Algunas horas después de que el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo declaró contundente que “Michoacán está pacífico y no existe una guerra”, grupos armados locales repelieron a fuerzas armadas y asesinaron al coronel Víctor Manuel Maldonado Celis en un choque propio de una guerra.
La muerte de un coronel el sábado 24 no debe pasar
desapercibida, aunque sólo dos de los 17 principales diarios de la capital de
la república registraron el lunes el hecho en su primera plana; para los quince
restantes el suceso desmereció valor y por tanto no habrá análisis estratégicos
sobre lo que está ocurriendo en la república: la toma de control de espacios
territoriales de la soberanía del Estado nacional por parte de grupos armados
que impiden la aplicación de la ley.
La violencia criminal ha encontrado en estos siete meses
de gobierno lopezobradorista un espacio de acción sin precedentes por los tres
perfiles de la nuestra estrategia de seguridad de la administración: cesar
persecuciones de capos, negociar con grupos criminales para su rendición y
preparación del Consejo para la Construcción de la Paz.
La respuesta de las organizaciones criminales ha sido en
estos siete meses aumentar sus actividades delictivas, sólo que con una
definición de acciones: los cárteles que se dedican al tráfico de drogas han
incrementado su guerra contra otros cárteles, con mínimos daños colaterales
civiles; en cambio, los grupos armados que han tomado el control de espacios
territoriales de hecho gobiernan para sus intereses, sin que haya presencia del
Estado; y los delincuentes al menudeo tiene una fiesta ante la incapacidad de
las policías estatales y municipales.
Las fuerzas armadas entraron en apoyo a acciones de
seguridad pública en tanto que se trataba de delitos de seguridad interior --es
decir, contra el Estado y no contra las personas--, pero en este gobierno han
recibido la orden de no contestar; el mismo sábado, en otra población de
Michoacán, pobladores de Los Reyes, atacaron con palos a soldados que
realizaban labores de reconocimiento; y en otras poblaciones aledañas de
Michoacán, Oaxaca y Guerrero, personas presuntamente controladas por grupos
criminales también han atacado a las fuerzas de seguridad.
El problema radica en que las fuerzas de seguridad tienen
armas y facultades para repeler ataques y agresiones de delincuentes y
pobladores, pero con instrucciones precisas de no responder a las embestidas
agresivas en su contra. Para instancias del gobierno se trata de provocaciones
que buscan respuestas armadas de las fuerzas de seguridad para escalar
conflictos.
Sin embargo, la orden de no responder a provocaciones
carece de instrumentos legales, sociales y políticos para poner orden de Estado
en zonas amplias en poder de grupos armados; en este sentido, algunos analistas
consideran que la presencia de seguridad armada con orden de no usar armas en
zonas de guerra criminal es una provocación al choque sin posibilidad de
respuesta institucional. En los doce años de participación de fuerzas armadas
en apoyo a seguridad pública han muerto 600 militares y marinos.
La mera presencia de fuerzas de seguridad sin
autorizaciones para responder a agresiones --a excepción de ataques graves-- es
la única apariencia pública en territorios del Estado nacional expropiados por
grupos armados y criminales. La negociación secreta de la Secretaría de
Gobernación con grupos armados --presuntamente autodefensas, aunque con
vinculaciones con el crimen organizado-- se entiende ahora como parte
adelantada de la pacificación por la vía de los acuerdos de paz.
Las fuerzas armadas están siendo desgastadas con su
participación en una estrategia de negociación con grupos criminales; por tanto
y para evitar efectos nocivos en la moral de las tropas, militares y marinos
debieran ser replegados a cuarteles de zonas calientes de delincuencia
organizada, pero lejos de confrontaciones o ataques para proteger su simbolismo
castrense. La Guardia Nacional, la aún Policía Federal y las policías estatales
y municipales debieran ser las que patrullen y corran con los costos de una
estrategia no armada que sólo está engallando a grupos criminales y sus
correlativos grupos de pobladores beneficiarios de la criminalidad.
Las fuerzas armadas han perdido imagen en sus apoyos a la
seguridad pública. Pero el asunto se complica cuando son utilizadas como
parapeto de intimidación sin poder usar su capacidad de fuego de respuesta. Y
se agrava cuando las coordinaciones de seguridad no han podido articular una
estrategia coherente para negociar la paz. En este escenario, el país quedó en
el peor de los mundos; un aparato de seguridad reformado y más profesional,
pero sin ordenes de participación a la espera de la rendición de los
delincuentes.
Y queda Michoacán como el estado sin ley, sin dirección
política y sin capacidad de seguridad, el estado donde comenzó la guerra el
presidente Calderón el 11 de diciembre del 2006 y donde casi catorce años
después la inseguridad está peor.
***Política para dummies: La política es el ejercicio del
poder para mantener el poder.