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13/01/2019 | Conflictos en la cuarta transformación

Alberto J. Olvera

Veremos más protestas y negociaciones este año y de la correlación de fuerzas que surja y de las prácticas estatales que se propicien dependerá si el nuevo gobierno se convierte en un nuevo régimen o sólo en una nueva versión del viejo

 

El presidente López Obrador está estableciendo con prisa los cimientos políticos, fiscales y administrativos de su gobierno. Se observan ya en el primer mes de gestión, tanto las limitaciones internas de su proyecto como el conjunto de conflictos políticos que genera su implantación. Se han abierto múltiples frentes: con los gobiernos subnacionales, con los principales grupos corporativos y clientelares, con el poder judicial, con el capital nacional, y con sectores de la alta burocracia federal. De cómo se resuelvan estos conflictos dependerá el futuro del nuevo gobierno. 

El objetivo de AMLO en cuanto al aparato del gobierno federal es desempoderar a la tecnocracia financiera y administrativa creada en los gobiernos anteriores por medio del despido, la disminución de salarios y privilegios y la concentración de decisiones en el propio presidente. Se ha colocado la ejecución de los nuevos programas de política social asistencialista en las Secretarías de Trabajo y de Bienestar, que carecen de capacidades administrativas para ello, y se ha centralizado el gasto público en la de Hacienda, convertida en la oficialía mayor de todo el gobierno, sin tener los medios para lidiar con tamaña responsabilidad. Este rediseño no construye capacidades estatales, es decir instituciones operativas y apegadas a la ley –que ya eran muy escasas- sino aparatos informales, carentes de suficiente burocracia profesional, cuya misión es cumplir órdenes aunque no se cubran los requisitos legales de su quehacer. Este concepto informal del Estado está en la base de los llamados “Servidores de la Patria”, agentes invisibles que están desarrollando sin supervisión ni transparencia alguna la estratégica tarea de levantar los censos de beneficiarios de los programas sociales del gobierno.

Las decisiones en materia de grandes obras públicas son claramente improvisadas y tributarias de viejas ideas desarrollistas. Los proyectos de los trenes Maya y Transítsmico, el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Tabasco y la masiva siembra de bosques carecen de estudios técnicos, de factibilidad y de impacto ambiental. A pesar de ello, se quieren iniciar ya, saltándose todo tipo de regulaciones.

Para tener libertad de acción, el nuevo gobierno tiene la necesidad de controlar a los otros poderes del Estado. Por esta razón AMLO no aceptó la creación de una Fiscalía General de Justicia autónoma y apuró el nombramiento de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia al precio de omitir los procedimientos parlamentarios más elementales, violando así sus promesas de aplicar prácticas de parlamento abierto. No ha importado que con estos actos se haya roto la confianza de un amplio sector de la sociedad civil.

Otra forma de eliminación de contrapesos es la severa restricción presupuestaria impuesta a los gobiernos estatales y municipales y la creación de la nueva figura de los superdelegados del gobierno federal, quienes han sido investidos con el poder de decidir sobre el uso de los fondos federales en los estados y supervisar su ejecución. Ciertamente, la fragmentación del poder creada del ciclo de transición a la democracia facilitó la captura de los gobiernos locales por poderes fácticos regionales y el crimen organizado. Sin embargo, las recentralización no construye instituciones estatales fuertes, sólo crea un nueva figura de comando central, por cierto muy débil al carecer de capacidades administrativas propias.

Otra forma de avasallamiento de los poderes locales es la creación de la Guardia Nacional, a esta hora aun en suspenso legislativo por implicar importantes cambios constitucionales y la plena militarización de la seguridad pública.

La eliminación de viejas formas de subsidio fiscal a empresas, de programas que intermediaban organizaciones corporativas y clientelares (ante todo “campesinas”) y del Ramo 23 del presupuesto federal, del que se nutría el clientelismo de los gobiernos locales, marca el posible principio del fin del particularismo generalizado como forma de relación entre el Estado y la sociedad. Este es el mayor aporte democrático del nuevo gobierno.

Las resistencias al cambio emergen por doquier, pues AMLO no ha dosificado el ataque al viejo orden. Veremos más protestas y negociaciones este año, y de la correlación de fuerzas que surja y de las prácticas estatales que se propicien dependerá si el nuevo gobierno se convierte en un nuevo régimen o sólo en una nueva versión del viejo.

El País (Es) (España)

 



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