En 2017, Juan Orlando Hernández logró una controvertida reelección en Honduras. Su estilo autoritario, mezclado con corrupción y una política de austeridad, ha sumido al país en una crisis.
La crisis comenzó con dos decretos sobre la política de educación y
de salud en abril. Desde entonces, una avalancha de protestas está
arrinconando cada vez más al presidente Juan Orlando Hernández. Según
los analistas, las perspectivas de que se estabilice la situación en el
país centroamericano son sombrías. "No hay luz al final del túnel",
escribe Juan Ramón Martínez en el periódico hondureño La Tribuna.
"Incluso si se logra pacificar a los maestros y médicos en huelga,
surgen nuevos grupos con nuevas demandas". El escritor democristiano
está preocupado por la insatisfacción dentro de la Policía y las
críticas del conservador Partido Nacional de Hernández. Gerardo
Martínez, vicepresidente de la Asociación Libertad y Democracia, ve otro
problema en el estilo de gobierno autoritario de Hernández. Impone sus
planes sin diplomacia y no siempre en armonía con la legalidad y la
democracia.
La Conferencia Episcopal se sumó recientemente a esta
crítica: "Si cada problema deriva en conflictos como el que ahora
estamos viviendo, acerca de los sistemas de salud y de educación, y si
cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia, las consecuencias
pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar",
advirtieron los obispos en un comunicado inusualmente contundente.
Martínez ve el único apoyo para Hernández en el hecho de que tanto
los militares como el gobierno de Estados Unidos apoyan al jefe de
Estado.
El viernes (21.06.2019), Hernández recibió
demostrativamente a soldados de la marina estadounidenses en la base
aérea de Palmerola, en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que deben
ayudar a combatir a las pandillas de narcotraficantes. En esa ocasión,
Hernández anunció la movilización de las fuerzas de seguridad en todo el
país para detener el vandalismo y derribar los bloqueos en las
carreteras.
Duros recortes sociales
Las
protestas se desencadenaron por los decretos PCM 26 y 27 para los
ministros de Educación y de Salud. A los dos se les dio mano libre para
la reestructuración de sus sectores, que los funcionarios públicos
consideraron como una carta blanca para recortes brutales, despidos por
motivos políticos y privatizaciones. A sus protestas se unieron
campesinos, taxistas y camioneros, cada uno con sus propias
reivindicaciones, y hace unos días algunos sectores de la policía,
incluidas las tropas de élite, que exigían uniformes, dinero de la
gasolina y vacaciones, todo lo que les correspondía de todos modos. La
consecuencia fueron protestas en las calles, barricadas, policía
enmascarada, incendios ante la embajada de EE.UU.
Sin embargo, el trasfondo de la crisis se remonta a mucho más
tiempo atrás. El opositor de Hernández es el político de izquierda
Manuel Zelaya, quien fue destituido como presidente en 2009 por
empresarios, militares y políticos del Partido Nacional y que desde
entonces ha buscado la revancha. Desde entonces, el Partido Nacional
gobernó el país, primero con Porfirio Lobo y luego con Hernández, quien
está en el poder desde 2014. Los círculos conservadores ven en Zelaya un
comunista y hacen todo lo que pueden para evitar su retorno al poder.
"Esta es la dicotomía en la que se encuentra el país", dice Martínez.
Hernández fue reelegido en 2017. Según los observadores, las elecciones,
las votaciones y el escrutinio fueron dudosos. Empezando por la
prohibición de reelección plasmada en la Constitución, que Hernández
había violado comprando votos en el Congreso y controlando a la
Justicia.
EE.UU. apoya a Hernández
"Mientras
EE.UU. y los militares lo apoyen, el cambio no está a la vista", cree
el periodista Noé Leyva. Para EE.UU. es un aliado fiel. Hernández, cuyo
hermano se encuentra acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, dio
carta blanca al ejército y a las autoridades antidrogas
estadounidenses. Tampoco se opone a la dura acción de Estados Unidos
contra los migrantes, muchos de ellos de Honduras. Desde la perspectiva
del Gobierno de Estados Unidos, Hernández no sólo es un político
confiable, sino también un político exitoso que sigue un curso
neoliberal y favorable a los negocios. Bajo su liderazgo, la economía
creció un promedio del 3,5 por ciento anual, reduciendo el déficit
presupuestario del 7,9 al 1,2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Gracias a las altas inversiones en seguridad, la tasa de homicidios se
redujo de 87 por cada 100.000 habitantes en 2011, a 44.
Para la
población, sin embargo, poco ha cambiado. Más de la mitad de los
hondureños no tienen empleo; cerca del 60 por ciento son pobres. Los
vendedores ambulantes critican los altos precios de electricidad y
transporte y el dinero de protección, que tienen que pagar a las
pandillas juveniles. La corrupción y la impunidad socavan las
instituciones. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
(CELAG) habla de una "economía que crece y empobrece".
La
Conferencia Episcopal ve al país en una encrucijada: "Una Constitución
violada cuantas veces convenga, unos poderes que no son para nada
independientes, un Congreso que se ha convertido en un teatro de pésimos
actores, dándole la espalda al pueblo. ¡Basta ya!", resume el
comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras.
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