De entre las 32 personas contra las que el fiscal especial Robert Mueller ha presentado cargos en su investigación sobre las injerencias rusas en las elecciones de EE.UU., la que mayor poder tuvo en la campaña de Donald Trump y la única que de momento está en prisión tiene unos lazos estrechos y duraderos con España. Tanto, que un encuentro en Madrid entre este condenado, Paul Manafort, con un ucraniano sospechoso de colaborar con los servicios de inteligencia rusos le sirvió esta semana al fiscal especial Mueller para probar que la campaña de Trump compartió con Rusia información de votantes republicanos sobre los que influir en beneficio del ahora presidente.
El fiscal Mueller sospecha que Madrid fue el lugar elegido para lo que en espionaje se conoce como «dead drop» o «buzón muerto», el punto de traspaso de información fuera del radar de los servicios de inteligencia norteamericanos. Después de que la semana pasada los abogados de Manafort revelaran por error que ese encuentro se produjo en España en unas alegaciones enviadas al juez, la fiscalía identificó un viaje de Manafort en 2016 por el que este presentó gastos a la campaña de Trump por valor de unos 2.000 euros.
Contactos peligrosos
Preguntados por ABC, los representantes de Manafort aseguran que el viaje tuvo lugar en 2017. El fiscal Mueller, sin embargo, ha acusado a Manafort de mentir repetidamente sobre las condiciones de ese viaje a Madrid para verse con el ucraniano Konstantin Kilimnik, a quien le entregó «material electoral sobre la campaña de 2016» y con quien discutió un «plan de paz para Ucrania». Rusia se halla inmersa en una guerra con Ucrania desde que una revuelta popular hiciera caer el gobierno prorruso de Víktor Yanukóvich.
En octubre de 2017, la fiscalía advirtió en una disposición que sabía que Manafort tenía tres pasaportes en vigor, que en la pasada década tuvo 10 pasaportes diferentes y que uno de ellos lo empleó para viajar a España, tras haber visitado Dubái, Cancún, Panamá, Cuba, Shanghái, Japón y las islas Caimán. En agosto de 2016, Trump despidió a Manafort como jefe de campaña después de que medios norteamericanos revelaran que había trabajado para oligarcas ucranianos prorrusos, algo que no declaró y por lo que ha sido en parte condenado.
Hace un año, el fiscal Mueller reveló que Manafort, que como lobista y estratega había viajado abundantemente al sur de Europa antes de unirse a la campaña de Trump, había diseñado en 2012 una ofensiva para contener en la UE el giro prorruso de Yanukóvich en Ucrania. Según el fiscal Mueller, Manafort creó un consejo de expertos que bautizó como «Grupo Habsburgo […] que parecía prestar sólo una opinión independiente sobre las políticas de Ucrania pero que en realidad estaban bajo sueldo de Ucrania».
En ese grupo, Paul Manafort incluyó a Javier Solana. El equipo de lobistas de Manafort definió a Solana en un correo como «ex jefe de la OTAN, portavoz de exteriores de la UE y un hombre respetado en cualquier momento en Europa, es amigo de [Alfred] Gusenbauer». Este último es un veterano socialista austríaco que lideraba aquel grupo auspiciado por Manafort y que en 2012 recibió dos millones de euros por espacio de seis meses para «gastos de viaje, administración y anticipo de horarios para todas las personalidades destacadas».
La investigación de Mueller demuestra que en marzo de 2016, cuando su elección se volvía una realidad en las primarias, Trump fichó como jefe de campaña a un estratega que había maniobrado para defender en Europa, incluida España, los intereses de Rusia. Misteriosamente, por aquel entonces, según cree Mueller, Manafort le entregó en Madrid al ucraniano Kilimnik, cercano a la inteligencia rusa, datos sobre la campaña de Trump, perfiles de votantes y sondeos de seguimiento.
La colaboración de las autoridades de EE.UU. y España es mucho mayor de lo que parece en este caso. El fiscal José Grida, que investiga en España la actividad de las mafias rusas, ha puesto en manos del FBI -y por tanto del fiscal Mueller- la transcripción de conversaciones entre Alexander Torshin, un político y banquero ruso cercano a Vladimir Putin, y Alexander Romanov, un criminal condenado por lavado de dinero. «Esas grabaciones fueron entregadas al FBI», confirmó Grida en una conferencia en Washington en mayo. «El hijo de Donald Trump tiene motivos para preocuparse».
«Conexión Butina»
De hecho, Donald Trump junior se llegó a ver con Torshin en mayo de 2016 durante una reunión de la Asociación Nacional del Rifle en Kentucky. Todo apunta a que el fiscal Grida le entregó al FBI un resumen de aquella conversación, rememorado después por el propio Torshin. Con Torshin, por cierto, estaba en Kentucky Maria Butina, una agente rusa que se ha declarado culpable de espionaje y que se enfrenta a una condena máxima de cinco años.
Las pruebas que busca de coordinación entre la campaña de Donald Trump y Rusia las puede haber encontrado el fiscal Mueller en España y gracias a la colaboración de un fiscal español.
