Cuanto más se intensifica la violencia estatal en Venezuela, más impotentes se sienten los civiles que no abogan por una intervención militar. El informe de Bachelet sobre DD.HH. es recibido con pocas esperanzas.
"El exilio es un acto doloroso porque el emigrante
puede regresar, algo que no puede hacer el exiliado”, dice a DW Tulio
Hernández, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, exiliado en
Colombia tras una amenaza de cárcel proferida por Nicolás Maduro en cadena
televisiva por críticas a su Gobierno. "Como exiliado no puedo volver a
Venezuela ni a asistir a los familiares y amigos enfermos ni a los entierros de
quienes se suicidan, porque la crisis les ha hecho perder la razón”, confiesa
Hernández, columnista del diario El Nacional.
Según Roberto Briceño, director del Observatorio
Venezolano de la Violencia (OVV), en las últimas dos décadas han sido
registradas 330.000 muertes violentas. De acuerdo al mismo OVV, "el
suicidio se cuadruplicó en los últimos 15 años convirtiéndose en un fenómeno social”,
pasando a una media de 8 a 19 personas por cada 100 mil habitantes.
Rufo Chacón, otro joven que pierde Venezuela
La desesperación y la impaciencia crecen en Venezuela. Y
la imagen del joven ensangrentado Rufo Chacón, de 16 años, promete convertirse
en otro ícono de la violencia de venezolanos contra venezolanos. Mientras el 1
de julio, en Táriba, a 10 minutos de San Cristóbal, Rufo Chacón pedía a las
autoridades restablecer el servicio de gas, recibió de agentes de la policía un
disparo con perdigones de goma que lo dejaron ciego.
En el informe sobre su visita a Venezuela, la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, señala que "pude conocer directamente los relatos de
quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de
justicia”. Según dicho informe, "el Gobierno se comprometió a solucionar
algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el
acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de
reclusión”.
Justamente, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) urgió este 3 de julio al gobierno venezolano a "investigar,
juzgar y sancionar" a los responsables de la muerte del militar detenido
Rafael Acosta Arévalo. Este capitán de corveta murió el 29 de junio bajo
custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM), tras
haber sido arrestado acusado de conspirar contra Maduro. La CIDH, órgano de la
Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su "alarma y preocupación
por probables actos de tortura".
El calvario de una juez que dictó justicia
Sobre todo los presos políticos son víctima de grandes
abusos de poder, relata Tulio Hernández: "Desde pasar años sin recibir una
sentencia hasta la tortura psíquica y física, como en el caso de la exjueza
María Afiuni, que por haber dejado en libertad a un contradictor de Hugo Chávez
en 2009, fue metida a la cárcel y ha vivido hasta hoy un calvario de
violaciones, abortos, cuchilladas y rociadas con gasolina”.
El informe de Bachelet detalla, por otro lado, la
paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última
década y el consecuente aumento de la violencia contra civiles y militares
disidentes. "Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la
responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos
del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada
durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza
durante las manifestaciones”, reza el informe.
Las FAES y los colectivos, el terror de los pobres
Pero, según Tulio Hernández, que trabaja con el
Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, "el
mayor terror lo causan las FAES (Fuerzas de Acción Especial de la Policía
Nacional Bolivariana) que operan junto con los ‘colectivos'”. Las FAES,
tildadas como "el escuadrón de la muerte del chavismo” son acusadas de
cientos de detenciones y ejecuciones arbitrarias.
Ante este panorama de degradación social en Venezuela,
Tulio Hernández, de "Ávila-Monserrate" (un grupo de reflexión de
emigrantes venezolanos), saluda que el Grupo de Lima haya invitado a más de
cien países a una conferencia sobre Venezuela el 6 de agosto, pero reconoce que
son pocos los venezolanos que creen algo vaya a salir de ahí. Concluye que
"esta es una dura realidad, sobre todo para los venezolanos que en la
desesperación no abogamos por una intervención militar de nadie”. Tampoco
esperan mucho del informe de Bachelet.
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