El Memorándum del presidente Trump del 8 de agosto para meter a México como país de narcotráfico no debe ser leído como parte de su ofensiva electoral personal contra su vecino del sur.
En mayo de 2016, antes de
dejar la Casa Blanca, el presidente Barack Obama aprobó la Estrategia Nacional
Antinarcóticos en la Frontera Suroeste (California y Arizona) para señalar que
esa zona tenía actividades que representaban una amenaza para la seguridad
nacional de los EE. UU.
La acusación de Obama fue muy directa: la frontera
suroeste mexicana era la principal puerta de entrada de la droga a los EE. UU.
y las organizaciones criminales transnacionales –caracterización oficial que le
dio Washington a los cárteles del crimen organizado mexicanos– “operan
primeramente del lado mexicano de la frontera”.
En este contexto, el Memorándum de Trump debe tener una
lectura estratégica en el escenario del endurecimiento estadunidense para el
control de sus fronteras. Trump ha emitido cuando menos tres directivas
concretas: la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, la
Evaluación de Amenazas Mundiales realizada por la Comunidad de Inteligencia de
los EE. UU. de febrero de 2018 y la Estrategia de Defensa Ncional de 2018.
En estos documentos se señala con claridad que el control
de las fronteras estadunidenses –y de manera especial la que tiene con México–
es un tema central de la seguridad nacional. La razón se encuentra en que el
Estado estadunidense no es un Estado moral con la obligación de recibir a
perseguidos y pobres del mundo, sino que es un Estado capitalista depredador,
concentrador de la riqueza, imperial y saqueador de riquezas nacionales de
otras naciones. Lo paradójico reside en el hecho de que todos los pobres y
perseguidos que llegan como migrantes a pedir visas y asilo en los EE. UU.
provienen de naciones con crisis provocadas por el Estado imperial y
capitalista estadunidense.
En este sentido, puede ser que las directivas que afectan
a México tengan que ver con su campaña electoral, pero en mayor medida han sido
producto de las presiones de la comunidad de los servicios de inteligencia y
seguridad nacional civiles y militares porque la frontera con México perdió su
sentido con el cruce de decenas de miles de personas sin control migratorio. El
muro puede ofender a las conciencias morales, pero debe leerse estratégicamente
como una forma de separar las dos fronteras y obligar a los solicitantes de
visas y asilos a usar los canales fronterizos oficiales y no sólo cruzar
corriendo la línea.
El Memorándum de agosto tiene el antecedente del Decreto
Ejecutivo Presidencial del 9 de febrero de 2017 sobre el cumplimiento de la Ley
Federal contra las Organizaciones Criminales Transnacionales —cárteles
mexicanos– y Contra el Tráfico Internacional de Drogas. Esta directiva señaló
con precisión a los cárteles mexicanos como los responsables de la crisis de
control fronterizo y ordenó reforzar la aplicación de la ley federal contra
esas organizaciones trasnacionales.
De ahí que el Memorándum del 8 de agosto pasado sea un
reforzamiento de la directiva de febrero de 2017 y de hecho represente un
castigo a México por no cumplir con su tarea de controlar su frontera norte a
lo largo de los dos y medio años. En lugar de reforzar la vigilancia
fronteriza, México relajó las reglas, alentó el cruce de decenas de miles de
centroamericanos y reventó los controles fronterizos estadunidenses.
El indicio quedó asentado en la evaluación de la
seguridad nacional de febrero de 2018 cuando la comunidad de inteligencia estadunidense
–16 agencias bajo el mando central del director de Inteligencia Nacional–
colocó a “los grupos y redes de delincuencia organizada trasnacional” como una
“serie y creciente amenaza para la seguridad y la salud de los estadunidenses”.
Y estos grupos criminales no sólo trabajan en tráfico de drogas y personas,
sino que son responsables de trata de personas, delitos cibernéticos y riqueza
valorada por la ONU en alrededor de 2 billones de dólares.
De ahí que la respuesta mexicana no deba ser el nacionalismo
de la bandera ni el salirse del clinch personal entre presidentes, sino
construir una nueva doctrina de seguridad nacional y crear una oficina para las
relaciones bilaterales de seguridad nacional. Las presiones de Trump han sido
generadas por oficinas de seguridad nacional militar estadunidenses que quieren
meterse a México a proteger la seguridad nacional de los EE. UU.
Ivonne, la despistada. La yucateca Ivonne Ortega Pacheco
renunció al PRI con una declaración de antología del cinismo: “vivimos una de
las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país”. ¿Vida
democrática del PRI? La jornada más vergonzosa fue cuando Peña Nieto impuso la
candidatura del no-priísta José Antonio Meade Kuribreña con el aval de priístas
como Ortega. Y, por cierto, el aliado de Ortega, Ulises Ruiz Ortiz se quedó en
el PRI.
*Política para dummies: La política es el juego de
estrategias, no de éticas.
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@carlosramirezh