguridad regional e internacional. En la región que nos ocupa, esta circunstancia sigue desempeñando un papel desestabilizador, y ha empeorado en la medida en que otros factores, como el tráfico de drogas, trata de niños y mujeres, y las mafias que controlan la distribución de la ayuda humanitaria, contribuyen a aumentar la tensión entre las partes y al deterioro de las condiciones de vida de los refugiados, ya que son objeto de una doble victimización.

El cuarto foco de inestabilidad lo constituyen los movimientos separatistas que generan migración forzada. De entre los varios ejemplos de este fenómeno en la región, sobresale el caso de la Provincia de Aceh al norte de Sumatra, en Indonesia (Movimiento de Liberación de Aceh, Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Prácticamente desde su independencia en 1949, Indonesia enfrenta un problema de desintegración nacional que ha causado el desplazamiento forzado de aproximadamente un millón de personas (E.L. Hedman, 2005). Aceh inició su lucha de secesión en los setenta por razones territoriales, étnicas y culturales, y desde entonces el gobierno central ha utilizado la violencia con el fin de debilitar y desmembrar al GAM, forzando el desplazamiento de más de 200000 personas al sur de Sumatra o a la isla de Java. En los últimos siete años la escalada de violencia se ha manifestado en persecuciones, matanzas, desapariciones y destrucción de las propiedades de militantes y simpatizantes del GAM. En 2003, el tsunami del Océano Índico deterioró las condiciones socioeconómicas y propició la intensificación del conflicto político. Ante ello, el gobierno reaccionó con más violencia, decretó la ley marcial y causó un incremento del flujo migratorio. De manera similar, las solicitudes de asilo a Malasia aumentaron en los últimos dos años. La respuesta de los separatistas ha sido convertir los campamentos de refugiados de PID en santuarios militares como estrategia militar y política. Así, lejos de solucionarse el conflicto, la escalada de violencia por ambas partes continúa.

MIGRACIÓN FORZADA POR DESARROLLO ECONÓMICO

En la vertiente del desarrollo económico, Asia ha pagado altos costos sociales y ecológicos: pérdida de valles fértiles, contaminación del agua, destrucción de fauna de agua dulce, desmembramiento social, empobrecimiento y conflictos de reasentamiento y rehabilitación comunitaria. Es evidente que las características propias de cada caso -- sobrepoblación, pobreza, etc. -- han hecho difícil una planeación que garantice el bienestar a largo plazo de las comunidades afectadas. Los gobiernos e instituciones responsables no han logrado garantizar buenos resultados para los desplazados, más allá de los beneficios derivados del proyecto para el resto de la población: agua potable, energía eléctrica, riego, comunicaciones e infraestructura.

Los diferentes gobiernos asiáticos han tenido dificultades para rehabilitar a las poblaciones desplazadas por proyectos de infraestructura, ya que éstas difícilmente logran recuperar el nivel de vida que tenían antes de su desplazamiento y, peor aún, la mayoría vive en la pobreza con problemas de desnutrición y enfermedades, y sin haber recibido la compensación prometida por las autoridades (Operations Evaluation Department, 1998, y http://www. narmada.org/sardar-sarovar/wbletter.19991110.html). Además, en muchos casos, los desplazados son reasentados en zonas con problemas de sobrepoblación y desempleo previos (M.M. Cernea, 1999). En consecuencia, conforman nuevos núcleos poblacionales de refugiados económicos que tienden a ser desatendidos por sus gobiernos e ignorados por el ACNUR u otras organizaciones gubernamentales encargadas de la asistencia de refugiados.

