Lamentablemente, las negociaciones de paz entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Iván Duque se encuentren paralizadas, cuando lo lógico es que hubieran avanzado aprovechando las enseñanzas de los acuerdos de paz alcanzados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Pareciera como si la violencia fuera el estado natural de un país que la padece desde que en la primera mitad del siglo XX estallase la guerra entre liberales y conservadores. El jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, entró en sus filas cuando tenía 14 años.

Las inercias negociadoras arduamente construidas en La Habana a partir de 2011 se han detenido desde que Duque asumió la presidencia de Colombia en agosto. El nuevo mandatario aduce que no procede retomar las negociaciones mientras la guerrilla no libere a todos los secuestrados, salga de los territorios fronterizos con Venezuela y deje de reclutar menores.

Las causas reales de la interrupción no parecen claramente objetivables. Las conversaciones debían haberse reanudado después de la tregua navideña decidida unilateralmente por la guerrilla a finales de diciembre, que concluyó el pasado día 3. La situación se complica porque además del ELN, los grupos alzados en armas incluyen al Ejército Popular de Liberación y un grupúsculo de las FARC descolgado de los acuerdos de paz de 2016, que chocan con el Ejército, secuestran, matan y extorsionan en la región de Catatumbo. Desde hace años, el ELN, nacido en 1964 e inspirado en la revolución cubana, envileció sus objetivos. Cuenta con unos 2.000 milicianos.

Lejos de crearse condiciones para retomar el entendimiento, los contendientes se enzarzan y acusan. Los países garantes del proceso —Brasil, Chile, Noruega, Venezuela y Cuba, así como Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Suiza como grupo de apoyo— debieran movilizarse para recuperar el formato de La Habana, que incluye la promoción de un diálogo nacional sobre las condiciones de vida que generan la violencia.

El enfoque del nuevo Gobierno conservador viene determinado por el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, mentor de Duque y muy crítico con las concesiones de Santos a las FARC. Siempre defendió abordar el proceso desde el sometimiento militar de una guerrilla que apenas cuenta con respaldo social, pero con capacidad desestabilizadora importante.

La victoria castrense fue imposible durante decenios, y nada permite suponer que sea factible a corto plazo contra el ELN. Volver a la mesa de negociación se presenta como la opción más razonable. Pese a sus carencias e incumplimientos, los acuerdos con las FARC constituyen la referencia a seguir por los líderes de Colombia, cuya convalecencia será larga, generacional. Duque puede optar entre acometer la solución negociada del conflicto o seguir porfiando a tiros cuatro años más.