Decía Edward Gibbon, en su “Declive y caída del Imperio Romano”, que “la corrupción es el más inequívoco signo de la libertad constitucional”. Es indudable que el conocimiento público del latrocinio organizado desde el poder sólo es posible en sistemas democráticamente avanzados. El Estado de derecho tiene mecanismos que hacen posible el descubrimiento y persecución de los corruptos. Uno de ellos, quizás el más importante es la LIBERTAD  DE INFORMAR, y sólo hay un supuesto en el que ese instrumento pierde su función cauterizadora para convertirse en un repugnante método de deslegitimación democrática: cuando se utiliza para el desgaste político fomentando la falsa imagen de una corrupción galopante y generalizada. Así ha ocurrido en el pasado reciente y así puede ocurrir cuando la clase política vuelve a anteponer sus intereses particulares a los de la ciudadanía.

La corrupción es una inclinación perversa, pero también natural, que desgraciadamente algo siempre sobrevivirá a quienes la combaten y también a los que la practican. Desde esa perspectiva realista, lo que los ciudadanos deben pedir a los poderes públicos es que se intensifique su persecución, y no, que minimicen sistemáticamente su existencia, cuando se conoce de muchísimos casos, y muchos de los ciudadanos tienen  certeza de su ocurrencia.

Algunos “nuevos”  políticos, suelen ver como que es factible la corrupción funcional –tanto a título personal como a nivel de partido-, y hablan de una corrupción estructural, a la que dicen que van a poner fin, que ya se padecía antes de llegar ellos al Gobierno de la nación. Un viejo y poderoso militante del PRI de México, siempre hacía el mismo comentario a los miembros de su partido  que accedían a algún cargo público:…” ¿Político pobre?, ¡pobre político!”… Por eso es que no faltan ni en México ni en ningún otro sitio de este mundo, quienes aprovechan su acceso primerizo al poder para enriquecerse brutalmente. En los partidos políticos, por más declamaciones que se escuchen, subsiste un sector, podemos llamar de “infiltrados”, que siempre ha estado en política con el fin prioritario de defender sus propios intereses, por encima de los de su propio partido. Para éstos, la defensa del interés general es un principio de índole menor, salvo cuando se utiliza como coartada para llenarse los bolsillos por medio de contratos o servicios adjudicados en atención al bien común… pero de ellos y de sus amigos.

En todo caso, ha de tener cuidado la oposición a la hora de rentabilizar las corruptelas ajenas menores, porque puede ser éste el factor que impida el necesario entendimiento entre fuerzas políticas para afrontar con seriedad este grave problema.

La prudencia debiera ser la principal fuente de inspiración de todas las iniciativas políticas que se tomen en relación a este tema, y la calidad de quienes las lleven adelante. Se debe tener en cuenta la responsabilidad pública que ellos tienen, para que se den cuenta de la gravedad de utilizar los fondos públicos para favorecer a los amigos, por muy legal que haya sido el armado de la “subvención”. Políticos de calidad, entienden el problema, mediocres, no. No hay peor corrupción que la que elimina legalizando su práctica a través de algunos mecanismos de compra de bienes y servicios por parte del Estado. Por ello, la LIBERTAD DE INFORMAR es esencial, para comenzar a eliminar dichas prácticas. En casi todos los países de la región, algo se ha hecho, pero no lo suficiente, con las herramientas que hoy se poseen.