Para ilustrar la seriedad de esta situación veamos dos casos, uno en China y otro en India, donde se están desarrollando los dos proyectos hidroeléctricos de mayor envergadura en el mundo. La presa de las Tres Gargantas en la provincia de Hubei, en China (1994-2014), estima desplazar alrededor de 1.3 millones de personas, que involucran a 17 ciudades y 109 pueblos, será el desplazamiento más numeroso de la historia causado por la construcción de una presa (S. Jackson y A. Sleigh, 2000). La simple mención de esta cifra indica la enorme influencia sobre el desplazamiento de personas que tienen estos proyectos en la región (sólo en 2003, 250000 fueron víctimas de desplazamiento forzado y de reasentamiento involuntario). Lo descrito es una de tantas presas que el gobierno chino tiene en construcción para suministrar energía eléctrica a su creciente industria. Recordemos también la presa de Xiaolangdi en la provincia de Henan terminada en 2001, y otras más construidas en el altiplano tibetano, donde se desplazó a más de 200000 personas y se destruyeron sitios sagrados.

El proyecto del Valle de Narmada, en la Provincia de Gujarat al oeste de la India, incluyó la construcción de 3165 presas de tres diferentes dimensiones -- pequeñas, medianas y grandes -- . La presa Sardar Sarovar (1987-2006) es la más grande, y ha provocado el desplazamiento de más de 150000 personas, entre ellas miembros de la tribu Bhilala Adivasi. El problema con la construcción de esta presa, además de los efectos negativos sobre el ecosistema y el desplazamiento humano, fue la destrucción y transformación de un sitio sagrado para los Bhilala Adivasi quienes habían establecido un balance con su entorno sin renunciar a su modo de vida (A. Baviskar, 1995). De esta manera, el proyecto desató una de las luchas más cruentas entre el gobierno de India y un grupo étnico apoyado en un movimiento ecológico dentro y fuera del país. Dada la controversia sobre los daños ecológicos y las dificultades del reasentamiento humano, el Banco Mundial dejó de financiar el proyecto en 1993.

Este tipo de proyectos de indudable valor para el desarrollo económico ha implicado no sólo el desplazamiento demográfico (con cuantificables consecuencias sociales y materiales), sino también el desplazamiento cultural, es decir, la pérdida inconmensurable de la herencia cultural de los pueblos afectados, la erosión de sus tradiciones y la transformación de su estilo de vida, y por tanto, de identidad cultural y étnica.

CONCLUSIONES

Las crisis políticas en Asia y África, la necesidad de buscar nuevos lugares para reasentar a miles de refugiados que viven en condiciones insostenibles en los países de primer asilo y la imposibilidad de repatriar a muchos de ellos, han ejercido mucha presión sobre las democracias liberales para aceptar parte de la responsabilidad de este problema. La consecuencia más obvia del incremento en las solicitudes de asilo ha sido la "fatiga de compasión", experimentada en Europa Occidental, América del Norte y Australia, por el problema que les engendra al interior de sus países. Esto se ha traducido en un menor compromiso en la búsqueda de soluciones a estos conflictos y en la aplicación de políticas de asilo y de migración en general más severas y restrictivas (M. Gibney, 2004). Esta "fatiga de compasión", vista a la luz de la guerra global en contra del terrorismo (tras los acontecimientos del 11-S), ha impulsado la redefinición de la intervención humanitaria en diferentes partes del mundo, y por lo tanto ha tenido un impacto negativo en la capacidad del régimen internacional para refugiados de dar soluciones duraderas a situaciones de refugiados prolongados.

Asimismo, está claro que el problema de migración forzada en Asia en sus dos vertientes no es el flujo de refugiados per se, sino de la incapacidad de los regímenes de hacer frente a las demandas de sus sociedades, de consolidar instituciones democráticas y de restaurar el vínculo natural que debe existir entre el Estado y sus ciudadanos. Por otro lado, el desplazamiento forzado de población por proyectos de desarrollo muestra claramente las dificultades de lograr un desarrollo económico sustentable y de balancearlo con los ideales de gobierno representativo y el respeto a los derechos humanos fundamentales.

Por último, la comunidad internacional no debería contentarse con buscar medidas paliativas a este fenómeno tan desestabilizador, sino que debería participar de forma más activa tanto en la construcción de la paz como de instituciones democráticas en los países de origen.