Un nuevo estudio que ofrece un análisis detallado de la industria maderera en Perú pone al descubierto los alarmantes grados de ilegalidad que han contaminado la cadena de suministro maderero del país y la constante evolución de las redes de tráfico.
En
el informe, “Autorizado
para robar: redes del crimen organizado blanquean madera ilegal de la
Amazonía peruana”, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional
(CIEL) analiza 1.024 guías de transporte forestal (GTF). Estos
documentos acompañan los cargamentos de madera como señal de legalidad,
pero con frecuencia se negocian en el mercado negro para blanquear
madera producto de la tala ilegal.
Las GTF, que cubren un periodo de tres meses en 2017, registran el
paso de madera desde los departamentos de Loreto, Ucayali, Huanaco y San
Martín, en el noreste del país, por un punto de control en la vía a
Lima.
La mayoría de los cargamentos de madera que representan los
documentos fueron avalados por los Planes de Manejo Forestal, que
detallan dónde pueden trabajar los aserradores y qué ejemplares pueden
beneficiar. De los que cuentan con planes, el 44 por ciento fueron
inspeccionados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR),
ente del gobierno encargado de supervisar la industria maderera. El 58
por ciento de los cargamentos inspeccionados aparecieron en la “lista
roja” de OSINFOR, que identifica operaciones de tala con alto riesgo de
ilegalidad.
El OSINFOR inspecciona las operaciones madereras en concesiones
forestales, comunidades indígenas, terrenos particulares y “bosques
locales” —un marco que otorga permisos limitados de explotación a las
comunidades locales en zonas selváticas. Los datos de las GTF muestran
patrones claros sobre cuáles de esos son más atractivos para los
traficantes de madera. Las inspecciones de cargamentos procedentes de
bosques locales hallaron que el 98 por ciento tenían origen en
operaciones de la lista roja de OSINFOR, mientras que el 94 por ciento
de la madera inspeccionada de terrenos privados y el 76 por ciento de
comunidades indígenas también venía de operaciones que aparecían en la
lista roja. En contraste, solo el 6 por ciento de los cargamentos de
concesiones forestales se encontraba en la lista roja.
Del 56 por ciento restante de los cargamentos que OSINFOR no
inspeccionó, es imposible decir qué porcentaje puede ser ilegal. El 8
por ciento de ellos provenían de plantaciones forestales sobre las que
el OSINFOR no tiene jurisdicción. El 48 por ciento restante o no fueron
inspeccionados por OSINFOR o no se declararon para la supervisión del
OSINFOR, o la GTF no incluía el número de resolución del Plan de Manejo
Forestal, sin el cual es imposible rastrear si la operación se ha
inspeccionado o no.
Análisis de InSight Crime
El tráfico de madera en Perú está en manos de una variedad de actores criminales, desde traficantes individuales hasta grandes redes sofisticadas, y es facilitado por funcionarios públicos abiertamente corruptos.
El informe de CIEL identifica y nombra a varios funcionarios
forestales, cuya firma aparece de manera consistente en planes
falsificación, sin que se hayan visto repercusiones.
Lo que deja en claro el informe es cuánta parte de la industria han captado estos actores criminales.
El análisis del CIEL solo pudo identificar alrededor de un 25 por
ciento de los cargamentos de madera examinados, como con alta
probabilidad de haberse beneficiado de fuentes ilegales, pero al mismo
tiempo solo pudo identificar un 18 por ciento con muchas probabilidades
de ser legal. Al resaltar cómo la mayoría de los cargamentos pasan sin
inspección, el informe llama la atención sobre la manipulación del
papeleo, las zonas grises y vacíos jurídicos que los traficantes de
madera aprovechan.
Además de esto, hay también una parte importante del sector que opera
completamente por fuera de este marco, con la venta de madera
directamente en los mercados locales o contrabandeada en la frontera a
países vecinos de Perú.
Teniendo en cuenta estas secciones de la industria, los expertos
consultados por InSight Crime creen que los índices reales de ilegalidad
en la explotación maderera en Perú podrían llegar al 80 por ciento, lo
que representa cientos de millones de dólares para las redes de tráfico
de madera.
El análisis de los índices de ilegalidad en los diferentes tipos de
zonas de explotación que muestra el informe también ilustra cómo ha
evolucionado el tráfico para eludir la atención de OSINFOR.
Inicialmente, las inspecciones del OSINFOR se concentraron en las
concesiones forestales, lo que desencadenó un auge de la ilegalidad en
comunidades nativas, con la búsqueda de alternativas por parte de los
traficantes. Cuando el OSINFOR comenzó a dirigir su atención a estas
comunidades, hubo un incremento en el uso de los bosques locales. Con
los traficantes decididos a mantenerse un paso adelante, ya hay
evidencia de que su próximo blanco pueden ser las plantaciones
forestales, que están fuera de la jurisdicción del OSINFOR.
Sin embargo, para uno de los autores del informe, y exdirector del
OSINFOR, Rolando Navarro, el aspecto más perjudicial del informe del
CIEL es que hay pocos indicios de que la ley forestal de 2015 en Perú,
que introdujo una serie de nuevas regulaciones y sanciones concebidas
para frenar el tráfico de madera, haya tenido un impacto visible en la
criminalidad en la cadena de suministro.
“Este informe constituye la evidencia de que nada cambió con la nueva
ley forestal”, concluyó Navarro en intercambio con InSight Crime. “Los
mismos actores siguen operando con impunidad, usando los mismos esquemas
y el mismo modus operandi del pasado”.