La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, ordenó la prisión preventiva de Rafael Correa y otros exfuncionarios implicados en un caso de sobornos de varias empresas.
Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador entre 2007 y
2017, no habría imaginado que dos mujeres de su círculo más cercano, su asesora
Pamela Martínez y la asistente de esta, Laura Terán, entregarían a la justicia
elementos de convicción suficientes para que la jueza Daniella Camacho ordenara
prisión preventiva en su contra, acogiendo el pedio de la fiscal general del
Estado, Diana Salazar.
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de
Justicia, ordenó la prisión preventiva de Rafael Correa y otros exfuncionarios
implicados en un caso de sobornos de varias empresas, nacionales y extranjeras,
a cambio de obras públicas. Los imputados están siendo investigados por los
delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, delito este
último imprescriptible.
La trama salió a la luz por una investigación
periodística denominada «Caso arroz verde», que dio cuenta de aportes a las
campañas políticas del movimiento político Alianza País, liderado por Correa,
que habrían exigido dinero a las empresas para adjudicarlas obras públicas, la
mayoría de las cuales tienen enormes sobrecostes. Además de Correa y del ex
vicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión por asociación ilícita en la
trama de corrupción de Odebrecht), están involucrados exministros como Vinicio
Alvarado, Walter Soliz y una decena más de exaltos cargos del correísmo. La
Fiscalía denomina al caso «Sobornos 2012-2016». La jueza Camacho también ha
ordenado que se retengan las cuentas bancarias de los imputados y se les
prohíba vender sus bienes que tengan un valor de un millón de dólares. El
abogado de Correa, Fausto Jarrín, anticipó que apelará el fallo.
Correa se defiende en los medios rusos
Rafael Correa, que usa medios rusos como Spunik y RT para
dar su punto de vista, considera la orden de prisión en su contra es «una
persecución política». Dice que le persiguen «como lo hacen con Lula», en
Brasil. Pero para el penalista Pablo Encalada la orden de prisión es
«adecuada».
Se trata de la segunda orden de prisión para Correa,
quien reside en Bélgica, país de origen de su esposa. La anterior ocasión fue
por el caso del secuestro de un exlegislador y exaliado suyo, Fernando Balda,
pero la Interpol desestimó el caso.
Una libreta en la chimenea
Tras la denuncia de los portales Mil Hojas y La Fuente,
que destaparon el caso «Arroz verde», la exasesora de Rafael Correa, Pamela
Martínez, quien por la influencia del presidente llegó a ser magistrada de la
Corte Constitucional (CC), fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil cuando
intentaba viajar a México tras llegar de otro vuelo internacional. Días después
se detuvo a su exasistente Laura Terán; las dos habían trabajado en el Palacio
de Gobierno y luego en la CC.
Una libreta con anotaciones hallada en la chimenea de un
departamento de Martínez resultó clave. Allí se descubrió los códigos que
habrían usaban para recibir los sobornos. El de Correa era SP (señor
presidente); el de Jorge Glas SVP (señor vice presidente); ministros y otros
funcionarios tenían su propia identificación secreta. Después, una pericia
dispuesta por la justicia se descubrieron correos electrónicos y un archivo de
Excel en los ordenadores de Laura Terán. Recuperaron más de 60. 000 documentos
en los que estaban los datos de las empresas, el registro de contribuyentes y
los teléfonos de contacto. Se menciona que las empresas contratistas entregaban
el dinero en efectivo o por cruce de facturas para pagar los gastos de Alianza
País y hasta las fiestas de cumpleaños de los funcionarios. Para la fiscal
general Diana Salazar todo esto se trata de una estructura ilícita liderada por
Rafael Correa, cuya ex asesora Pamela Martínez y su exasistente Laura Terán
colaboran con la justicia a cambio de rebajas en las penas que recibirán.
***Thalía Flores, Corresponsal en Quito